Benazir Valles

El 30 de agosto concluye el encargo de Carlos Alejandro Ponce Rodríguez dentro del Consejo de la Judicatura, por lo que el próximo martes los diputados locales llevarán a cabo la votación para elegir a quien ocupará su lugar.

El Consejo de la Judicatura es un órgano que se encarga de vigilar la función jurisdiccional de los magistrados y determinar resoluciones disciplinarias sobre los mismos, por lo que, a pesar de ser parte del Supremo Tribunal de Justicia, su independencia técnica, de gestión y para emitir resoluciones es de vital importancia para el ejercicio de la justicia, lo cual hace indispensable que sea integrado por personas de una intachable calidad moral.

Apenas hoy se dio a conocer que dentro de los 11 aspirantes que contenderán por el puesto se encuentran, además de Érika Velázquez Gutiérrez, titular del Instituto de las Mujeres en el Estado, Guillermo Balderas Reyes, quien fue señalado por cobrar 68 mil pesos mensuales como asesor del legislador Edson Quintanar Sánchez, y Carlos Alejandro Ponce, en busca de la reelección, quien cuenta con acusaciones de corrupción dentro del mismo Consejo de la Judicatura.

En este sentido, el legislador Edgardo Hernández hizo énfasis en que los integrantes de este órgano deben contar con una intachable calidad moral.

Cuestionado al respecto de la posibilidad de que Carlos Ponce o Guillermo Balderas sean elegidos por el Legislativo, expuso que, aunque, como él votará, por ética no puede hacer comentarios en contra de ninguna persona, dentro de los aspirantes hay tres “perfiles con los cuales hay señalamientos por haber tenido mala conducta en sus empleos anteriores” que van desde corrupción hasta acoso sexual.

Aprovechó para hacer un llamado al Gobierno del Estado para que se mantenga ajeno a este proceso y de esta manera se evite contaminar tanto el proceso como el Consejo mismo, y enfatizó que no se permitirá que “vivales de dudosa calidad moral” ocupen el cargo de consejero del Poder Judicial.

Destacó que es muy común que el Gobierno del Estado, por medio del “nefasto, oscuro y poco confiable secretario general de Gobierno, Alejandro Leal Tovías”, meta las manos dando línea, y en este sentido refirió que el propio Edson Quintanar le comentó que a cambio del contador Ovidio Robledo lo iban a apoyar con el consejero de la Judicatura. Cabe destacar que el presidente de la Jucopo impulsó a Guillermo Balderas como oficial mayor del Congreso del Estado en lugar de Marcelina Oviedo Oviedo.

Edgardo Hernández hizo énfasis en que, además de todo lo que señala el 99 constitucional, lo más importante para este puesto es que quien lo ocupe goce de buena reputación y no haber sido condenado por delito doloso.

Sobre este punto, comentó que el haber sido condenado se puede solventar con una carta de antecedentes no penales, sin embargo la cuestión moral no se puede medir de esta manera, se basa en el conocimiento de la gente, por lo que no debería contemplarse a aquellos a quienes ya se les conoce un pasado oscuro.

Por último, reiteró su petición para que el Gobierno del Estado saque las manos de esta elección y deje al Congreso hacer su trabajo, porque, añadió, si el Ejecutivo no se involucra, “posiblemente sí se puede transparentar el proceso”.