El Ejido La Pila y los intentos por “expropiar” parte de su territorio

Por Victoriano Martínez

El 19 de diciembre de 2022, el comisariado ejidal de La Pila comenzó a repartir entre los 520 ejidatarios cheques a razón de 60 mil pesos por cada uno de ellos que correspondía a la parte proporcional que les correspondía por la “expropiación” de 30.26 hectáreas para la construcción de un libramiento carretero que cruzaría el Ejido.

El día anterior, en una asamblea, la autoridad ejidal acompañada de asesores jurídicos, aprobaron a mano alzada autorizar al comisariado para firmar el “convenio de ocupación previa por la expropiación que va a realizar la Secretaría de Comunicaciones y Transportes por un libramiento que va a pasar sobre zonas o tierras de uso común del Ejido”.

J. Guadalupe Martínez Rivera, comisariado ejidal, explicó a los participantes en la asamblea que de la indemnización por 39 millones 349 mil 254 pesos que recibirían por sus tierras 8 millones 149 mil 254 pesos se pagarían a los asesores legales y el resto se repartiría entre los 520 ejidatarios: 60 mil pesos para cada uno, a entregar 40 cheques por día.

En apariencia, todo bien, salvo que la asamblea no cumplió con las formalidades legales, además de la existencia de un juicio agrario que mantiene suspendida la posibilidad de realizar contratos como el que presuntamente avaló el pago para la liberación de un derecho de vía que atraviesa el Ejido.

Ejidatarios inconformes con la ocupación de sus tierras de uso común y algunas parcelas incluidas, entre ellas María del Carmen Gómez Silva, a quien se afectaría en su parcela, promovieron un amparo más sobre el que el Juzgado Primero de Distrito otorgó la suspensión de plano el 20 de diciembre de 2022, en el segundo día del reparto de cheques.

Desde el anuncio del pago “por la expropiación que va a realizar la Secretaría de Comunicaciones y Transportes” la entrega de cheques desde una cuenta a nombre del Comisariado Ejidal abrió dudas sobre el origen de los recursos.

Por la denominación de la secretaría mencionada, primero se descartó que se tratara de la SCT estatal y quedó claro que quien “expropiaría” sería la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones y Transportes (SICT) y, en consecuencia, la responsable del pago.

No obstante, como parte de las gestiones del juicio de amparo y a través de solicitudes de información por transparencia, se confirmó la inexistencia de trámites o documentación para la expropiación de tierras en el Ejido La Pila.

Un dato que no sólo descartaba como origen de los recursos que comenzaron a entregar a los ejidatarios el 19 de diciembre de 2022 a la SICT, que supuestamente estaba a cargo de la expropiación.

Una serie de inconsistencias en el proceso de ocupación de tierras ejidales para la construcción de la carretera que genera sospechas de actos de corrupción entre el grupo empresarial Mexicana de Técnicos en Autopistas (META), concesionario del libramiento, funcionarios de la SICT y el Comisariado Ejidal.

Esos son los antecedentes por los que este martes un grupo de ejidatarios estuvieron en la Ciudad de México para, entre otras demandas, pedir que se lleve a cabo una auditoría a fondos comunes respecto al pago efectuado para la ocupación previa de 30.26 hectáreas para la ampliación del Libramiento Oriente.

Una de tantas acciones en defensa de su territorio por parte de ese grupo de ejidatarios que hoy los tiene en la mira para, en otra asamblea irregular convocada para el domingo 14 de abril, sancionarlos con la pérdida de sus derechos como ejidatarios.

El Juzgado Sexto de Distrito abrió un incidente de violación de una suspensión de amparo por la convocatoria a esa asamblea, dado que desde el pasado 5 de marzo concedió una suspensión definitiva a María del Carmen Gómez Silva contra la posible suspensión de sus derechos ejidales y contra el contrato de ocupación.

Un capítulo más de los intentos por parte de grupos empresariales por despojar de parte de su territorio a los ejidatarios de La Pila, quienes acusan directamente al grupo META de promover la sanción para dejarlos sin sus derechos ejidales.

La Procuraduría Agraria Nacional, el Tribunal Superior Agrario y la SICT están avisados. Para este domingo se verá su primera reacción.

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