El rostro del “olvido” judicial en SLP; 1 de cada 3 PPL vive sin sentencia

María Ruiz

Lejos del discurso habitual centrado en la violencia, el informe penitenciario correspondiente a noviembre de 2025 expone otra cara del sistema carcelario potosino: el estancamiento jurídico y el bajo nivel educativo de la población privada de la libertad. Las cifras oficiales revelan que el problema no es solo quién entra a prisión, sino cuánto tiempo permanece ahí sin una resolución legal.

De acuerdo con el Cuaderno Mensual de Información Estadística Penitenciaria, el estado cerró noviembre con 4 mil 531 personas recluidas en sus centros de reinserción social. De ese total, mil 642 personas continúan sin sentencia: mil 516 hombres y 126 mujeres procesados por delitos del fuero común. En términos prácticos, esto significa que poco más de 3 de cada 10 internos viven en un limbo jurídico, privados de la libertad sin que un juez haya determinado de manera definitiva su culpabilidad o inocencia, lo que equivale a alrededor del 36 por ciento de la población penitenciaria estatal.

El rezago judicial no es el único punto crítico. El sistema penitenciario potosino también opera al límite de su capacidad. El mismo informe señala una sobrepoblación absoluta de mil 301 personas, una cifra que coloca a los centros del estado bajo una fuerte presión operativa y que complica la garantía de condiciones mínimas de vida digna para los internos.

Otro dato que pasa casi desapercibido es el perfil educativo de quienes habitan las cárceles. La mayoría de la población penitenciaria cuenta únicamente con estudios de nivel básico, principalmente primaria o secundaria. Los internos con licenciatura o estudios de posgrado representan apenas una fracción mínima. Esta tendencia nacional se reproduce en San Luis Potosí y apunta a la falta de oportunidades educativas como un factor constante en la composición de la población carcelaria.

Durante noviembre, el movimiento dentro de los centros penitenciarios fue intenso. Ingresaron 662 personas, mientras que solo 458 egresaron. La diferencia entre entradas y salidas dejó un aumento neto de 73 internos en un solo mes, profundizando el problema de la sobrepoblación y evidenciando que el sistema sigue recibiendo más personas de las que puede liberar.