En SLP el periodismo está afectado por amenazas directas y presiones gubernamentales

Marcela Del Muro

Durante las primeras semanas del proceso de investigación para el estudio Desierto de noticias locales, un colaborador de la oficina de Comunicación social del Gobierno del Estado de San Luis Potosí solicitó explicaciones sobre la naturaleza y el objetivo de las encuestas aplicadas a periodistas y medios de comunicación.

Se trata del único estado del país donde se registró una petición de esa naturaleza por parte de una autoridad, lo que precisamente refleja uno de los hallazgos del estudio: en San Luis Potosí hay un fuerte control de la narrativa en los medios de comunicación por parte de los gobiernos estatal y municipales.

Algunos de los periodistas encuestados y entrevistados denunciaron intimidaciones directas e indirectas, bloqueos informativos, presiones a través de convenios públicos, acoso por parte de autoridades e, incluso, de otros medios afines a intereses gubernamentales que han participado en campañas de desprestigio contra periodistas y medios de comunicación críticos.  

Desiertos de noticias locales es una investigación que mapea las condiciones en las que se ejerce el periodismo local en México, Argentina, Chile, Colombia y Perú. Es una iniciativa impulsada por la Fundación Gabo y liderada en México por la organización periodística Quinto Elemento Lab.

Para el estudio en México se seleccionó una muestra que representa el 14 por ciento del territorio nacional: 351 municipios en los 31 estados y la Ciudad de México, de los cuales 149 municipios (42.5 por ciento) son desiertos informativos, 93 municipios (26.5 por ciento) son semidesiertos informativos, 61 municipios (17.4 por ciento) son semibosques informativos y 48 municipios (13.6 por ciento) son bosques informativos. Es decir, en casi la mitad del territorio estudiado no existen o son muy débiles las condiciones para el ejercicio del periodismo local.

En San Luis Potosí se estudiaron 11 municipios en las cuatro zonas del estado, una muestra que representa el 18.6 por ciento del territorio. Los resultados muestran una tendencia similar a la obtenida nacionalmente. Casi la mitad del territorio estudiado, cinco municipios (46 por ciento), son desiertos informativos; tres municipios (27 por ciento) son semidesiertos informativos, un municipio (9 por ciento) es semibosque informativo y dos municipios (18 por ciento) son bosques informativos.

Características del ecosistema mediático potosino

El sistema de medios potosino es una combinación de medios tradicionales y digitales. Las redes sociales han ganado terreno, aunque la entidad está entre los 10 estados con menor conectividad, lo que dificulta la puesta en marcha de proyectos nativos digitales. Hay una concentración mediática en las ciudades principales: San Luis Potosí, Ciudad Valles, Matehuala y Rioverde.

Durante esta investigación se estudiaron 11 de los 59 municipios del estado, con encuestas a 23 medios que en conjunto emplean a 181 periodistas, 76 de los cuales son mujeres. La presencia de las mujeres en las redacciones no llega a ser todavía equitativa, sobre todo en puestos de toma de decisiones, y la de los grupos diversos es todavía menor: tres medios informaron tener presencia de integrantes del colectivo LGBTQIA+ y otros tres dijeron tener entre sus colaboradores a personas indígenas.

La forma de vinculación laboral predominante es el contrato formal por tiempo indefinido (10 respuestas), pero la vulnerabilidad laboral queda expuesta cuando se suman las otras formas de contratación utilizadas en los medios: empleo informal (seis medios), pago por notas o coberturas (cuatro), trabajo independiente (cuatro) y trabajo voluntario (cuatro).

La mayoría de los medios estudiados son de propiedad privada y sus principales fuentes de financiamiento son el contenido patrocinado y/o publirreportajes, la financiación pública, la creación de contenido para clientes y las donaciones particulares. De los 23 medios encuestados, 11 informaron que la mitad o más de sus ingresos provienen del sector público.

Guadalcázar, San Nicolás Tolentino, San Martín Chalchicuautla, Tancanhuitz y Xilitla se categorizaron como desiertos informativos, donde son prácticamente inexistentes los proyectos y periodistas informando a la población. En los pocos casos donde se encontraron medios y periodistas, la influencia del Estado o la presencia de grupos criminales (o ambas) han vuelto complicado el ejercicio periodístico. Ante la ausencia de medios formales, los habitantes suelen recurrir a Facebook para informarse entre ellos acerca de lo que acontece en sus localidades.

Matehuala, Santa María del Río y Tamazunchale se declararon como semidesiertos informativos, pues son lugares con escasa oferta informativa, donde hay presiones gubernamentales y el crimen organizado tiene una presencia relevante. En Matehuala hay cierta pluralidad de medios y periodistas, pero es observable que la creciente presencia de grupos delictivos (en ocasiones coludidos con policías y autoridades) ha generado un clima de silenciamiento y autocensura, tornando muy peligrosa la labor informativa.

