Por Victoriano Martínez
La de Eduardo Olivares es una historia que pasa por todas las sospechas que despierta entre la población el clima de inseguridad que se vive en el país y la forma en que se reproducen en el ámbito local: desde la poca confianza que se tiene en los cuerpos policiacos preventivos hasta la impunidad alentada por la confabulación de los órganos de procuración de justicia.
La forma en que pierde su patrimonio construido durante años de trabajo, la manera en que cada paso en la búsqueda de clarificar el robo del que fue víctima y su intento por lograr que se haga justicia, lo han enfrentado en los últimos doce meses a un recuento de indicios que abonan a convertir las sospechas en certezas.
“Tengo más coraje que miedo”, afirma Eduardo Olivares. Y eso explica por qué hace público su testimonio a pesar de dos advertencias de muerte y de haber vivido lo que llama un infierno en el que poco a poco se develaba una confabulación entre policías y ladrones con el respaldo de todo el aparato de seguridad y el de procuración de justicia.
El testimonio Un “infierno” para empresario: entre policías y ladrones le vaciaron su taller, presentado por Jaime Nava y Carlos Rubio, muestra un caso concreto que –en términos policiacos– podría considerarse el modus operandi que está detrás de la creciente inseguridad que se vive en el Estado.
Policías y ladrones que trabajan juntos para cometer un atraco millonario, una Fiscalía General de Justicia que desaparece evidencias contundentes y una red tal de complicidad, que elimina cualquier indicio o testimonio que permita conocer a los responsables del delito.
Lejos de funcionar en la Fiscalía una cadena de custodia de las evidencias, más parece haber una cadena de protección ascendente en la que, cada que el caso pasa un nivel superior en la jerarquía burocrática, se activan mecanismos para cerrarle el paso a la verdad y, con ello, a la aplicación de una justicia real, pronta y expedita como ordena la Constitución.
En el camino, la víctima que se atreve a investigar y demandar justicia se convierte en blanco de amenazas, con riesgos mayores para su integridad y la de su familia.
Sobraría decir que cualquier agresión que pueda sufrir Eduardo Olivares o su familia sería responsabilidad del gobernador Juan Manuel Carreras López y el Fiscal Federico Garza Herrera, como responsables de la seguridad de los potosinos, pero se tiene que señalar por la insensibilidad que han demostrado en cuatro años en los temas de inseguridad.
¿De qué tamaño es el poder del grupo delictivo que protege a esos policías y ladrones que vaciaron el taller de Eduardo Olivares? O peor aún: ¿cuál es el grado de complicidad entre ese grupo delictivo, con las autoridades municipales de Soledad de Graciano Sánchez, con las instancias de investigación de la Fiscalía General del Estado, con el propio fiscal y hasta con el gobernador?
Así como en cada nivel jerárquico parecen activarse mecanismos para evitar que se haga justicia, en la medida en que pase el tiempo sin que la autoridad resuelva este caso y muchos otros pendientes, se recupere el daño y se sancione a los responsables, se acumularán elementos para considerar una complicidad real de la delincuencia con el más alto nivel.
Y es que la impunidad parece ser la premisa con la que se guía el gobierno de Carreras López, que acumula denuncias penales sobre las que no actúa:
- De grupos ciudadanos y de la autoridad municipal en contra del ex alcalde Ricardo Gallardo Juárez –de quien dijo tener un expediente con muchas más fechorías de las denunciadas.
- De grupos ciudadanos y de la Auditoría Superior del Estado (ASE) contra ex diputados locales por la simulación de entrega de ayudas sociales, y compras simuladas con empresas fantasma.
- De grupos ciudadanos de distintos municipios en contra de autoridades municipales por obras fantasma e inconclusas.
- De una fiesta fantasma organizada por funcionarios de la ASE, paradójicamente el órgano responsable de vigilar la correcta aplicación de recursos públicos.
A esos ejemplos, el caso de Eduardo Olivares viene a completar un cuadro que muestra el alcance de la red de impunidad por la que la sociedad está sometida a un clima de inseguridad que difícilmente se podrá resolver porque se tienen autoridades que son parte del problema.
