Desiree Madrid
En el estado, 17 adolescentes se encuentran internados en el Centro de Internamiento para Adolescentes, al haber sido vinculados a procesos por delitos considerados graves, entre ellos homicidio, secuestro, violación, tentativa de homicidio y delincuencia organizada.
David Silva Cruz, titular de la Coordinación Especializada en Justicia Penal para Adolescentes, precisó que otros 129 jóvenes enfrentan sus procesos en libertad por faltas menores.
De acuerdo con el funcionario, los casos que derivan en internamiento corresponden a los delitos más severos dentro del marco legal, mientras que aquellos considerados como no graves permiten que los adolescentes continúen su proceso fuera del centro, bajo medidas de seguimiento y reintegración social. Entre los delitos menores se encuentran principalmente robos y daños a la propiedad.
El perfil de quienes se encuentran bajo el sistema de justicia juvenil refleja una marcada discrepancia de género: el 90 por ciento son hombres y el 10 por ciento mujeres, con edades que van de los 14 a los 17 años.
Aunque algunos de los jóvenes permanecen internados, Silva Cruz destacó que no existen casos de reincidencia y que se trabaja para ofrecer opciones que les permitan reintegrarse a la sociedad una vez cumplidas sus medidas.
“Buscamos que las acciones que se llevan a cabo dentro de la coordinación ayuden a los adolescentes a reincorporarse de manera adecuada a su entorno social”, señaló la magistrada, quien añadió que los programas incluyen acompañamiento psicológico, educativo y orientación para el empleo, con el objetivo de reducir los factores de riesgo.
El titular también aclaró que las medidas impuestas por el órgano jurisdiccional deben cumplirse en su totalidad, aun cuando los jóvenes alcancen la mayoría de edad durante el proceso.
Explicó que, a diferencia del sistema penal para adultos, en el caso de adolescentes no se habla de “sentencias”, sino de medidas socioeducativas que buscan responsabilizar y reparar el daño sin romper su vínculo con la comunidad.
El sistema de justicia penal juvenil en San Luis Potosí enfrenta así el reto de equilibrar la sanción con la reintegración social. Aunque las cifras muestran que la mayoría de los adolescentes no son privados de la libertad, los 17 casos de internamiento revelan la persistencia de contextos de violencia y exclusión que siguen afectando a jóvenes en el estado.
