Estela Ambriz Delgado
La politización que se ha dado en torno a los recursos asignados a las comunidades indígenas, a través del Fondo de Aportaciones de Infraestructura Social (FAIS), así como el nombramiento de Mario Godoy Ramos en la representación local del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), es una muestra de que aún se pretende utilizar a este sector de la población como “voto cautivo”, así lo considera Juan Felipe Cisneros Sánchez, integrante del Observatorio Indígena Mesoamericano (OIM).
El activista puntualizó que si bien la obtención de recursos para infraestructura básica para comunidades indígenas, autorizado por la presidenta de la República, Claudia Sheimbaum Pardo, deriva de una intensa demanda de las mismas para administrar de forma directa recursos públicos y exigir el autogobierno municipal indígena, la realidad es que sólo se aprobó un margen del 10 por ciento del presupuesto total, otorgando el 11 al Gobierno del Estado y el 79 a los gobiernos municipales.
Consideró inexplicable la arbitraria forma de dispersión del presupuesto siendo que, en el caso del estado, de los 23 municipios que tienen presencia indígena, en 11 de ellos este sector de la población representa más del 70 por ciento de la población total, lo que implicaría que más del 70 por ciento del presupuesto debería ser para las comunidades y no para los municipios.
“El intento del Gobierno Federal es plausible, no sé si es oportuno, pues estamos ya en pleno proceso por la sucesión por la gubernatura potosina, no quiero pensar que esta decisión presidencial sólo obedezca a la coyuntura electoral en ciernes. Aunque sus operadores locales han sido tan obvios que es imposible no tener una mente suspicaz”.
En este sentido, lamentó que el gobierno de la cuarta transformación continúe con el común denominador de los sexenios de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN), de que a los pueblos y comunidades indígenas se les percibe como el “voto cautivo” de los más excluidos y desfavorecidos, que convencían con migajas electorales y con un asistencialismo feroz.
“Con la irrupción de Morena en 2018 pareció que cambiaría todo hacia los indígenas; sin embargo, en medio del pragmatismo político el estado fue cedido al Partido Verde Ecologista de México (…) en 2025 la llegada de los recursos de infraestructura a comunidades indígenas está siendo politizada y su interés social queda relegado a las contradicciones existentes entre las fuerzas políticas que constituyen el escenario de la sucesión por la gubernatura en el estado”.
Por otra parte, abordó la cuestionada llegada del secretario de organización de Morena al INPI que destaca por ser “un caso de origen putrefacto”, dado su pésimo desempeño en su cargo político, por lo que fue depurado.
Igualmente, manifestó que el delegado de la Secretaría del Bienestar, Guillermo Morales, cree que puede serle útil para sus intereses y lo cobija como su empleado, incluso dotándole de chofer, rodeándole de los servidores nación para que lo promuevan, pues su arribo quedó marcado por el rechazo público de las representaciones comunitarias indígenas, por lo que inclusive le pesan juicios de amparo por no reunir los criterios de elegibilidad para este cargo que correspondería a un indígena tének, náhuatl o xi’uy.
“La usurpación de la identidad indígena es un aspecto sumamente criticado e inaceptable. Peor aún, a él le identifica como una persona alejada de la agenda indígena contemporánea que lucha por los derechos humanos y colectivos de los pueblos y comunidades. Lo ven como un injerto que es impuesto desde arriba, pero sin consenso desde abajo. Oportunista y arribista como siempre e identificado con el paternalismo y el indigenismo empresarial del pasado, no con los principios de Morena en el presente, menos con una visión vigente de derechos indígenas del propio INPI”.
Finalmente, Cisneros Sánchez afirmó que el titular de INPI, Adelfo Regino Montes, se equivoca en dar la espalda a la agenda histórica de los pueblos y comunidades indígenas, y apostar todo en la incongruencia y la mediocridad de un individuo que no tiene identidad indígena; por tanto no cumple con un aspecto fundamental para trabajar a favor del sector en el estado.
