Adriana Ochoa
A finales de abril, el mes de declaraciones fiscales para personas físicas, maestros del sistema de telesecundarias se enteraron de que debían dinero al SAT. La movilización no se hizo esperar, porque los descuentos de ISR en nómina les fueron aplicados puntualmente.
Los docentes inconformes dataron en un comunicado que las presuntas irregularidades en el manejo de sus nóminas ocurrían desde 2021. Acusaron que el gobierno estatal omitió timbrar las nóminas de sus pagos “con el evidente propósito de no reportar a la Federación los impuestos correspondientes que, sin embargo, siempre retuvo”.
SEGE dio una explicación que no disolvió el laberinto fiscal y la inconformidad magisterial fue llevada a la marcha del 1° de Mayo como uno de los reclamos de las dos secciones del SNTE.
El acertijo fiscal es, más allá de un tema de números, otro motivo de desconfianza por la opacidad tracalera que gobierno estatal practica desde su inicio con el manejo de descuentos a sus empleados y el mejor ejemplo es la Dirección de Pensiones.
En atención a una solicitud de información, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) reporta un disparo en las denuncias por doble timbrado de nómina en San Luis Potosí. Lo alarmante es que todos los casos denunciados provienen de dependencias públicas. En 2024 se registraron apenas tres quejas, ya concluidas. Para 2025, la cifra se elevó a 47 expedientes y de ellos, 23 se mantienen activos.
Hay que destacar que Prodecon enlista solo los casos que acudieron a esa dependencia. Los maestros inconformes calcularon que la omisión de entero al SAT de sus descuentos habría generado un impacto millonario de “alrededor de mil millones de pesos”.
Los maestros descubrieron que el ISR les fue descontado puntualmente en sus cheques. Sin embargo, ese dinero jamás llegó a las arcas de Hacienda. Al revisar su estatus, se toparon con la duplicación de sus comprobantes fiscales. Sus ingresos reportados ante el SAT se inflaron artificialmente.
El crecimiento de este fenómeno admite interpretaciones generosas. En entornos complejos, el error técnico suele ser el sospechoso habitual. Las fallas en los sistemas informáticos de nómina son comunes.
Los reintentos automáticos tras una pérdida de conexión generan duplicados. Un proceso masivo mal configurado puede timbrar dos veces un mismo lote. La burocracia maneja miles de cuentas simultáneamente.
También cabe la hipótesis de una regularización atropellada. Al intentar corregir periodos atrasados en la nómina magisterial, se emiten nuevos comprobantes. Si no se cancelan los anteriores, el sistema duplica el ingreso.
Los constantes cambios en las reglas fiscales del SAT complican la gestión. Las homologaciones salariales exigen reprocesamientos que elevan el margen de error humano. Sería la explicación más noble y técnica del fenómeno.
No obstante, la frontera entre la incompetencia y la malicia es difusa. Existen causas intencionales probables que no pueden descartarse en el análisis. La ingeniería contable a veces esconde fines inconfesables.
Una hipótesis apunta a la regularización “creativa” de presupuestos. Inflar la masa salarial reportada sirve para justificar mayores transferencias federales. El gobierno estatal estaría demostrando un cumplimiento ficticio ante la Federación.
Otra vertiente es la retención ilegal de flujos líquidos, conocido en México como “jineteo”. El estado descuenta el impuesto, pero posterga su entero al SAT. Utiliza ese dinero de forma temporal para cubrir otras urgencias financieras. El fondo de Pensiones ha sido blanco de esta práctica.
El doble timbrado opera entonces como una cortina de humo. Traslada la discrepancia fiscal directamente a los hombros del trabajador. El maestro enfrenta el requerimiento fiscal de la implacable autoridad fiscal mientras el estado “jinetea” los recursos y los usa como caja a disposición.
Esta opacidad financiera conecta con dinámicas más profundas de impunidad. La exigencia de cuentas claras en San Luis Potosí tiene memoria. Los hilos de la sospecha conducen al pasado y al presente.
