Adriana Ochoa
La senadora Ruth González Silva, en anticipada e intensa campaña por la gubernatura. Si hay que retorcer los límites de lo que consideramos aceptable, se retuercen, hasta desafiar la lógica más elemental.
Morena, el aliado político de Ricardo Gallardo Cardona para llegar a la gobernatura de San Luis Potosí, ya tiene la respuesta del gobernador potosino a la norma anti-nepotismo que Claudia Sheinbaum promovió: el Gobierno del Estado volcado por completo en la promoción de su esposa, con miras a 2027. A fondo y “sin límites”, como reza su slogan.
La senadora González Silva aparece, una y otra vez, como “invitada” de honor en la entrega de dádivas y beneficios que emanan directamente de las dependencias estatales: despensas, obras y equipos en espacios educativos, programas sociales, calles…
No, no son eventos aislados, es una constante que se documenta en sus propias redes sociales y en medios locales. La imagen es potente: la esposa del gobernador, senadora en funciones, capitalizando políticamente recursos y programas que, por definición, deberían ser de todos los potosinos. Ni quién le chiste.
¿Algún día invitará el Gobierno del Estado a los otros senadores a entregar obras y beneficios sociales? De seguro Gilberto Hernández Villafuerte, también del Verde, no está interesado: su carrera toda ha sido posible gracias a su extraordinario don de la invisibilidad política. Queda la senadora Verónica Hernández, entrampada en prolongar su control del Comité Estatal del PAN.
Desde luego, la “invitación” a participar de los eventos de gestión es selectiva, y su propósito, evidentemente, no es la pluralidad política ni la transparencia institucional, sino la construcción de una narrativa de liderazgo y cercanía para una figura en particular, de la senadora Ruth González Silva.
La aspiración de la primera dama del estado a la gubernatura se ha desvelado, no tanto en el fragor del debate de ideas o la propuesta de políticas públicas, sino en una suerte de campaña de proximidad que, por su naturaleza y ejecución no le corresponden.
Así, le dio por colocar boyas en colonias, muy probablemente a petición de vecinos. Los operarios de estas acciones, y otras relacionadas con la mejora de vialidades, son trabajadores de la Junta Estatal de Caminos.
A priori, atender una petición vecinal suena loable y necesaria para cualquier comunidad. Sin embargo, cuando estas iniciativas se abanderan desde una senaduría, y se entrelazan de manera tan evidente con la maquinaria del gobierno estatal, la línea entre el servicio público y la promoción personal se desdibuja hasta la invisibilidad. ¿Es esta la función de una legisladora federal? ¿O estamos ante una ilegal pre-campaña disfrazada de gestión social y pagada con recursos públicos?
El tema de las boyas fue a dar a la mesa del alcalde capitalino, Enrique Galindo Ceballos. Ante una obvia intromisión en temas municipales, el edil le recordó que la colocación de dispositivos para el control de tránsito en la vía pública, para prevenir, regular, medir, controlar, verificar y ordenar a los usuarios, es una facultad del ayuntamiento, obedece a un análisis de ingeniería vial y es la Dirección de Policía Vial la dependencia a cargo.
Simple: los reductores de velocidad, semáforos, líneas peatonales y demás restricciones que gobiernan el tránsito en la vía pública no se colocan al contentillo. Si la facultad de la senadora es hacer leyes, debería tener claros sus alcances y el respeto a las facultades de otras autoridades.
Fuera de sus actividades como “invitada” permanente a la dádiva gubernamental y la inauguración de obras, de su tarea senatorial destaca el postureo en sesiones y el viaje de comisión a Washington, por “la defensa de los migrantes”. Ningún detalle o argumento, sólo data de los lugares y fotaza luciendo vestidos en un rango de 400 a 800 dólares, salvo temporada de ofertas en Maje, la marca francesa de prêt-à-porter en nivel de “lujo asequible”.
El aparato oficialista salió a hacer una defensa burda, fangosa, pandilleril. Y la presidenta del PRI estatal, un PRI de calderilla, rencores y migajas a estas fechas, alegó un disparate oportunista y telenovelero: que el alcalde incurría en “violencia de género”. Hay gente para todo.
Lejos de amilanarse, la señora de Gallardo salió a desafiar con furia. En un evento en el nuevo municipio de Villa de Pozos, antes delegación de San Luis Potosí, el reto encorajinado le enrevesó las ideas: “Le pese a quien le pese, voy a seguir recorriendo las comunidades, las colonias… y voy a seguir poniendo baches”.
Por muy efectista que pueda parecer, la campaña anticipada de “la madrina”, como anuncia el autobombo de su esposo, “El padrino de los potosinos”, grita a los cuatro vientos una preocupante instrumentalización del poder. No se trata de negar la necesidad de obras o beneficios, sino de denunciar la forma en que se utilizan para construir una imagen política, difuminando los contornos entre el gobierno y el partido, entre el servicio y el interés particular.
La omnipresencia de la senadora en actos gubernamentales plantea la pregunta: ¿dónde termina la labor institucional y dónde comienza el proselitismo? La ley electoral es clara en su intento de evitar los actos anticipados de campaña. Sin embargo, la figura de la “invitada” parece ser el resquicio por el que se cuela una promoción constante, no tan sutil, financiada con fondos públicos y amparada por la estructura del poder en turno.
Cuando los recursos del Estado se perciben como herramientas al servicio de una ambición personal, la democracia se resiente. La política debería elevarse por encima de la mercantilización de la necesidad en aras de una candidatura.
La senadora Ruth González Silva, y con ella el gobierno de su esposo, están enviando un mensaje claro: la política es un asunto familiar, donde los roles se intercambian “sin límites” y los recursos públicos son un activo más en la carrera por el poder.
La campaña de la senadora González Silva, arropada por el aparato estatal, dista mucho de ser un ejemplo de práctica democrática aceptable. Es, más bien, una muestra de cómo el poder puede ser utilizado para fines que poco tienen que ver con el bienestar colectivo y mucho con la perpetuación de una dinastía política.
Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad del autor y no necesariamente representan la postura de Astrolabio.
Adriana Ochoa es periodista desde 1988. Actualmente es directora de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y docente titular de Organización Política y Ciudadanía.
