Adriana Ochoa
En algún momento de su vida como académico en el Tec de Monterrey, Carlos Urzúa Macías, quien fuera el primer secretario de Hacienda en el gobierno de AMLO, propuso con insistencia que en cada entidad federativa se creara un Servicio de Administración Tributaria (SAT) local, a cargo del cobro no solamente de los impuestos y derechos estatales, sino también de los gravámenes de los municipios, siempre y cuando las alcaldías estuvieran de acuerdo y firmaran convenios de adhesión con los estados como ya se contempla en el 115 constitucional.
La propuesta de Urzúa era que cada SAT estatal se hiciera responsable del mantenimiento y resguardo de un registro catastral único para todo el estado. Creía que era la solución a la magra recaudación que los ayuntamientos tienen del predial, que no les alcanza ni para cubrir su gasto corriente.
Desde su perspectiva, seguir creando nuevos municipios no ayuda nada a que la precariedad recaudatoria sea menor. Hay municipios cuya existencia no es viable porque no tienen recursos ni para cumplir con sus obligaciones de servicios básicos.
El gobernador potosino Ricardo Gallardo Cardona, en un nuevo performance de política mamporrera, soltó a los medios su idea para solucionar de fondo las calles con baches: que su gobierno cobre el predial y haga la tarea pavimentadora y de servicios de los ayuntamientos.
La ocurrencia no sólo se queda en el catálogo de despropósitos administrativos de la administración estatal, es obviamente una propuesta inconstitucional: cobrar el impuesto predial es, por historia y ley, una potestad exclusiva de los municipios. Su génesis, su razón de ser, radica en la autonomía local. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su Artículo 115, es clarísima al respecto.
El impuesto inmobiliario básico es la salvaguarda de la hacienda municipal y fuente de sus recursos propios. Que el gobierno del estado se apropie del cobro del predial es una pretensión centralista que desdibuja el federalismo, un afán de control que asfixia lo local.
El gobernador no se fue sólo con su nuevo dislate. Lo secundó nada menos que el líder del poder que se supone hace contrapeso al Ejecutivo, el presidente de la junta de gobierno del Congreso del Estado, Héctor Serrano Cortés.
En rueda de medios, el diputado Serrano afirmó, con una ligereza pasmosa, que el cobro estatal de predial “se puede revisar”. La palabra “revisar” es un eufemismo. En su boca, significa adaptar la ley a la barbaridad jurídica que se le ocurrió al jefe del Ejecutivo.
Serrano Cortés es, por cierto, un destacado integrante de un grupo de foráneos identificado hasta por los propios colaboradores de Gallardo como “la legión extranjera”: encumbrados en puestos clave del gobierno estatal, sin raíces en San Luis Potosí. Su llegada al Congreso fue una maniobra política. Político golondrino, sus intereses son ajenos a las necesidades de los potosinos.
Para quedarse con el cobro del predial de todos los ayuntamientos, el gobierno potosino necesita promover una reforma constitucional federal. El predial financia servicios básicos: alumbrado público, recolección de basura, seguridad vecinal. La vida diaria de la gente. Si el estado lo toma, ¿qué quedará para los municipios? Una cáscara vacía, dependiente de la dádiva central.
Los municipios ya sufren una baja recaudación del predial. Hacienda intentó incentivar a los municipios que mejoraran su ingreso propio, pero no se avanzó mucho.
Aparte, el cobro de predial en México es muy bajo, insuficiente. Las legislaturas estatales regulan las tasas, establecen las bases: no dejan para mucho por razones políticas, muchas veces para mantener asfixiados a los municipios con la careta del “bien popular”.
En los condados (counties) de Estados Unidos, las tasas del impuesto anual a la propiedad (property tax) oscila entre 1% y 2% del valor del inmueble. En México, las tasas son del orden de milésimos, no centésimos.
