Por Victoriano Martínez
El intento por parte de representantes locales de la Secretaría del Bienestar y del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) para impedir el nombramiento de Cenorina Bernal Fernández, integrante del Consejo Nacional de Pueblos Indígenas (CNPI), como tesorera de un comité para la transferencia directa de recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) no resulta un caso aislado.
Se trata de una de los seis integrantes del CNPI que han denunciado malos manejos en el FAIS, además de promover la revocación del reciente nombramiento de Mario Godoy Ramos, hermano de la consejera jurídica, Ernestina Godoy Ramos, como representante del instituto en San Luis Potosí.
Dos acciones que, como contraparte del intento por impedir su incorporación al comité FAIS de San Pedro en el municipio de San Antonio, inscriben la acción en una maniobra para hacer a un lado a quien podría significarles una obstrucción sobre los malos manejos del Fondo, además de restar presencia a quien cuestiona el nombramiento de Godoy Ramos.
“Los gobiernos municipales y de las demarcaciones territoriales deberán priorizar la inversión en aquellas localidades con población indígena y afromexicana, considerando en todo momento su participación en la definición, planeación y seguimiento de las obras”, establece la fracción VI del apartado B del punto 2.7 de los Lineamientos del FAIS.
El hecho de que la asamblea comunitaria de San Pedro haya logrado imponerse y haya logrado el nombramiento de Cenorina Bernal Fernández como tesorera de su comité es una reivindicación de esa prioridad que tienen como comunidad indígena, además de que marca a los servidores de la nación de la Secretaría del Bienestar y los funcionarios del INPI su obligación para respetar sus determinaciones en la definición, planeación y seguimiento de las obras.
La comunidad indígena de San Pedro, en el municipio de San Antonio, es una de las 536 comunidades indígenas a las que se le asignaron recursos por parte del FAIS para que lo reciban directamente y lo apliquen en las obras que determine la comunidad.
No es de las comunidades que mayores recursos tiene adjudicados, apenas 378 mil 886 pesos, pero el nombramiento de Cenorina Bernal Fernández representa un acto no sólo de dignidad por parte de su comunidad, sino una advertencia a la posibilidad de que funcionarios locales de la Secretaría del Bienestar y del INPI entreguen incompleto el dinero.
Intentar deshacerse de una persona que los cuestiona en el caso de San Pedro indica de lo que pueden ser capaces de hacer para tener el control de los comités y con ello la determinación de la forma en que se asignan los recursos del FAIS para las obras, especialmente ante las denuncias de que hay políticos, servidores públicos y pequeños empresarios, que insisten en colocarse por encima de su derecho.
Un control con el que pueden usurpar la definición de las obras y, sobre todo, la asignación de su realización a determinadas empresas.
Entre las 536 comunidades indígenas con presupuesto directo asignado por parte del FAIS, las tres más atractivas son Tamapatz, en el municipio de Aquismón, con un presupuesto de 15 millones 142 mil 620 pesos; Santiago Centro, en Tamazunchale, con 13 millones 326 mil 123 pesos, y Santa María Acapulco, en el municipio de Santa Catarina, con 10 millones 615 mil 234 pesos.
El nombramiento de Cenorina Bernal Fernández como tesorera del comité de San Pedro además refuerza su representación en el Consejo Nacional de Pueblos Indígenas desde el que, junto con cinco compañeros, ha cuestionado el nombramiento del representante del INPI en el Estado.
Se cuestiona a Godoy Ramos por no cumplir el requisito de ser indígena de la región, además de tener el antecedente de que en 2018 se auto adscribió afromexicano, y ahora en 2025 se dice rarámuri.
Una vez más se trata de un caso en el que la defensa auténtica de los intereses comunitarios, en este caso de las comunidades indígenas, surge desde la representación que de ellas se da y tiene que confrontarse con quienes se ostentan como sus defensores desde cargos públicos, pero no están dispuestos a ser lo que ya les resulta difícil aparentar.
