María Ruiz
El proceso penal por la tragedia ocurrida en el antro Rich de la Plaza Alttus, que cobró la vida de dos jóvenes y dejó a otros más con lesiones graves en junio de 2024, ha alcanzado un punto de inflexión definitivo.
En las instalaciones del Centro de Justicia Penal, la autoridad judicial dio por concluida la etapa intermedia del proceso, dando paso a la depuración de las pruebas que serán utilizadas en el futuro juicio.
El señor Ramón Infante, padre de una de las víctimas mortales y quien ha encabezado la exigencia de justicia, dio a conocer los pormenores de esta resolución que cambia el rumbo del caso al incorporar a nuevos actores al estrado.
Durante el desahogo de esta jornada legal, el juez de la causa aprobó el listado definitivo de testigos que deberán presentarse a declarar ante el tribunal.
El señor Infante destacó la trascendencia de este avance procesal al señalar que la lista de testigos ya no se limitará únicamente a los particulares imputados, sino que involucrará directamente al aparato gubernamental que operaba en ese momento, pues “comparecerán funcionarios públicos estatales y municipales”.
Esta determinación judicial implica que el juicio oral no solo evaluará la responsabilidad de los administradores del establecimiento, sino también las posibles omisiones de las autoridades encargadas de la supervisión de la plaza. La inclusión de estos perfiles dijo, responde a la demanda de las familias de esclarecer el entramado de permisos que permitió al establecimiento operar de manera irregular.
En ese sentido, la atención de la asesoría legal de las víctimas se ha centrado en dependencias muy específicas del ámbito local.
El señor Infante detalló que las indagatorias avanzarán formalmente sobre las oficinas encargadas de otorgar las licencias de construcción y funcionamiento, enfocándose en las omisiones del funcionariado que encabezaban dichas áreas estratégicas durante el periodo de la tragedia.
“Hay funcionarios municipales en la lista que se revisará su grado de implicación en los hechos y su responsabilidad”.
La comparecencia de este y otros servidores públicos clave buscará determinar si existió una presunta responsabilidad penal o administrativa al permitir la operación de un espacio que no contaba con los dictámenes estructurales vigentes.
Los testimonios, según indicó Infante, serán confrontados con el expediente de la Contraloría General del Estado que ya documentaba advertencias previas de riesgo en el lugar.
A pesar de la conclusión de la audiencia intermedia, el inicio inmediato del juicio oral se encuentra retenido temporalmente debido a recursos técnicos presentados por los abogados de los imputados. El padre de la víctima explicó que existen cuestiones menores pendientes de resolver, así como un juicio de garantías constitucional que la defensa legal de los acusados interpuso para postergar la deliberación final.
“Faltan solo para cerrar etapa intermedia algunos tópicos solicitados por la defensa como unas multas interpuestas, pero no influyen en el proceso. Se necesita depurar solo un amparo interpuesto para hacer apertura a juicio; se realizará una audiencia extraordinaria para depurar esos tópicos”.
El desahogo de estos conceptos se llevará a cabo en una sesión especial programada por el tribunal, garantizando que el proceso llegue al juicio oral completamente limpio y sin lagunas legales que puedan argumentar los acusados. Una vez resuelto el amparo, el juez dictará el auto definitivo de apertura para el debate público.
La etapa final del juicio oral concentrará la atención pública, ya que en ella se definirá la situación jurídica de las tres personas que actualmente se encuentran procesadas y bajo investigación directa por el colapso del barandal.
Ramón Infante concluyó puntualizando que esta fase final someterá a un escrutinio riguroso todo el material probatorio recabado a lo largo de más de dos años, abriendo la puerta a una justicia integral para las diez familias afectadas.
“La apertura de juicio oral en contra de los tres acusados incluye también la apertura de pruebas, así como implicados en los hechos, incluye la comparecencia de funcionarios tanto municipales como estatales, así como determinar la responsabilidad de los mismos en los hechos. Considerando la valoración de pruebas por parte de la autoridad judicial se determinará el grado de implicación”.
