María Ruiz
La violencia contra las mujeres en México comprende actos que van desde el abuso verbal, físico y sexual, hasta llegar al terrorismo sociocultural de género que resulta en feminicidio.
En San Luis Potosí, el feminicidio es considerado un crimen de odio y este delito está tipificado en su Código Penal desde el año 2011, en el artículo 135 que señala lo siguiente:
“Comete el delito de feminicidio quien priva de la vida a una mujer por razones de género. Se considera que existen razones de género cuando ocurra cualquiera de las siguientes circunstancias:
Exista, o haya existido una relación de parentesco; afecto; docente; o laboral, o cualquier otra que implique amistad, confianza, subordinación, o superioridad, entre la víctima y el agresor; Exista en la víctima signos de violencia sexual de cualquier tipo; Se halla infligido a la víctima, lesiones, o mutilaciones infamantes o degradantes, previas o posteriores a la privación de la vida; o actos de necrofilia; o que generen sufrimiento; Existen antecedentes de violencia, sexual, física, psicológica, patrimonial, económica, o de cualquier indicio de amenaza, producidas en el ámbito, familiar; laboral; o escolar, del sujeto activo en contra de la víctima. Existan datos que establezcan que hubo amenazas, acoso o violencia sexual, relacionados con el hecho delictuoso, del sujeto activo en contra de la víctima;
La víctima haya sido incomunicada, o privada de su libertad, cualquiera que sea el tiempo previo a la privación de la vida, y el cuerpo de la víctima sea expuesto de cualquier forma, depositado, o arrojado en un lugar público”.
Sin embargo, desde el inicio de ambas administraciones gubernamentales —tanto la estatal encabezada por Ricardo Gallardo Cardona, como la municipal presidida por Enrique Galindo Ceballos—, estos hechos de extrema violencia contra las mujeres parece ser considerado un tema desapegado a sus responsabilidades.
Lo que ha resultado en una omisión evidente y preocupante por parte de los tres poderes del Estado, que en lugar de implementar acciones y adoptar leyes que pongan fin a la violencia contra las mujeres, han preferido tomar una postura repleta de indiferencia.
A través de una solicitud de información con folio 240469822000159 presentada por Astrolabio Diario Digital, la Fiscalía General del Estado (FGE) dio a conocer las estadísticas de homicidios dolosos de mujeres, feminicidios y homicidios dolosos contra mujeres cometidos con arma de fuego, del año 2015 hasta febrero de 2022.
De los cuales este órgano público autónomo subrayó desconocer e ignorar —del total de estos casos comprendidos durante el lapso de seis años—, si existían o no signos de violencia sexual en las víctimas, mutilaciones, antecedentes de violencia doméstica; si existió o no una relación entre el agresor y la víctima; amenazas previas al asesinato; incomunicación de la víctima previa antes del asesinato; y si hubo o no exhibición o exposición del cuerpo en un lugar público.
Información que permite vislumbrar un panorama que expone las carencias para la investigación y clasificación de la muertes violentas de mujeres en el estado.
Feminicidio, las asesinadas que el Estado no quiere reconocer
Si bien el feminicidio se entiende como un asesinato intencional hacia una mujer por el hecho de ser mujer, la recabación de datos específicos y correctos sobre este delito en el estado de San Luis Potosí parece complicarse.
Se desconoce por completo si se aplican correctamente aquellas categorías analíticas que se consideran factibles dentro de una diligencia de investigación, y si esta contempla protocolos especiales, como la aplicación de métodos científicos y procedimientos bajo una perspectiva de género.
Desde el año 2016 a la fecha se han registrado un total de 133 feminicidios, de los cuales ocho fueron cometidos durante el primer año; 18 en el 2017; 27 en el 2018; 28 en el 2019; 27 en el 2020; 24 en el 2021 y solo uno hasta febrero del 2022.
Esta última cifra no concuerda con la información dada a conocer por el fiscal general, José Luis Ruiz Contreras, quien el pasado 14 de abril esclareció que hasta el momento, en lo que va de 2022, solo se han identificado como tal dos casos de feminicidio, uno en Tamuín y otro más en Cerritos.
En contraste, a través del oficio FGE/UT/450/2022, el vicefiscal de la FGE, Doroteo Paredes Granado, dio a conocer que hasta el mes de febrero del presente año se tenía tipificado solo un feminicidio cometido en el municipio de Salinas.
Información que no coincide siquiera con los municipios involucrados con los feminicidios anunciados por el fiscal general.
