Leticia Vaca

En sesión virtual del próximo jueves 21 de mayo será votada por los diputados locales la improcedencia de las iniciativas con las que se buscaba la despenalización del aborto antes de las 12 semanas de gestación. 

Ambas iniciativas, una propuesta por activistas y Alejandra Valdés Martínez y otra también de activistas y respaldada por Pedro César Carrizales Becerra, Angélica Mendoza Camacho, Marite Hernández Correa y Rosa Zúñiga Luna, fueron consideradas como improcedentes por los integrantes de las Comisiones que llevaron a cabo su análisis: Puntos Constitucionales; Justicia, Derechos Humanos, Igualdad y Género y Salud y Asistencia Social. 

En la iniciativa que fue respaldada por Valdés Martínez se aclaró incluso que, de llevar a la  práctica un aborto después de las 12 semanas se le impondría una pena de seis a nueve meses de prisión.  “A la mujer que voluntariamente practique su aborto o consienta en que otro la haga abortar después de las 12 semanas de embarazo, se le impondrá una pena de seis a nueve meses de prisión y sanción pecuniaria de hasta cien días del valor de la unidad de medida y actualización. En este caso, el delito de aborto sólo se sancionará cuando se haya consumado”.

Y en materia de salud se demandó que “la Secretaría de Salud del Estado proporcionará los servicios necesarios para la interrupción del embarazo en condiciones de calidad y de forma gratuita, de conformidad con los supuestos previstos en el Código Penal del Estado de San Luis Potosí, cuando la mujer embarazada así lo solicite y en apego a la aplicación de la NOM-046-SSA2-2005”. 

En el caso de otra propuesta, se pidió la opinión de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), en la cual señaló que “no sirve de nada penalizar el aborto para ‘proteger’ la vida intrauterina, porque penalizado o no la realidad es que miles de mujeres en todo el mundo acuden a esta trágica solución a un problema concreto, las mujeres abortan en condiciones de clandestinidad,por lo que ponen en riesgo su vida, así, la interrupción legal del embarazo implica una postura a favor de la protección de vida de las mujeres y niñas”. 

Sin embargo, en ambos casos los argumentos planteados por los promoventes no fueron suficientes para que en las comisiones dictaminadoras se aprobaran ambas iniciativas.