Desiree Madrid
Las instituciones de seguridad pública estatales y municipales de San Luis Potosí, así como las de procuración de justicia, deberán incrementar su estado de fuerza en un 25 por ciento antes de diciembre de 2029, mientras que los ministerios públicos de las fiscalías estatales tendrán que crecer un 30 por ciento en el mismo plazo. Ese es el primero de cinco acuerdos aprobados por el Consejo Estatal de Seguridad Pública durante su Segunda Sesión Ordinaria de 2026, celebrada el pasado 20 de marzo.
El segundo acuerdo establece que los 59 municipios del estado deben dar cumplimiento a los criterios del Sistema Nacional de Seguridad Pública en materia de administración, aplicación y ejecución de los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios, conocido como FORTAMUN, y destinar al menos el 20 por ciento de esos recursos a seguridad pública.
El tercero precisa el destino de ese 20 por ciento: los municipios deberán utilizarlo para adquirir bienes o servicios orientados a generar o actualizar su conectividad con el Sistema Nacional de Información e Inteligencia para la Seguridad Pública, mejor conocido como Plataforma México.
Los compromisos fueron certificados por la secretaria técnica y ejecutiva del organismo, Nohemí Proal Huerta, y publicados en el Periódico Oficial del Estado el 8 de mayo, 49 días después de celebrada la sesión. Los acuerdos establecen metas concretas que los 59 municipios potosinos y las instituciones de seguridad estatales deberán cumplir en los próximos años.
El cuarto acuerdo involucra tanto a los 59 municipios como a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y les obliga a implementar un programa de profesionalización continua para sus elementos, que deberá desarrollarse con base en el Programa Rector de Profesionalización emitido por el Sistema Nacional de Seguridad Pública, que establece los estándares nacionales en materia de formación y capacitación para las instituciones policiales del país.
El quinto acuerdo se enfoca en la obtención del Certificado Único Policial. Tanto los municipios como las instituciones de seguridad pública estatal deberán realizar las gestiones administrativas necesarias para que sus elementos cuenten con la certificación, en coordinación con el Centro de Evaluación y Control de Confianza del estado y las instituciones correspondientes. Este certificado acredita que los elementos cumplen con los requisitos de evaluación, capacitación y control de confianza establecidos por la normatividad vigente.
En la misma sesión del 20 de marzo, el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona, en su calidad de presidente del Consejo Estatal de Seguridad Pública, tomó protesta a José María Padilla Hernández y Carmenchu Torres Vilet como nuevos representantes de la sociedad civil ante el organismo. Su incorporación responde al mandato legal que establece la participación ciudadana en el Consejo como parte del diseño y seguimiento de la política de seguridad pública estatal.
Los acuerdos fueron publicados en el Periódico Oficial del Estado en edición extraordinaria con fecha del 8 de mayo de 2026, 49 días después de celebrada la sesión en que fueron aprobados. La certificación del documento estuvo a cargo de Nohemí Proal Huerta, con fundamento en el artículo 14 fracciones III y XXIX del Reglamento Interior del Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública, y con sustento en los artículos 44 y 46 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de San Luis Potosí.
Los cinco acuerdos abarcan los ejes de incremento de personal, ejercicio del gasto municipal en seguridad, conectividad tecnológica, profesionalización y certificación policial. Su cumplimiento queda en manos de los 59 ayuntamientos potosinos y de las instituciones de seguridad pública estatal, con el horizonte de diciembre de 2029 como fecha límite para los compromisos de mayor plazo.
