Estela Ambriz Delgado
El colectivo Guardianes de la Sierra de San Miguelito dio a conocer diversos detalles de la estrategia para vender a las empresas Hoganza y Jaguar, el ejido Cerro Gordo, implementada por las mismas con apoyo de ex funcionarios de la Procuraduría Agraria, así como la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (Segam), funcionarios del Registro Agrario Nacional (RAN), y el respaldo del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).
En relación con la estrategia develada por el Comité de Defensa del Ejido Cerro Gordo, Carlos Covarrubias Rendón, integrante del colectivo, señaló que pese al intento del ex presidente Andrés Manuel López Obrador de frenar el tráfico de tierras ejidales impidiendo las asambleas de cambio de destino o inscripción de estas, las estructuras burocráticas corruptas en el sector agrario y ambiental siguen controlando espacios técnicos y de gestión, como fue el caso del ex representante estatal de la PA, Álvaro Pineda Maldonado y su equipo.
Considera que, al verse impedidos los urbanizadores a acceder a la Sierra de San Miguelito dado su decreto como Área de Protección de Flora y Fauna (APFF), y ante la persistencia de conflictos agrarios en el ejido La Pila y sus anexos, se vio a Cerro Gordo como la mejor opción para realizar proyectos industriales e inmobiliarios (entre otros ejidos en municipios como Mexquitic de Carmona), al contar con el banco de material y la cercanía con el Libramiento.
El activista detalló que en Cerro Gordo hay tráfico de tierras abierto desde hace más de 15 años, de a 2, 3, 5 y 7 hectáreas. Las empresas lo han trabajado desde los comisariados “al más viejo estilo”, operando a través de visitadores agrarios, personal del RAN, así como de autoridades que les generen los permisos ambientales desde Segam y funcionarios enquistados desde hace años en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
“Agarran a los comisariados, los corrompen y los ponen a operar, llegan, les ponen la maqueta y les ponen el dinero, los hacen firmar contratos de promesa de venta y poderes notariales, y empiezan a empujar en el 23 con el ex representante estatal de la Procuraduría Agraria”.
Respecto a la asamblea de cambio de destino de tierras realizada el 17 de diciembre de 2023, con el objetivo de crear 107 parcelas en un total de 1,854-54-43.132 hectáreas, Covarrubias apuntó a que se hizo sin considerar cualquier tipo de cuestión ambiental, y hacen una solicitud de Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA) hasta tiempo después a regañadientes, obviamente porque se trata de un macroproyecto.
No obstante, la Semarnat, a través de la Subsecretaría de Política Ambiental, Recursos Naturales, Gestión Forestal, Suelos y Ordenamiento Ecológico, mediante el oficio número SPARN/DGGFSOE/418/3098/2023 firmado por Martha Eugenia Luna Mar, Jefa de Departamento de Integración y Evaluación de los SIG, determinó que las 107 parcelas deben ser consideradas terrenos forestales con vegetación de matorral crasicaule, y que por lo tanto, el cambio de destino de tierras no implica el cambio de uso de suelo.
Dicha cuestión, posteriormente fue ratificada por la Procuraduría Agraria a nivel federal, de acuerdo con el oficio DGAOPR/01427223 del 16 de noviembre de 2023 suscrito, por la Directora General de Apoyo al Ordenamiento de la Propiedad Rural, Dirección de Información y Vinculación Institucional.
La corrupción en Profepa, INAH y RAN posibilitan
Aunque el comité de defensa, en conjunto con Guardianes de la Sierra, denunciaron ante diversas instancias las detonaciones iniciadas el 22 de julio de este año, como la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), que generó dos clausuras debido a las evidencias de cambio de uso de suelo de área forestal, así como ante el INAH, esto resultó insuficiente dada la corrupción que prevalece en la estructura burocrática de ambas.
El activista consideró que el argumento del INAH para declararse imposibilitados para hacer un estudio sobre los vestigios hallados en el Cerro Gordo, por ser propiedad privada, es una muestra de que se tuvo una actitud indolente que raya en la complicidad al dejar pasar el tiempo, para que las empresas se constituyan como dueñas legítimas.
“El INAH es una de las entidades estructuralmente más corruptas, son empleados del poder fáctico, salvo excepciones como su directora Imelda Aguirre, quien lamentablemente está rodeada subalternos vendidos, que por más académicos que se quieran ver son simples aliados del poder económico. Hace unos días hicieron una jornada de temas históricos y una mesa estaba dedicada a los grandes logros del rescate arqueológico realizado en el Libramiento, es impensable que todavía hasta el INAH les da los espacios, es indignante, el INAH en San Luis es una desgracia”.
En cuanto a Profepa, igualmente reconoció hay disposición de la representante a nivel estatal, pero se encuentra en la misma situación que la del INAH, rodeada de gente que tiene 20 años o más, que sabe cómo burocratizar, mediatizar, y levantar actas para favorecer a los intereses económicos y políticos.
En el caso del RAN, el integrante de Guardianes lo destacó entre lo más corrupto por su tráfico de información y manipulación en los temas registrales, lo cual se vio con el anterior delegado que fue despedido y ahora, con Ramiro Ramírez Montoya.
“Cuando quiere la 4T está preocupada por la problemática social, cuando le conviene según, pero cuando quieren burocratizar… ni en el peor prianismo, su burocratismo es el más repugnante, porque tiene ese halo de santidad cuatrotera pero con las prácticas del prianismo más repugnante y eso se ve”.
En este sentido, puntualizó que luego de haber mantenido pausado por años el trámite, recientemente el RAN aceleró el registro del acta de asamblea del 17 de diciembre del 2023. Derivado de ello “por arte de magia”, se obtuvo el registro del acta hace dos semanas y días después se expidieron los certificados parcelarios.
Por ello, el pasado viernes 2 de octubre fue convocada la asamblea del ejido Cerro Gordo para la entrega de 30 certificados, y al término de esta el Comisariado, Vicente Ruiz Lara y Julián Ruiz Alvarado les pidieron a los ejidatarios que los regresaran, con la excusa de que les falta una letra y los enviarán a la Ciudad de México para corregirlos.
“Esos certificados ahorita ya están en una notaría seguramente, siendo procesados para convertirlos en títulos de propiedad a favor de la empresa, los agarras te los llevas al RAN los das de baja y los pones en sus manos a los poderes fácticos, y por el otro lado frotándose las manos, armando la MIA para que la DGIRA en México le entre con todo a darles las autorizaciones para desmantelar el ejido”.
El activista concluyó que, si bien hay excepciones como la del titular de la Procuraduría Agraria a nivel federal Víctor Suárez Carrera, y la actual representación estatal a cargo de Enrique Rivera Sierra, es una vergüenza que otras dependencias y sus funcionarios, en tiempos del segundo piso de la cuarta transformación convaliden el robo y el despojo.
