María Ruiz
A un día de cumplirse dos años de la tragedia ocurrida el 7 de junio de 2024 en el antro Rich, familiares de las víctimas informaron que recientemente sostuvieron una reunión con autoridades municipales, encuentro en el que expusieron diversas inquietudes relacionadas con el caso y entregaron un documento formal solicitando información y respuestas sobre distintos temas.
El señor Ramón Infante, víctima colateral por la muerte de su hijo, informó que durante el encuentro estuvo presente la secretaria general del Ayuntamiento de San Luis Potosí, Ángeles Rodríguez, a quien hizo entrega de un escrito elaborado y firmado por él mismo.
“Tuvimos una entrevista con la secretaria del Ayuntamiento de la capital, Ángeles Rodríguez, y se le entregó este documento donde le solicito me informe diversos temas relacionados con el caso”, expresó.
El documento fue elaborado por Juan Ramón Infante Guerrero y está fechado el 5 de junio de 2026 en San Luis Potosí. El escrito va dirigido a Ángeles Rodríguez, secretaria general del Municipio de San Luis Potosí; con copia para Gabriela López López, contralora del Municipio de San Luis Potosí; y cuenta con sellos de recibido tanto del Ayuntamiento como de la Contraloría Interna Municipal con fecha 5 de junio de 2026.
Uno de los principales asuntos expuestos durante la reunión fue la falta de aplicación del nuevo Reglamento de Comercio municipal y de la plataforma digital que se anunció como un mecanismo de consulta pública para establecimientos considerados de alto impacto.
“Se le solicitó me informe por qué motivo después de un año no entra en vigor el nuevo reglamento de comercio, así como la plataforma digital que se comprometieron estaría en funciones”, señaló Infante.
El documento establece textualmente:
“Causa, motivo o razón de la inoperancia del nuevo reglamento de comercio para el municipio de San Luis Potosí aprobado en Cabildo hace aproximadamente un año acordando entrar en función en seis meses; incluía la plataforma digital aprobada dentro del mismo reglamento”.
Asimismo, el escrito agrega:
“Es lamentable, pero pareciera este documento un instrumento de simulación o argumento de fachada”.
Sobre este tema, Ramón Infante explicó que la finalidad de dicha plataforma consistía en que cualquier ciudadano pudiera consultar permisos y documentación relacionada con establecimientos considerados de alto impacto.
“Cualquier persona pudiera checar los documentos de los diferentes lugares de alto impacto de bebidas alcohólicas de la capital potosina; obviamente tienen intereses en que no funcione”, manifestó.
Otro de los temas abordados durante la reunión fue el retiro de sellos de suspensión, cintas de precaución y otros elementos colocados en Plaza Alttus después de la tragedia ocurrida el 7 de junio de 2024.
En el documento entregado a las autoridades municipales se solicita información específica sobre:
“Los documentos de los dictámenes y protocolos que avalen y garanticen la seguridad para el retiro de sellos, señaléticas, así como cintas de precaución con el aval de funcionarios del municipio de San Luis Potosí, del segundo piso de Plaza Alttus ubicada en Sierra Leona, fraccionamiento Villa Antigua”.
Ramón Infante explicó que la preocupación de las familias surge porque actualmente las personas nuevamente transitan por el área donde ocurrieron los hechos.
“Les estamos solicitando el motivo o razón por el cual se quitaron los sellos, las cintas y algunos otros elementos; se había reparado el famoso barandal de cristal de aquella tragedia del día 7 de junio de 2024, pero de igual manera el barandal quedó y la gente está transitando ahí”, declaró.
Añadió que, desde su perspectiva, los trabajos realizados en el sitio fueron únicamente estéticos.
“Únicamente se le dio ahí maquillaje estético arquitectónico”, afirmó.
Incluso el documento presentado por Ramón Infante advierte:
“Es lamentable que estas acciones irresponsables expongan la seguridad de quienes transitan el área o zona de esta plaza, donde realizaron trabajos de maquillaje estético de fachada, prevaleciendo vicios ocultos de alto riesgo en seguridad”.
Otro de los temas expuestos durante la reunión fue la responsabilidad institucional en situaciones de riesgo dentro de espacios públicos y eventos masivos.
Según relató Ramón Infante, durante la reunión también participó Rodrigo Espinoza, padre de Roy, quien cuestionó señalamientos atribuidos al alcalde Enrique Galindo Ceballos respecto a responsabilidades relacionadas con el caso.
“Rodrigo hizo una comparación respecto a los eventos que vienen del Mundial en Plaza de Fundadores y cuestionó qué pasaría si ocurriera un accidente y si también se responsabilizaría a las familias o asistentes por haber acudido al lugar”, comentó.
Asimismo, señaló que durante la reunión también intervino Carla, madre de Isabella —quien continúa enfrentando secuelas derivadas de los hechos—, y cuestionó quién responderá por las afectaciones que aún enfrentan las víctimas.
Infante señaló que continuarán realizando solicitudes formales y buscando respuestas por la vía institucional mientras avanza el proceso judicial relacionado con la tragedia ocurrida el 7 de junio de 2024, donde dos jóvenes perdieron la vida y otros más resultaron lesionados.