Otra razón de baja recaudación es la calidad del registro catastral, donde muchas veces hay omisiones y donde casi siempre los valores catastrales están subestimados. Una más es la incapacidad administrativa y el dejar hacer a grandes propietarios que no pagan y se amparan eternamente.
El problema es complejo, pero atacar la esencia de los municipios no es la solución. Su autonomía es un límite claro que no debe ser rebasado. La propuesta del gobernador es un síntoma: revela una concepción del poder que no respeta los contrapesos.
Es la tentación de la acumulación, el deseo de concentrarlo todo. Una pulsión autoritaria que no augura nada bueno. Un abuso permanente, para ser precisos. La centralización del cobro abriría las puertas a la discrecionalidad sin límites.
Hay que decirlo, el gobierno gallardista ya engulló el Fideicomiso Público de Inversión y Administración para el Desarrollo Económico (Fideco) que se nutre del impuesto a la nómina. Gallardo sacó a los empresarios que reclamaban cuentas de dos años y los acusó de malos manejos.
Si el Gobierno del Estado está ávido de mejorar las calles, que lo haga. Bienvenidas las obras para todos los municipios, sin excepción, pero que sea con sus recursos. Y por favor, que no sólo pavimente, que instale o renueve drenaje.
La colaboración estatal, sí, es deseable. Mejorar catastros con tecnología, dar asistencia técnica a los municipios. Eso sí es un apoyo legítimo. Fortalecer las capacidades, no suplantarlas. Un verdadero federalismo.
Pero el cobro directo, la apropiación de esa facultad, jamás. La transparencia se diluiría. Los fondos, antes destinados a lo local, podrían desviarse a otros fines, menos urgentes.
La rendición de cuentas se volvería un laberinto. Los ciudadanos perderían la cercanía con quienes recaudan sus impuestos. La dependencia de transferencias federales ya limita a los municipios y los mantiene atados a la voluntad central.
Quitarles el predial sería la estocada final. Un golpe mortal a su ya precaria autonomía financiera.
Los dejaría a merced del poder estatal. Sin recursos propios, su capacidad de planeación se desvanecería. Por eso es nula la viabilidad de que el estado cobre el predial. El marco legal lo prohíbe taxativamente, sin ambages.
La ambición, sin embargo, no conoce límites La historia nos enseña que el centralismo es un camino peligroso. Conduce a la opacidad y al abuso.
ROLLOS SUELTOS
¿CAPITAL HUACHICOLERA? Primero N+ de Televisa, hace algunas semanas, y luego los impresos capitalinos Reforma y El Universal, señalan a San Luis Potosí como lugar de operaciones y residencia de destacados emprendedores en el ramo del huachicol fiscal.
RASTRO COMBUSTIBLE. Los rotativos de la Ciudad de México tienen como fuente a autoridades federales, las que investigan a cuatro empresas, una de ellas con instalaciones y operaciones en la zona industrial de San Luis Potosí. Según esos reportes, las empresas están involucradas con el caso del decomiso en Coahuila de ferrotanques con más de 15 millones de litros de diésel, gasolina y destilado.
¿UN TIRONCITO? Y si la autoridad federal confirma que hay abastecedores de combustibles ilegales en San Luis Potosí a gran escala, sería raro que los clientes de este tipo de productos estuvieran todos fuera de a entidad.
CUANDO 7.9 NO ES OCHO. Si el Instituto Nacional Electoral (INE)anuló el cargo a 45 magistrados y jueces electos para el Poder Judicial Federal que no cumplieron el requisito de calificación promedio general de mínimo ocho en licenciatura, va a estar muy cuesta arriba poner un argumento razonable, creíble o mínimamente aceptable para dejar pasar la misma situación en el Tribunal Electoral local en el caso de los cuatro magistrados del Poder Judicial del Estado que no alcanzaron el 8 de promedio en la Facultad de Derecho.
Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad del autor y no necesariamente representan la postura de Astrolabio.
Adriana Ochoa es periodista desde 1988. Actualmente es directora de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y docente titular de Organización Política y Ciudadanía.