El único semibosque informativo es Rioverde, un lugar que se caracteriza por la existencia de algunos medios. Estos proyectos suelen ofrecer a la ciudadanía espacios para denunciar las problemáticas que viven sus localidades, pero también se evidenció que hay presiones gubernamentales, silenciando ciertas temáticas que apuntan o no favorecen al Ayuntamiento o al gobierno estatal.

Los bosques informativos encontrados son San Luis Potosí y Ciudad Valles, municipios dinámicos con una oferta plural de medios de comunicación, incluidos medios independientes y críticos, con periodistas especializados que hacen investigación y cubren temas de interés para la ciudadanía. Pero aun en estos bosques, se ha reportado intimidación directa o indirecta a medios y periodistas, bloqueos informativos e incluso violencia en contra de reporteros.

Agresiones contra periodistas y medios

Nacionalmente, ninguno de los 351 municipios y alcaldías analizados quedan libres de violencia contra los y las periodistas. Llama la atención que las agresiones gubernamentales reportadas superan a las del crimen organizado. La organización Artículo 19 documentó 639 agresiones contra periodistas en 2024, un incremento del 14 por ciento respecto del año anterior, y según este organismo, el Estado mexicano y autoridades de gobierno fueron responsables del 45 por ciento de esas agresiones.

En San Luis Potosí, el 65 por ciento de los 23 medios estudiados dijeron haber recibido amenazas en el último año. Las principales formas de hostigamiento fueron amenazas directas y digitales (nueve respuestas), presiones gubernamentales (siete), presiones económicas (tres), presiones del crimen organizado (tres), agresiones físicas graves (tres) y acoso judicial (una).

“Hemos recibido amenazas por llamadas y mensajes; represalias para presionarte, van y te clausuran tus negocios a pesar de que tengas todo en orden; utilizan recursos públicos para hacer campañas tratando de denostar tu trabajo, inclusive pagan desplegados enormes en periódicos para generar desprestigio por cuestionar actos de corrupción”, relata en entrevista Guadalupe González Covarrubias, vocero y fundador de la organización Ciudadanos Observando.

Las guerras de lodo por parte de los gobiernos no se han quedado únicamente en campañas de desprestigio en medios afines a sus intereses; es cada vez más común escuchar declaraciones de autoridades atacando directamente a medios críticos. “¿Qué les puedo decir de los panfletos? Los panfletos que todos los días están chingue y chingue. Amigas y amigos, esos panfletos, esos portales patito, antes recibían carretadas de dinero de los gobiernos pasados para que no hablaran mal”, señaló el gobernador Ricardo Gallardo Cardona en un video subido a sus redes sociales el pasado 27 de agosto.

Sin embargo, las estrategias de silenciamiento y censura contra la prensa en el estado han llegado a niveles críticos. En octubre de 2023, fueron hackeadas las páginas de Facebook de la organización Ciudadanos Observando y los medios Astrolabio Diario Digital, Pulso Diario de San Luis, Omar Niño Noticias, Canal 7, La Razón, La Brecha, El Mañana de Valles, Emsavalles, entre otros, desapareciendo sus páginas en esta red social. Algunos de los canales, como la página de Astrolabio, no pudieron recuperarse, perdiendo el historial de publicaciones de años de trabajo.

“Lo que vivimos en San Luis Potosí fue un fenómeno que no se ha repetido en ningún lugar, nosotros no tenemos datos de un antecedente así en México”, denuncia González Covarrubias. A finales de octubre, la organización Artículo 19 emitió una alerta tras documentar el ciberataque de las páginas de Facebook de 11 medios potosinos. 

“Yo creo que los objetivos eran amedrentar, tratar de demostrar que tienen poder y tratar de eliminar en las redes sociales estos cuestionamientos de corrupción y que no exista una memoria histórica para la ciudadanía. Es un daño gravísimo”, señala González Covarrubias. Hasta la fecha sigue sin saberse quiénes realizaron estos hackeos, que continúa siendo una agresión frecuente en los medios potosinos. 

Bloqueos informativos y consecuencias en la vida de los periodistas

Durante la fase de levantamientos de encuestas a medios y reporteros potosinos, en febrero y marzo de 2025, una periodista que cubría el municipio de Soledad de Graciano Sánchez en un reconocido medio estatal comenzó a ser agredida por el equipo de comunicación social de dicho municipio, que desde la entrada del actual alcalde, Juan Manuel Navarro, se ha caracterizado por su trato hostil y violento contra el gremio periodístico.

Soledad de Graciano Sánchez no es parte de los municipios estudiados en Desierto de noticias locales, sin embargo, el testimonio de la reportera es fundamental para comprender una de las prácticas más utilizadas en la actualidad por los gobiernos estatal y municipales: el bloqueo informativo, que atenta contra la libertad de expresión y vulnera el derecho de la ciudadanía a estar informado.

Uno de los principales obstáculos que percibió la periodista fue una falta de preparación de los puestos en el Ayuntamiento, que eran asignados por su cercanía al Partido Verde Ecologista de México (PVEM) sin contar con los conocimientos que los perfiles de los puestos requerían.

