Por Victoriano Martínez
Señalar, como lo hizo la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que “no hacen falta este tipo de leyes”, o como el diputado federal Ricardo Monreal Ávila, que fue “un exceso legislativo”, describe sólo la parte de los efectos de la Ley Esposa entre los contendientes, en tanto que deja de lado cualquier consideración sobre la forma en la que se originó la reforma.
El 21 de noviembre, Paloma Blanco López, presidenta del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEEPAC), declara que ese organismo sólo cuenta con observaciones técnicas sobre el pasado proceso electoral y no han trabajado en una iniciativa de actualización del marco jurídico electoral.
Seis días después, el 27 de noviembre, los consejeros electorales se reúnen en privado con los diputados para tratar el presupuesto 2026. Para el 5 de diciembre, el CEEPAC aprobó la iniciativa no trabajada que incluye la reforma constitucional que en nueve días votaron los diputados para consumar la Ley “Ruth”, “Gobernadora” o “Esposa”.
Una secuencia que dejó un retrato fiel del servilismo de los consejeros electorales y de los diputados para prestarse a satisfacer los intereses del gobernador Ricardo Gallardo Cardona y su proyecto sucesorio abiertamente nepotista.
Un proyecto que tuvo su arranque el 4 de octubre de 2021, a ocho días de iniciado el sexenio, cuando Gallardo Cardona tomó la protesta a delegados distritales del DIF y la Secretaría de Desarrollo Social y Regional (SEDESORE) distribuidos conforme a la estructura electoral del Estado.
El empate entre la estructura de distribución de los apoyos sociales del gobierno del estado con la estructura electoral se formalizó en el reglamento del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) que se publicó en el Periódico Oficial del Estado el pasado 8 de julio de 2022.
Por cuatro años, la entrega de apoyos sociales ha operado como esquema de promoción de la imagen de Ruth González Silva como presidenta del DIF estatal primero, luego como senadora y en los últimos meses como aspirante a la gubernatura, en una ilegal promoción personalizada que ni los partidos de oposición ni las autoridades electorales han señalado.
Desde el 4 de octubre de 2021, González Silva no fue una potencial contendiente más en materia electoral, sino que se convirtió en la candidata de facto que después se determinó que fuera para senadora y de ahí a que ahora sea la virtual candidata a la gubernatura, aún por encima de la postura anti nepotismo de la Cuarta Transformación.
Una promoción personalizada con cargo al erario que cuenta además con partidos de oposición sumisos incapaces de protestar por las violaciones al artículo 134 constitucional y una autoridad electoral que ignora esas faltas a pesar de ser tan evidentes.
Las aspiraciones de González Silva son evidentes y fueron más pronunciadas a partir de la reforma contra el nepotismo electorero, lo que la coloca como la principal opción para la candidatura del PVEM a la gubernatura y, en consecuencia, es vista como la beneficiaria directa de la Ley Esposa.
Independientemente de que se trata de una ley que no sea necesaria o que al aprobarla el Congreso del Estado incurrió en un exceso, lo que tendría que alarmar a los partidos políticos es la forma en que el CEEPAC, el árbitro electoral, se prestó para promover una reforma con dedicatoria, es decir, para favorecer a una potencial contendiente.
De por sí al haber tolerado más de cuatro años de promoción personalizada que viola la constitución, al haberse dejado humillar presupuestalmente en la realización del plebiscito sobre Villa de Pozos y la elección judicial, los consejeros electorales ya se mostraban al servicio de Gallardo Cardona, el colmo es que con la Ley Esposa sepultaron por completo la imparcialidad a la que están obligados.
En San Luis Potosí no hay árbitro electoral. Hay un organismo integrado por serviles operadores de la gallardía, que lo han demostrado con creces, que quedan, por ese hecho, totalmente desacreditados para ser los responsables de la organización del próximo proceso electoral estatal.
¿Habrá quien promueva desde ahora su destitución o simplemente podrán ser tomados como ejemplo de los tantos vicios existentes en los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) que justifican su desaparición en la reforma electoral federal en proceso?