Manuel Nava Calvillo, del Frente Ciudadano Anticorrupción, solicitó formalmente a la fiscal general, Ernestina Godoy, retomar las denuncias presentadas en 2018. Las acusaciones son graves: enriquecimiento inexplicable, desvío por más de 700 millones de pesos y operaciones con recursos de procedencia ilícita. La historia se repite en los métodos de distracción financiera de la dinastía.
Aquellos expedientes fueron congelados durante la gestión de Alejandro Gertz Manero. Apuntaban al exalcalde Ricardo Gallardo Juárez y a su hijo, el hoy gobernador Ricardo Gallardo Cardona.
Entre los desvíos atribuidos a Gallardo Juárez destaca un esquema rudimentario pero eficaz de sustracción de dinero en el Ayuntamiento de San Luis Potosí. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) documentó la “resurrección”del número de nómina de un trabajador que había renunciado, para así poder desviar 63.6 millones de pesos del erario. Las quincenas no cobradas del empleado ficticio fueron “guardadas” en un sobre, cuyo monto creció exponencialmente cada día de pago y fue desviado de manera ilícita. ¿Consecuencias concretas para los responsables?: ninguna, que se sepa.
Manuel Nava Calvillo acusa que las carpetas de investigación de las denuncias ante la FGR se mantuvieron congeladas o sin avances significativos durante la gestión de López Obrador. En 2019, Nava y el Frente denunciaron públicamente que la blandengue Fiscalía estatal obstruía el caso, tras notificar al Frente que “no contaba con interés jurídico”.
Hoy, el doble timbrado de las nóminas públicas parece una evolución tecnológica de la misma opacidad. La administración estatal no da cuenta de nada, ni de los errores técnicos ni de los manejos sospechosos.
Podrán haber congelado las denuncias, pero la desconfianza ante la falta de claridad es un polvo terco que no deja de acumularse.
ROLLOS SUELTOS
REBOTES. Traerá efectos locales la detención en Querétaro de Alejandro Tamayo Ibarra, el desarrollador inmobiliario con operaciones en Nuevo León y Querétaro que articuló los intereses de desarrolladores locales y comuneros en el proyecto de urbanización Las Cañadas, en la Sierra de San Miguelito.
ESTANCADO. El proyecto Las Cañadas se estancó por la declaratoria federal de Área Natural Protegida. La idea era urbanizar una superficie importante de 1,805 a 2,068 hectáreas, de inicio, aunque se podría desplegar hasta a 14 mil ha.
EL MODUS OPERANDI. El proceso judicial a Tamayo por defraudación se lleva en Nuevo León. El desarrollador utilizaba el esquema SAPI (Sociedad Anónima Promotora de Inversión), una estructura legal diseñada para facilitar la captación de capital privado de manera más flexible, sin las estrictas obligaciones de supervisión de entidades bursátiles reguladas. Captaba inversión privada masiva con promesas inmobiliarias de alto rendimiento (tipo 18% anual), que no se materializaron y derivaron en denuncias penales por fraude.
EN ENTREDICHO. El proceso en Nuevo León involucra a tres notarios, quienes protocolizaban los contratos de inversión y otros procedimientos. Los notarios allá no “crearon” el supuesto esquema fraudulento, pero la investigación considera que su intervención fue instrumental para estructurarlo y venderlo con apariencia de formalidad. Por eso su rol está bajo escrutinio penal en Nuevo León. El desenlace dependerá de si la Fiscalía prueba alguna irregularidad más allá de la simple protocolización. Si en SLP tuvo operaciones de este tipo, conviene no perder de vista cómo les va a allá a los fedatarios.
Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad del autor y no necesariamente representan la postura de Astrolabio.
Adriana Ochoa es periodista desde 1988. Actualmente es directora de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y docente titular de Organización Política y Ciudadanía.