Lo que deja entrever que existe una falta de armonización en la información, o bien, de alguna manera se ocultan las verdaderas cifras de asesinatos de mujeres por cuestiones de género que acontecen en el estado.
Las víctimas de feminicidio que están contabilizadas dentro de las cifras 2016 – 2002, se encuentran en un rango de edad entre los cero meses hasta los 90 años.
Los municipios mayormente afectados por esta violencia de género extrema, durante estos seis años, son: San Luis Potosí con 23 casos, Soledad de Graciano Sánchez con 13 y Rioverde con ocho.
Entre los municipios donde al menos una vez se ha presentado algún caso de violencia feminicida, se encuentran: Matehuala, Mexquitic de Carmona, Santa María del Río, Tamazunchale, Villa de Arista, Villa de Ramos, Villa de Reyes, Ahualulco, Ciudad Fernández, Aquismón, Axtla de Terrazas, Tamazunchale, Zaragoza, Ciudad Valles, El Naranjo, Guadalcázar, Matlapa, Salinas, San Vicente Tancuayalab, Cedral, Ébano, Cerritos, Armadillo de los Infante, Tamasopo, Villa Hidalgo y Charcas.
¿Qué relata la nota roja?
Si bien las cifras proporcionadas por la FGE podrían ser consideradas una estadística oficial de la violencia que afecta a niñas y mujeres de todas las edades en la entidad, la narrativa y el trabajo documental de los medios de comunicación podrían aclarar de alguna u otra manera que la información proporcionada por las autoridades solo son un esbozo de lo que pasa en San Luis Potosí en torno a los feminicidios y muertes violentas de mujeres.
Desde el comienzo de las administraciones actuales, tanto estatal como municipal, de septiembre de 2021 hasta abril del año en curso, se han detectado un total de 27 notas periodísticas sobre asesinatos o muertes violentas de mujeres en todo el estado.
Todas ellas reflejan un nivel de violencia y brutalidad tan específico que cualquiera que conozca la tipificación de feminicidio en el Código Penal de San Luis Potosí, podría asegurar que se trata de un asesinato por razones de género.
¿Qué pasa en San Luis Potosí?, ¿por qué si existen tantas muertes violentas de mujeres que cumplen con las características para ser tipificadas como feminicidio, pero sus asesinatos no se encuentran dentro de las estadísticas?
Una abogada acompañante de madres víctimas colaterales de feminicidio, quien a solicitó se omita su nombre para evitar represalias en un contra, mencionó que todo se resume a una mala praxis en la procuración y administración de la justicia.
“Hace falta que se analice jurídicamente el tipo penal del feminicidio y que se entienda la importancia de incorporar de manera amplia la perspectiva de género en materia de procuración de justicia”.
Aunado a esto, la experta mencionó que los protocolos de investigación en el estado, además de ser obsoletos, carecen de personal que tenga las nociones suficientes sobre la metodología de la investigación de un feminicidio.
“Por eso podemos ver notas como la publicadas por medios informativos que describen de manera detallada el asesinato de una mujer, donde la violencia que padeció, la exhibición de su cuerpo y el contexto que rodea su asesinato indican que fue víctima de feminicidio. Sin embargo, las familias víctimas pueden enfrentarse a diligencias de investigación patriarcales y técnicas obsoletas de criminalística que determinarán de manera errónea que no se trató de ningún feminicidio”.
En este sentido, recalcó la abogada, los medios de comunicación fungen una labor muy importante, pues su base de datos refleja las cifras verdaderas de la violencia feminicida que aqueja a la entidad.
La simulación de la AVGM en San Luis Potosí
Es necesario precisar que dentro del listado (2016 – 2022) de los 29 municipios donde mayormente se ha cometido el delito de feminicidio, solo seis de ellos (San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez, Tamuín, Tamazunchale, Matehuala y Ciudad Valles) cuentan con la declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) desde junio del año 2017.
Se trata de un mecanismo de protección de los derechos humanos de las mujeres, establecido en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, el cual contempla acciones que deberán ser implementadas por el Gobierno del Estado y la administración de cada municipio integrante de este mecanismo, para erradicar la violencia feminicida.
Pero no fue hasta diciembre de 2018 que concluyó la mesa de trabajo para la revisión y análisis de la legislación estatal relativa a la declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres.
Esta Alerta se dictaminó a los seis meses de realizar un informe donde se expuso el contexto de violencia feminicida que aqueja a estos seis municipios del estado de San Luis Potosí.
La fase declaratoria de la AVGM fue respaldada por la Secretaría de Gobernación, al considerar que se debían implementar acciones para erradicar la violencia contra las mujeres en la entidad.
