Fernanda Durán
Los grupos parlamentarios de los partidos Verde Ecologista de Mexico (PVEM) y del Trabajo (PT) manifestaron su respaldo al Gobierno del Estado en cuanto a las obras en el Barrio de San Miguelito; a la vez, amenazaron con identificar a quienes tienen “otro tipo de intereses” entre las personas y activistas que se oponen al retiro del adoquín y detuvieron la construcción con un amparo.
En rueda de prensa, las y los diputados defendieron el proyecto, al insistir que el procedimiento de construcción está apegado a las normas históricas, aunque no tiene autorización de Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).
Además, dijeron que se promete mantener el 50 por ciento de los adoquines de la zona, aunque la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (Seduvop) ha informado que sólo mantendrá el 25 por ciento.
“Va más allá de los adoquines, pero no con eso queremos decir que se estarían desapareciendo o retirandolos, no. La verdad es que creemos que es una obra de bastante impacto y que confiamos plenamente en que pronto esa suspensión se va a levantar y se va a poder realizar esta importante obra”.
Aunque los legisladores indicaron que el espacio está abierto para las mesas de diálogo en torno a la obra, pidieron a los vecinos del Barrio de San Miguelito separar a quienes se oponen con “fines políticos” y aceptar a las personas que “buscan un beneficio por la zona”.
Los diputados Eloy Franklin Sarabia y Rene Oyarvide Ibarra se lanzaron contra la participación de activistas en el diálogo sobre la petición de mantener el adoquín en el Barrio. Argumentaron que existe un conflicto de interés por su relación con el Ayuntamiento de San Luis Potosí y que no son vecinos de la zona.
Por esta razón mencionaron a la activista Catalina Torres Cuevas como parte de la “oposición” enviada por el Ayuntamiento, y aseguraron que a través de la Plataforma de Transparencia se podía corroborar que recibía pagos por 40 mil pesos.
Catalina Torres niega intereses políticos
Ante las declaraciones de los diputados, la activista por los derechos de las personas con discapacidad indicó que presentará una denuncia por los ataques contra ella como activista y como mujer.
Con ello negó ser enviada por el Ayuntamiento de la capital, ya que su relación es la asesoría brindada para el proyecto de consulta a personas con discapacidad.
Luego de ganar un amparo contra el municipio debido a omisiones en el Plan Municipal de Desarrollo, Torres Cuevas y un equipo académico dio asesoría a las autoridades para la elaboración de la consulta que debían realizar; dicho trabajo termina este 31 de agosto con el cierre de las consultas.
“Yo no trabajo para alguien, mi trabajo es asesorar (…). Nosotros hacemos un trabajo de asesoría y eso por supuesto que lo cobramos, pero tampoco cobramos las cantidades que dicen ellos, ahí está indebidamente lo pusieron, pero es correcto, saqué yo 16 mil pesos mensuales siendo la lider del proyecto”.
De igual manera, explicó que el mismo Congreso del Estado actualmente coordina el trabajo con su equipo para comenzar la capacitación a los municipios en septiembre, debido a las consultas que deberá organizar el Poder Legislativo sobre la Ley de Movilidad.
Agregó que no ha estado de acuerdo con el Ayuntamiento ni el INAH al no colocar los sellos de clausura cuando la obra no tenía autorización.
La activista aclaró que está de acuerdo con el desarrollo de una obra, pero esta deberá ser un proyecto que brinde certeza a los habitantes del barrio del que ella forma parte como vecina.