“Al momento de que yo realizaba mi trabajo, los de comunicación se molestaban porque preguntaba cosas obvias de sus funciones, cosas que cualquier funcionario que se encuentre en ese puesto debe de saber. Ahí empecé a notar una relación ríspida porque me decían: ‘No puedes sacar esto. Se equivocó la funcionaria, por favor, edita esta nota’”, relata la reportera.   

Los reclamos fueron aumentando, sobre todo cuando la periodista cubría manifestaciones o historias de ciudadanos que demuestran las incapacidades de las dependencias o los condicionamientos de servicios básicos –como el agua– y de apoyos gubernamentales, que son repartidos con fines electorales. Las notas que ella realizaba sobre esos temas no son publicadas por su medio, que cuenta con convenio público con el Ayuntamiento y con el Estado. 

“Empiezo a notar que ya no soy bienvenida en los eventos de Soledad, cuando voy a entrevistar a funcionarios, primero me interceptan y me dicen ‘¿qué vas a preguntar? ¿Cuáles son tus temas? Esto sí se puede, esto no’”, recuerda la periodista.

El punto de quiebre llegó tras cubrir la inauguración de una obra. Ella realizó una nota con el enfoque pedido por el medio, “fue una nota muy imparcial”, comenta la periodista. La nota fue publicada y la reportera recibió la llamada del entonces director de comunicación social: “¿Qué te pasa? Eso no lo puede sacar”, reclamó el funcionario, y la amenazó con mandar un derecho de réplica para que bajen la nota. 

Unos días después, sin una explicación clara del porqué, la reportera fue sacada de los grupos institucionales del Ayuntamiento y le prohibieron acudir a cubrir los eventos públicos. Una acción arbitraria, un acto de intimidación y un bloqueo laboral que se refleja en el bloqueo informativo.

La reportera avisó a su jefe en el medio, a una abogada especializada en libertad de expresión y a Artículo 19, la organización propuso emitir una alerta, pero la periodista comenzó a tener miedo de perder su trabajo si salía su testimonio públicamente.   

Uno de los hallazgos durante la fase de levantamiento de encuestas del estudio Desiertos de noticias locales es que factores como el miedo a perder el trabajo o incluso la vida ha llevado a los periodistas a desarrollar estrategias de autoprotección, como hacer coberturas en grupo, viajar en caravanas, recurrir a la encriptación de mensajes y correos, firmar notas sin nombre o incluso a tomar la medida más extrema: la decisión de no investigar ciertos temas y evitar publicar determinados contenidos.

Durante la última cobertura que realizó la periodista en Soledad sufrió agresiones directas: tuvo que realizar la entrevista de un funcionario público a escondidas, no le permitieron acceder al área de prensa, fue intimidada, aislada de sus compañeros reporteros y se le quitó su equipo telefónico, que le fue devuelto hasta el final del evento. 

“Yo me sentía muy vulnerable porque se hablan muchas cosas de ese municipio y uno se da cuenta que todo lo tienen super controlado. Hay un nivel alto de inseguridad, o sea, se siente, se ve, es palpable. No es un lugar en donde una se sienta segura. Yo considero que Soledad de Graciano Sánchez es un municipio de riesgo para todos los periodistas”, comenta la reportera.

La periodista no recibió un apoyo real de sus jefes en la redacción, se le asignó otra fuente donde se le pudiera vigilar y controlar sus notas, y se le prohibió la cobertura de temas que pudieran afectar la imagen de las autoridades. El director de comunicación del Ayuntamiento ha manipulado la acción arbitraria de bloquear el trabajo de la reportera, “ha hecho parecer que yo lo estoy haciendo adrede y que tengo mala fe en contra de Soledad”.

Las agresiones generan afectaciones laborales, físicas y psicológicas en los periodistas que las sufren y, algunas veces, se extienden a sus familias y círculos cercanos.

“Desde el inicio me sentí expuesta a diferentes formas de violencia y se tradujeron en insomnio, somatizaciones, irritabilidad, fatiga. Pero, después se convirtieron en sentimientos de impotencia porque me veo imposibilitada de responder frente a este aparato de comunicación que es más grande que los medios en los que trabajo, y eso me genera desesperanza, tristeza y estrés postraumático”, explica la periodista.

El estrés postraumático de la reportera le impide cubrir eventos en el municipio y, por salud mental y física, dejó de darle seguimiento a esos temas de corrupción que en algún momento documentó en Soledad.

Los periodistas de San Luis Potosí, y prácticamente de todo México, enfrentan malas condiciones laborales y de seguridad que imposibilitan el ejercicio del periodismo local de calidad. Los resultados del estudio Desierto de noticias locales revelan una crisis estructural del periodismo local en México, Argentina, Chile, Perú y Colombia.  

Consulta la investigación Desiertos de noticias locales aquí: https://quintoelab.org/project/desiertos-informativos-mexico-prensa-periodismo-local