Por Victoriano Martínez
El Ayuntamiento de San Luis Potosí enfrenta 471 demandas laborales ante el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, de las cuales cuando menos 302 se iniciaron durante la administración de Ricardo Gallardo Juárez, según se desprende del Informe Final de Auditoría a su Cuenta Pública 2016, elaborado por la Auditoría Superior del Estado.
El informe es de 52 páginas, de las cuales en 34 “se detallan los juicios de orden laboral en los que el Municipio mantiene un proceso legal pendiente de resolver”, es decir, en dos de cada tres páginas se describen demandas laborales.
“El Municipio fue omiso en manifestar en su Cuenta Pública del ejercicio 2016, la cuantificación y registro en cuentas de orden de los juicios laborales, pues la falta de esta información no permitirá la identificación de posibles responsabilidades que puedan, o no, presentarse por estos laudos en el futuro. Contraviniendo el artículo 49, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental”, señala el comentario al final del listado de demandas.
En la plantilla laboral a la segunda quincena de abril aparecen poco más de tres mil 200 empleados municipales, lo que representa que la actual administración ha provocado cerca de una demanda por cada diez trabajadores.
De las 471 demandas, en 339 se pide la reinstalación de los trabajadores, en 117 se solicita el pago de la indemnización que les corresponde y demandas por el pago de prestaciones son 26 demandas. En 34 demandas se exige al ayuntamiento el pago de pensiones, reconocimientos de antigüedad, pensión por invalidez y nueve conceptos más.
El 64 por ciento de las demandas se iniciaron entre finales de 2015 y 2016, en tanto que las cuatro demandas más antiguas corresponden a los años 2007 y 2008.
