María Ruiz
Con un reclamo dirigido al gobernador Ricardo Gallardo Cardona y cuestionamientos al funcionamiento del sistema de justicia penal, familiares de Silvia Gómez se manifestaron este miércoles 11 de noviembre en el Centro Integral de Justicia Penal de San Luis Potosí. Exigieron que el proceso por el feminicidio ocurrido en 2017 llegue a una sentencia definitiva y que se atienda su preocupación por la permanencia de Olegario N. bajo prisión domiciliaria.
La inconformidad de la familia no se limita al cambio de medida cautelar. Durante la movilización, señalaron que el procedimiento se ha prolongado entre recursos legales y audiencias que, según su relato, se aplazaban por distintas circunstancias, lo que fue acumulando meses y años de espera sin que se resolviera el caso.
Uno de los puntos que cuestionaron es la aplicación de las reglas del sistema penal acusatorio. Los familiares señalaron que, al cumplirse el límite legal de la prisión preventiva sin que existiera una sentencia, el imputado tuvo que dejar el centro penitenciario y continuar el proceso bajo otra medida cautelar. Para ellas, resulta contradictorio que el paso del tiempo y los retrasos del procedimiento terminen por modificar las condiciones en que el acusado enfrenta la justicia, mientras la familia de la víctima continúa esperando una resolución.
Durante la manifestación señalaron que el Código Nacional de Procedimientos Penales establece que la prisión preventiva no puede exceder de dos años, salvo que su prolongación se deba al ejercicio del derecho de defensa del imputado. Si se cumple ese plazo sin sentencia, la persona debe ser puesta en libertad mientras continúa el proceso, sin que ello impida imponer otras medidas cautelares.
La familia cuestionó precisamente que, después de tantos años, el expediente no haya llegado a una resolución. Arcelia Gómez Cervantes, hermana de Silvia, señaló que las audiencias se fueron retrasando por diferentes motivos y que la defensa promovió recursos que, desde su perspectiva, prolongaron todavía más el procedimiento.
“Si la Fiscalía sabía que eso a nosotros como víctimas nos iba a perjudicar, ¿por qué no lo sentenciaron? Tenían las pruebas en el expediente”, reclamó.
Entre los episodios que la familia ha señalado está la suspensión de una audiencia relacionada con el procedimiento de amparo, que atribuyeron a problemas de notificación al imputado. Para los familiares, este tipo de situaciones refleja cómo las diligencias que deberían permitir avanzar en el caso terminan posponiéndose, mientras ellos continúan sin una respuesta definitiva.
Arcelia también expresó:
“No puede ser posible que el presunto tenga más derechos que nosotros”.
En ese contexto, la familia dirigió su exigencia a Ricardo Gallardo Cardona para que intervenga ante las autoridades correspondientes y atienda su reclamo. Arcelia cuestionó que las familias tengan que salir a manifestarse reiteradamente para conseguir que sus casos sean escuchados y que las instituciones respondan por los retrasos.
La hermana de Silvia advirtió que no descartan intensificar sus movilizaciones si no obtienen respuestas. “¿Necesitan que hagamos marchas? ¿O qué quieren? ¿Que cerremos calles, que cerremos carreteras, que perjudiquemos a terceros?”, cuestionó al referirse a la falta de atención que han enfrentado.
La preocupación por la medida cautelar también fue expresada por Óscar Gómez, hermano de Silvia, quien sostuvo que la familia teme que Olegario N. vuelva a evadir a las autoridades. El acusado permaneció prófugo durante seis años, hasta que fue detenido en Estados Unidos en 2023. Óscar señaló que el temor aumentó luego de que, según su relato, el imputado no acudiera a una audiencia la semana anterior.
“Lo que queremos es justicia y que vuelva a regresar aquí a La Pila”, manifestó.
Los familiares aseguraron que el desgaste emocional de estos años ha sido profundo y que, aunque no han recibido amenazas directas, viven con preocupación por la posibilidad de que el imputado vuelva a sustraerse del proceso. Su reclamo es que las autoridades no reduzcan el caso a una discusión sobre plazos y medidas cautelares, sino que garanticen que el procedimiento avance y llegue a una sentencia.
