Por Victoriano Martínez
Por increíble que parezca, el Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), ese de cuya creación resultó el instrumento de una de las más grandes simulaciones del sexenio de Juan Manuel Carreras López, todavía da señales de vida… con la misma inercia de dificultades para lograr convertirse en algo útil.
Su máximo avance fue presumido la semana pasada por el secretario técnico de la Secretaría Ejecutiva del SEA, Jesús Rafael Rodríguez López, quien informó que el de San Luis Potosí fue el noveno Sistema que se incorporó a la Plataforma Nacional Anticorrupción, a pesar de haber sido el penúltimo en conseguir integrar una Secretaría Ejecutiva.
Un avance que contrasta con la escasa (prácticamente nula) respuesta de los sujetos obligados para publicar sus declaraciones 3de3 (patrimonial, de intereses y fiscal) –razón de ser de la plataforma hasta ahora– y con las ya acostumbradas dificultades para conformar e integrar la representación ciudadana al SEA.
El pasado 10 de junio se publicó en el Periódico Oficial del Estado la declaratoria de inicio de operaciones del Sistema I, de seis, de la Plataforma Digital Estatal del SEA. Se trata del apartado correspondiente a las declaraciones 3de3 que, según informó la Secretaría Técnica del SEA, existe obligación de publicar esos documentos para más de 87 mil servidores públicos.
El Sistema I entró en operación desde el 22 de mayo, con un catálogo de perfiles de usuarios, aunque fue hasta el martes 29 de junio cuando se dio la primera capacitación a funcionarios de las primeras dependencias que se adhirieron al Sistema.
Han pasado 111 días desde entonces, y de los más 87 mil sólo 830 servidores públicos de diez dependencias adheridas han publicado sus declaraciones 3de3 en la plataforma. Un avance del 0.95 por ciento.
De las 830 declaraciones publicadas, 472 corresponden a los ayuntamientos de Ébano (401) y Huehuetlán (71), que representan el 56.86 por ciento del total.
Un dato relevante, pues se trata de documentos presentados por los funcionarios de la administración municipal que concluyó el 30 de septiembre, es decir, se trata de información pendiente de actualización. Lo mismo pasa con otras dependencias en las que ha habido cambios sin que aparezcan las declaraciones de quienes tomaron esos cargos.
Un avance, sí, pero que exhibe las resistencias que aún enfrenta el SEA si se observa que las dependencias que más convencidas deberían estar de cumplir con esa obligación legal ni siquiera se han incorporado, como el caso de la Contraloría General del Estado, la Auditoría Superior del Estado, la Fiscalía Anticorrupción y el Poder Judicial.
Cuatro entidades públicas que forman parte del órgano de gobierno del SEA cuyos directivos no han publicado una sola de sus declaraciones 3de3 ni lo han promovido entre quienes forman esas dependencias.
Entre los casos que ya se incorporaron sobresale el caso del Congreso del Estado que, a pesar de ser el ente que aprobó las leyes anticorrupción, sólo ha publicado tres declaraciones; y la propia Secretaría Ejecutiva del SEA con una sola declaración que, por cierto, no es la del secretario técnico, operador y promotor del Sistema I.
Si ese es el panorama en el pequeño avance logrado con la plataforma digital estatal, en la integración del Comité de Participación Ciudadana, el órgano representante de la sociedad en el SEA, la situación no ha cambiado: sigue incompleto y sometido a procesos de selección de vacantes con algunos asegunes.
El pasado martes 5 de octubre se publicó en el Periódico Oficial del Estado la convocatoria para elegir a un integrante numerario y tres supernumerarios del CPC-SEA, sin indicar a quién de los integrantes actuales se sustituirá.
El numerario seguramente corresponde a la vacante dejada por Jesús Sierra Acuña, quien se supone que concluyó su periodo desde el pasado 20 de septiembre. Es decir, un procedimiento con retraso porque debió concluir antes de esa fecha. Sobre los tres supernumerarios se menciona que se trata de tres renuncias, sin que se especifique quienes renunciaron y cuándo lo hicieron.
La Comisión de Selección que convoca debe estar integrada por cinco personas. No obstante, sólo la firman tres: Ileana Fabiola Filio Rivera, Roberto Francisco Ortega Badillo y Nancy Esmeralda Hernández Cervantes.
Es probable que Filio Rivera y Hernández Cervantes hayan cumplido con el requisito de no haber sido candidatas a un cargo de elección popular al momento en que se les nombró integrantes de la Comisión de Selección, como establece la fracción VII del Artículo 17 de la Ley del SEA, pero ¿qué pasa si ya en el cargo exhibieron su filiación al partido Fuerza por México?
Filio Rivera aparece en el registro de candidatos a diputados locales del CEEPAC como candidata por el Distrito 8, en tanto que Hernández Cervantes como aspirante improcedente en el Distrito 7.
¿Si dejan de cumplir uno de los requisitos para ocupar el cargo, pueden seguir en funciones? Y si deben dejar el cargo ante esa circunstancia, ¿qué validez puede tener una convocatoria que debe ser firmada por cinco personas y sólo una de las firmantes parece poder mantener vigente su nombramiento?
Detalles que muestran que el Sistema Estatal Anticorrupción es una herencia maldita, pero para la sociedad potosina, porque para la gallardía, contra quien se aplicarían las leyes anticorrupción en cuanto se aprobaran según anunció Carreras López el 23 de agosto de 2016, en realidad se volvió una herencia de bendita simulación condenada a ser por siempre pura apariencia.
