Desiree Madrid
Familias afectados por la drogadicción y representantes de centros de rehabilitación en San Luis Potosí lanzaron un llamado urgente a las autoridades para que atiendan la creciente problemática del consumo de drogas, especialmente entre jóvenes y menores de edad.
Saúl Montenegro Mendoza, vocero de un colectivo integrado por 53 centros de rehabilitación, advirtió que el principal obstáculo para enfrentar la crisis es la ausencia de políticas públicas y de apoyo económico a las organizaciones de la sociedad civil.
Subrayó que, mientras algunos recursos se destinan a instituciones específicas como el Instituto Temazcalli, la mayoría de los centros privados sobreviven con cuotas mínimas de las familias, lo que limita su capacidad de atención.
Mientras tanto, el consumo de drogas entre adolescentes ha aumentado de forma alarmante. Según Montenegro, la población más vulnerable se encuentra entre los 12 y 25 años, lo que demuestra el fracaso de las políticas de prevención primaria, por lo que en este contexto el enfoque debe trasladarse hacia la reducción de daños y la reinserción social.
Sin embargo, recordó que la actual legislación impide que los menores de edad reciban tratamiento en centros de rehabilitación, lo que deja sin alternativas a muchas familias.
La droga de mayor consumo actualmente es el cristal (metanfetamina), cuyo bajo costo y fácil acceso lo han convertido en una amenaza creciente, que además genera graves trastornos mentales entre los jóvenes.
Aunque la adicción afecta a diversos sectores, Montenegro puntualizó que en los últimos años ha tenido una incidencia marcada en la clase media alta.
A este llamado se sumó Guadalupe Ventura, madre de un joven en rehabilitación, quien pidió directamente a las y los diputados que acudan al evento convocado para visibilizar la problemática.
Destacó que no se busca cerrar centros, sino regularlos y fortalecerlos, con leyes que respondan a la realidad de las familias que enfrentan la adicción de un ser querido.
Tanto Montenegro como Ventura coincidieron en que es necesario cambiar la percepción social sobre las adicciones; dejar de ver a los consumidores como delincuentes para reconocerlos como personas con una enfermedad que requiere atención médica y apoyo integral.
La reinserción social, enfatizaron, solo será posible si se garantizan derechos fundamentales como la educación, el trabajo, la cultura y la salud, pero los recortes presupuestales en estas áreas han limitado el alcance de los esfuerzos de los centros.
El evento se realizará el jueves 28 de agosto a las 5 de la tarde en el Teatro Alarcón, con entrada libre. Está dirigido tanto a la ciudadanía como a legisladores y funcionarios con el objetivo de generar conciencia, exigir al Estado un apoyo real y fomentar que las instituciones de salud atiendan la drogadicción como el problema de salud pública que representa.
Durante la jornada también se brindará información sobre becas para quienes lo necesiten.
