Estela Ambriz Delgado
En relación a los diversos eventos institucionales en conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, celebrado el pasado 9 de agosto, Juan Felipe Cisneros Sánchez, del Observatorio Indígena Mesoamericano (OIM), consideró estos actos como hipócritas, dado que en los hechos no se refleja en una inclusión en la agenda de las problemáticas y condiciones que afectan a los pueblos originarios, que es el objetivo del establecimiento de la fecha.
El activista señaló que, con el pretexto de la fecha, las autoridades hacen una “fiesta de la hipocresía” en la que se visten con trajes típicos indígenas para tomarse fotografías y “exposiciones vanas, conferencias demagógicas y discursos llenos de furor para congraciarse de la diversidad cultural un día, pero olvidándola el resto de los 364 días del año”, junto con sus derechos, así como la atención de sus necesidades y demandas.
Afirmó que los presidentes municipales ningunean a las autoridades comunitarias indígenas y les escatiman sus presupuestos; las y los diputados son omisos en realizar armonizaciones y reformas necesarias a las leyes locales en relación a la reforma del artículo 2º constitucional; y los servidores públicos sistemáticamente imponen sus criterios asistencialistas.
En este sentido, cuestionó qué es lo que celebran y puntualizó irónicamente si sería el abandono de las economías indígenas y campesinas, sumidas en la precariedad y en la pobreza extrema; o la imposición de sistemas educativos carentes de una perspectiva intercultural, sin reconocer la identidad, la lengua y la escritura indígena.
Asimismo, los sistemas de salud que se niegan a interactuar y reconocer la medicina indígena y sus procedimientos que realizan los médicos tradicionales y las parteras; la imposición de sistemas de justicia que no respetan el pluralismo jurídico de los pueblos y comunidades; el abandono de los problemas agrarios sujetos a una burocracia ahora digitalizada, cada vez más lejana a los pueblos y comunidades.
Los delitos de la desaparición forzada y los casos de trata de personas en el ámbito laboral en los campos agrícolas, así como de explotación de la mano de obra indígena; la violencia, discriminación y desigualdad que viven las mujeres indígenas; y la imposición de barreras para ejercer sus derechos, limitando su participación en la vida social, política, económica y cultural.
Los problemas estructurales para que la juventud indígena pueda acceder sus derechos a la educación, a la salud, a la recreación, que limitan sus oportunidades de desarrollo profesional y laboral, sin un modelo de atención adecuado su identidad indígena, y una invisibilización en la agenda pública; el despojo territorial en ciernes por la entrada de la exploración y extracción de hidrocarburos con la fracturación hidráulica o fracking, en la zona Huasteca.
El objetivo de conmemorar la fecha
Cisneros Sánchez apuntó que, muy posiblemente las autoridades que celebran desconocen que el 23 de diciembre de 1994, la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció la importancia de incluir en la agenda internacional las problemáticas y condiciones que afectan a los pueblos indígenas en todo el mundo.
Se decidió establecer el 9 de agosto como el Día Internacional de los Pueblos Indígenas con el objetivo de promover la colaboración entre países para abordar y resolver asuntos relacionados con la salud, educación, economía, medio ambiente, uso del suelo, desarrollo y derechos humanos de los pueblos y comunidades indígenas.
“Se supone que las autoridades gubernamentales tienen la obligación de concientizar a la sociedad sobre la relevancia histórica de los pueblos indígenas y destacar sus valiosas contribuciones al fortalecimiento de la integración y el respeto cultural. Pero en realidad, en el mayor de los casos; las mismas autoridades ignoran y socavan los derechos indígenas sistemáticamente. Por ello ‘folklorizan’ la fecha, eludiendo con ello su obligación de promover, respetar, defender y garantizar los derechos indígenas”.
El activista expresó que la fecha debe servir para visibilizar ante la sociedad la compleja problemática que viven los pueblos, comunidades y personas indígenas que, siendo los primeros en hecho, continúan siendo los últimos en derecho.
“En el fondo estos actores solo utilizan la fecha para hacerse ver en la pasarela política, pues el 2027 esta a la vuelta de la esquina. La hipocresía política afecta a las instituciones, genera desconfianza y polarización”.