Sin embargo, las estadísticas sobre feminicidios anteriormente proporcionadas reflejan el nulo actuar de las autoridades y por supuesto, el estado permanente de simulación de esta declaratoria.
Desde 2018 este mecanismo fue contemplado año con año en los subsidios federales para llevar a cabo proyectos estatales para el cumplimiento de medidas específicas que contempla la AVGM.
El 9 de febrero de este año se dieron a conocer los resultados sobre los proyectos presentados para ser beneficiarios de los recursos destinados a las acciones de coadyuvancia para la AVGM del ejercicio fiscal 2022.
Una convocatoria que fue realizada por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (CONAVIM) y en el que participaron cinco organismos públicos de San Luis Potosí.
A cuatro de ellos (Centro de Justicia para las Mujeres (CJM), Instituto de las Mujeres del Estado (IMES), Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV) y al Sistema Integral de Portección a Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA)) no se les contempló en este ejercicio fiscal y fueron declarados improcedentes.
Hasta el momento, solo la Fiscalía General del Estado se encuentra pendiente de esclarecer si recibe o no esta ayuda económica.
Una noticia lamentable para el estado de San Luis Potosí, pues al declararse improcedente este recurso, el Programa Integral y el cumplimiento de los objetivos de la AVGM no podrán ejercerse ni llevarse a cabo.
Ante tal panorama y si así lo desean, las administración estatal y municipal tendrán que implementar por su cuenta acciones que ataquen desde su raíz las causas sistémicas que conllevan al fenómeno de la violencia contra las mujeres en los seis municipios que forman parte de este mecanismo.
Mujeres víctimas de homicidio doloso en SLP
Desde hace ya algunos años en México, activistas y defensoras de los Derechos Humanos han realizado una lucha constante para que los Códigos Penales de cada estado consideren todo homicidio doloso como feminicidio.
En 2015, en San Luis Potosí, se contabilizaron un total de seis homicidios dolosos contra mujeres, víctimas en un rango de edad de entre los 17 y 71 años. Aunado a estos, se clasificó uno más del que se desconoce identidad y contexto de los hechos.
Estos homicidios fueron perpetrados en los municipios de Aquismón, Lagunillas, San Luis Potosí, Santa María del Río y Soledad de Graciano Sánchez.
En 2016, las estadísticas obtenidas del mes de enero a mayo reflejaron un total de nueve homicidios dolosos contra mujeres, a los cuales se suman tres de los que no se conoce identidad ni los hechos que rodean estos casos.
En donde el rango de edad de las víctimas oscila entre los 17 y 83 años de edad, homicidios acontecidos en los municipios de Cedral, Soledad de Graciano Sánchez, San Luis Potosí, Armadillo de los Infante y Villa de Arista.
Información otorgada por la titular en la clausura del sistema penal tradicional de la Procuraduría General de Justicia del Estado, Alejandra Vargas Macías.
Sin embargo, a estas últimas se sumaron cifras de mayo a diciembre del mismo año: 19 casos de víctimas cuyo rango de edad se encuentra entre los 11 y 20 años, lo que da un total de 31 homicidios dolosos contra mujeres durante 2016, según la información recabada por el vicefiscal de la FGE, Doroteo Paredes Granado, quien a través del oficio V/0801/2022 dio a conocer estas estadísticas.
Homicidios dolosos que fueron cometidos en los municipios de Ciudad del Maíz, Ciudad Valles, Tampamolón, Ahualulco, Axtla de Terrazas, Matehuala, Rioverde y Vanegas.
En el transcurso de 2017, se tipificaron un total de 28 casos como homicidio doloso contra mujeres, de edades que oscilaron entre los cero meses de edad hasta los 70 años; el municipio en el que más se registró este delito fue en Soledad de Graciano Sánchez.
De enero a diciembre de 2018, el estado de San Luis Potosí registró un total de 27 casos de homicidio doloso contra mujeres; enero fue el mes en el que mayormente se cometió este delito, lo que acumuló un total de seis víctimas pertenecientes a la capital.
Al siguiente año, en 2019, se contabilizaron un total de 20 casos; municipios de Guadalcázar, Ébano y Villa de Ramos, se sumaron la lista de homicidios dolosos.
En 2020, el municipio de San Luis Potosí se mantuvo a la cabeza en este delito, seguido de Soledad de Graciano Sánchez, dentro de las 16 localidades en donde se registraron un total de 30 homicidios dolosos en contra de mujeres.
