Fernanda Durán
Ejidatarios de Escalerillas se movilizaron este viernes 14 de agosto en el Centro Histórico de San Luis Potosí para exigir que el Tribunal Superior Agrario (TSA) desista de reconocer la existencia de una comunidad agraria dentro de ese territorio, una determinación que, advirtieron, podría provocar un conflicto por la posesión de las tierras que actualmente integran el ejido.
Decenas de integrantes del núcleo agrario, encabezados por el presidente del Comisariado Ejidal, José Ramón Moreno Valero, marcharon desde las inmediaciones del Jardín Colón hacia las instalaciones del Tribunal Unitario Agrario (TUA), donde reclamaron respeto a la extensión territorial y los derechos que aseguran corresponden históricamente al Ejido de Escalerillas.
De acuerdo con los manifestantes, alrededor de 2 mil familias, entre ejidatarios, posesionarios y avecindados, podrían verse afectadas por el litigio.
Moreno Valero explicó que el origen de la protesta se encuentra en la decisión adoptada el pasado 1 de julio por el Tribunal Superior Agrario, cuando cuatro de sus integrantes votaron a favor y uno en contra (correspondiente a su presidenta) para atraer los expedientes 163/2022 y 715/2021.
En ambos juicios se encuentra en discusión la posible existencia de un núcleo agrario de carácter comunal en Escalerillas. Según el presidente del Comisariado, reconocer simultáneamente una comunidad y el ejido podría generar incertidumbre sobre la propiedad y posesión de las tierras.
Los ejidatarios sostienen que la controversia ya había sido resuelta previamente. Moreno Valero señaló que el 24 de agosto de 2020 el Tribunal Unitario Agrario determinó que únicamente existe el Ejido de Escalerillas, al que atribuyó una superficie de 5 mil 815 hectáreas.
Según las cifras proporcionadas por el Comisariado, el núcleo está integrado por 302 ejidatarios, alrededor de mil 700 avecindados y aproximadamente 250 posesionarios.
La inconformidad se concentra ahora en la posibilidad de que el TSA adopte una resolución distinta al criterio que, aseguran, había prevalecido anteriormente. Los manifestantes señalaron particularmente al magistrado ponente Alberto Pérez Gasca y pidieron que no se reconozca un núcleo comunal sobre terrenos que consideran pertenecientes al ejido.
Durante la movilización, el discurso de los representantes agrarios escaló hasta advertencias sobre un posible enfrentamiento si la disputa no encuentra una solución institucional. Moreno Valero recurrió a antecedentes históricos de la comunidad para dimensionar el conflicto y aseguró que hace más de un siglo habitantes de Escalerillas murieron en defensa de las mismas tierras: “Nos hemos defendido de manera pacífica, pero ya estamos hartos”, expresó.
“Si esto llega a aumentar, si esto llega a agrandarse, tengo la plena seguridad, y se los aseguramos, que vamos a volver a los antecedentes de hace 102 años, donde nuestros bisabuelos, donde nuestros abuelos murieron por estas tierras. Si es necesario, tendrá que volver a correr sangre para defender nuestras tierras, para defender nuestro patrimonio”.
Los ejidatarios insistieron en que pretenden sostener la defensa de sus derechos mediante documentos agrarios y antecedentes históricos, aunque señalaron que el escenario podría radicalizarse en caso de considerar que las instituciones no atienden sus reclamos.
“Vamos a seguir peleando y vamos a seguir en la lucha. Si quieren, escúchenos. Si no, aténganse a las consecuencias y no se arrepientan después de que no venimos a avisar, de que no sabían, de que desconocían el tema”, manifestó Moreno Valero.
El representante ejidal acusó además a personas vinculadas con quienes buscan el reconocimiento de la comunidad de haber intentado disponer de más de mil hectáreas pertenecientes al ejido mediante contratos que ellos consideran irregulares.
En particular, señaló a un grupo encabezado por María Dolores Bravo, al que acusó de haber celebrado operaciones con empresas inmobiliarias sobre terrenos en disputa.
“Traen contratos millonarios hasta de 124 millones de pesos en un contrato, en otros más de 60 millones de pesos de los cuales la parte contraria sí está afectando”.
Además de acudir al Tribunal Agrario, los manifestantes buscaron llevar su inconformidad al Congreso del Estado. Moreno Valero reprochó:
“Como los diputados son bien trabajadores, resulta que no están en sus oficinas, entonces por ahí dejamos ya el mensaje, ya saben lo que tienen que hacer, ya saben que si no somos escuchados, ya no volveremos con esta paciencia que traemos”.
También cuestionó la ausencia de representación política en la zona y aseguró que no han tenido acercamiento con el diputado local correspondiente a su distrito, es decir, con la diputada del Partido Verde, Aranzazu Puente Bustidui.
“Desafortunadamente, en nuestro distrito, jamás, jamás hemos visto a nuestro diputado local. Entonces, ¿quién nos defiende? ¿Quién defiende la ley? ¿Quién defiende nuestros derechos como ciudadanos?”.
El dirigente pidió que la controversia sea atendida antes de que la tensión aumente y sostuvo que los legisladores deben involucrarse en la defensa de la legalidad y de los derechos agrarios de los habitantes.
“Como dicen mis compañeros, hoy no comienza una manifestación, ¡hoy comienza la guerra!”.
