Fernanda Durán
La Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) desactivó formalmente este martes 22 de septiembre el Código SAM, mecanismo interno creado para brindar atención inmediata y acompañamiento a estudiantes ante situaciones de violencia, luego de informar que concluyó el proceso específico por el cual fue activado en noviembre de 2025.
A través de un comunicado emitido por la Dirección y la Coordinación de la Unidad de Género de la Facultad, se informó la desactivación después de casi diez meses de funcionamiento de este mecanismo.
“Hoy, después de que el proceso que activó el código ha llegado a su cierre, queremos comunicarles que mañana, a las 10:00 horas, realizaremos la desactivación formal del Código SAM en nuestra Facultad”, señala el posicionamiento fechado el 21 de septiembre.
La Facultad no precisó en su publicación cuál fue el caso concreto que motivó aquella activación, en qué consistió su resolución ni qué determinación permitió considerar concluido el proceso. Tampoco identificó a las personas involucradas.
La desactivación tampoco significa la desaparición del Código SAM como mecanismo de atención. La propia Facultad puntualizó que dejará de operar respecto del caso para el cual fue activado y podrá utilizarse nuevamente cuando alguna situación lo requiera.
“El código se desactiva para este caso, pero nuestro compromiso permanece. Esperamos no tener que volver a su activación, pero si algún día fuera necesario, que nunca falten quienes escuchen, acompañen y estén”.
El Código SAM surgió en medio de las protestas de 2025
La implementación del Código SAM ocurrió en noviembre de 2025, semanas después de las protestas estudiantiles que comenzaron en la Facultad de Derecho y se extendieron a otros espacios de la UASLP ante un caso de presunta violencia sexual contra una estudiante.
Las movilizaciones colocaron nuevamente en la discusión universitaria la atención de casos de violencia de género y recuperaron, entre otras exigencias, la memoria de Samantha Joselyn Rodríguez Rojas, estudiante de la Facultad de Medicina que fue asesinada en marzo de 2016.
Su caso volvió a aparecer en carteles, pronunciamientos y expresiones de estudiantes, mientras colectivas y familiares cuestionaron que, después del proceso penal seguido por su feminicidio, Gamaliel N., señalado y procesado por su muerte, recuperara posteriormente su libertad y pudiera concluir sus estudios de Medicina.
En ese contexto, el 25 de noviembre de 2025 la Facultad de Medicina presentó el Manual de Ruta de Atención a Casos de Violencia y puso en marcha oficialmente el Código SAM, denominado así en memoria de Samantha.
Durante la presentación, la propia Facultad reconoció que el mecanismo también respondía a las demandas formuladas por el alumnado. Frida Aguilera Díaz de León, responsable de la Unidad para la Igualdad de Género y Derechos Humanos, explicó las necesidades identificadas a partir del pliego petitorio estudiantil y del foro PASE realizado previamente.
El Código fue planteado como una ruta interna de atención estructurada en cuatro niveles, desde la intervención hasta la sanción, con el propósito de establecer mecanismos de acompañamiento y respuesta frente a situaciones de violencia.
La ceremonia contó además con la presencia de Patricia Rojas Rico, madre de Samantha, y del director de la Facultad de Medicina, Ismael Francisco Herrera Benavente. En aquel momento, la Facultad sostuvo que el nombre SAM no correspondía a siglas, sino que buscaba mantener presente la memoria de la estudiante y convertirla en un compromiso institucional frente a la violencia.
El anuncio ocurre además en un contexto en el que la atención institucional de casos de violencia dentro de Medicina ha sido objeto de cuestionamientos de estudiantes y colectivas universitarias, particularmente por los tiempos de respuesta, la aplicación de medidas precautorias y la conclusión de procedimientos internos.
Apenas en junio, la colectiva Halcones Morados exigió una resolución en el procedimiento relacionado con Gustavo N., alumno de Medicina señalado por presunta violencia sexual. En respuesta, tanto la Oficina de la Abogacía General como la Defensoría de los Derechos Universitarios informaron sobre los procedimientos que mantenían abiertos dentro de sus respectivos ámbitos de competencia.
La Abogacía General informó entonces que su investigación administrativa había concluido desde marzo con un informe en el que encontró “elementos suficientes que hacen presumible la responsabilidad del estudiante señalado”, aunque en ese momento el procedimiento continuaba en las etapas posteriores de substanciación.
Por separado, la Defensoría informó que mantenía una investigación relacionada con una solicitud presentada en mayo de 2025 por hechos de violencia de género presuntamente ocurridos fuera de las instalaciones universitarias, además de señalar que existía un procedimiento ante la Fiscalía General del Estado.
La Dirección y la Unidad de Género cerraron su posicionamiento con un reconocimiento a quienes recurrieron al mecanismo: “A quienes confiaron en esta ruta: Gracias por confiar, por alzar la voz y por permitirnos acompañarles”.