En el transcurso de 2021, esta cifra se incrementó casi al doble, con un total de 54 víctimas; durante el mes de junio se presentó la mayor cantidad de casos, con un total de 11 mujeres asesinadas.
Sorprendentemente durante este 2022, la FGE solo ha registrado un homicidio doloso en contra de una mujer, en el mes de febrero, víctima perteneciente al municipio de Zaragoza.
Homicidio doloso contra mujeres cometidos con arma de fuego
Respecto a los homicidios dolosos contra mujeres cometidos con arma de fuego entre los años 2015 – 2022, la Fiscalía General del Estado se declaró no competente para brindar información solicitada en cuanto al primer año, ya que señaló que se tratan de averiguaciones previas y no carpetas de investigación del anterior Sistema de Justicia Penal.
Por lo cual solo brindó la siguiente información de este subtipo de homicidio:
En el año 2016 se cometieron un total de seis homicidios dolosos contra mujeres cometidos con arma de fuego; en 2017 un total de 15 víctimas; 11 en 2018; 14 en 2019; 21 en 2020; y 24 en 2021.
Para este presente año, nuevamente destaca que existen cero víctimas de este delito.
Nos faltas tú Claudia
Hace cuatro años, Claudia Colunga Landaverde de 28 años de edad, originaria de la localidad de San José del Tapanco del muncipio de Rioverde, perdió la vida a manos de un feminicida.
Con apenas 28 años de edad, esta madre de familia fue encontrada asesinada en el Hotel Central del municipio donde residía, a manos de su pareja sentimental Ramiro N.
Un hecho que para la familia de Claudia significó no solo la pérdida de una madre, hija y hermana, sino una lucha dolorosa para que el culpable de su muerte pisara la cárcel.
Su hermana, Rubí Colunga Landaverde, comparte que fueron tres años en los que se buscó al feminicida de su hermana.
Fue hasta el 13 de enero de 2021 que la Fiscalía General de San Luis Potosí en la zona Media, a través de la Policía de Investigación (PDI), realizó la detención de Ramiro N., virtud de la existencia de una orden de aprehensión por el feminicidio de la joven Colunga Landaverde.
Esto luego de que elementos de la PDI acudieron al sitio de los hechos y comenzaran las indagatorias y protocolos correspondientes.
“Luego de varios años de insistencia se pudo localizar al agresor de mi hermana, quien ya era su violentador mientras mantuvieron su relación. No hay día que no la recordemos, ella no merecía morir así”.
El asesinato de Claudia fue tipificado como femincidio debido al contexto que rodeó su muerte y al nivel de violencia al que estuvo expuesta.
“Nosotros nos enteramos de su feminicidio a través de los medios locales de televisión, quienes anunciaron que habían encontrado a una mujer degollada en el hotel central de Rioverde, nunca nos imaginamos que había sido ella. Después de un rato llegaron algunos elementos de la PDI a nuestra casa, estaban buscando a algún familiar cercano de mi hermana y en ese momento supe que era ella de quien se hablaba”.
Una noticia que cimbró en su familia el terror y la angustia al saber a Claudia muerta en tales circunstancias.
“Luego de eso se realizaron las diligencias correspondientes, la Fiscalía comenzó a investigar aunque ya sabíamos quién era en ese entonces el culpable, quien duró tres años desaparecido”.
Tres años en los que la familia de esta joven madre vivió aterrada, pues el asesino de su madre, hija y hermana se encontraba prófugo de la justicia.
“Nunca perdimos contacto con los Ministerios Públicos, nos dieron el apoyo necesario, y aunque el feminicida de mi hermana se escondió y huyó por mucho tiempo, lograron encontrarlo”.
Actualmente Ramón N. se encuentra vinculado a proceso por el feminicidio que cometió contra Claudia. Sin embargo, nunca habrá una pena suficiente, como mencionan los Colunga, que pueda resarcir el daño que ocasionó a toda una familia.
“Se aprende a vivir con el dolor, es algo que nunca se superará. Al menos esperamos que continúe el proceso y que reciba una condena ejemplar y justa, para que no quede impune el feminicidio de mi hermana. Hoy entendemos que cualquier signo de violencia mata, si son testigos de cualquier agresión intervengan, denuncien y acompañen a su familiar”.
Las familias víctimas de feminicidio no solo enfrentan el duelo ominoso, sino también, dificultades al acceso a la justicia, a violaciones de sus derechos humanos y a un daño simbólico tan grande que es difícil de subsanar en ciertos aspectos de su vida.
Su identidad y vida familiar se transforman, y requieren de una reparación del daño que les dignifique, reconstruya y repare su historia de vida.
