Estela Ambriz Delgado
El Festival del Agua Altiplano Potosino Wirikuta se realizó con gran éxito del 6 al 8 de agosto, con una importante participación de habitantes de comunidades y ejidos de la región. El evento contó con la presencia de funcionarios del gobierno federal y de sus representaciones estatales, a quienes se les externó la urgencia de frenar a las empresas chileras, tomateras y de producción de carne y huevo que sobreexplotan el acuífero e incluso usan tecnología para inhibir las lluvias.
El evento dio inicio el jueves 6 de agosto en Estación Catorce, con una danza tradicional a cargo del grupo Matachines de Tanque Dolores, para dar paso a la inauguración con un ritual de agradecimiento al Padre Sol, dirigido por los marakames José Luis Ramírez y Julián Candelario, de la comunidad wixárika. Posteriormente se presentó a las personas integrantes del presídium y se les cedieron algunos minutos para un mensaje.
Entre ellas se encontraba el representante estatal de la Procuraduría Agraria (PA), Ricardo Enrique Rivera Sierra, quien reconoció que hay una deuda institucional con el Altiplano Potosino, los pueblos wixárikas, Estación Catorce, Wadley y Las Margaritas, lo que debe cambiar con el gobierno de la Cuarta Transformación.
Al evento asistieron Diego Prieto Hernández, titular de la Unidad de Culturas Vivas de la Secretaría de Cultura federal; Gloria Luna, de la Subdirección Jurídica de la Comisión Nacional del Agua (Conagua); la diputada local Nancy Jeanine García Martínez; José Luis Martínez Ruiz, comisario ejidal de Estación Catorce, y Olivia Tovar, del comité de defensa del agua y la tierra de Catorce.
También se contó con la presencia del director local de la Conagua, Darío Gonzáles Castillo; la representante local de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Angélica Montañez Rivera; Imelda Aguirre, directora del Centro San Luis Potosí del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), y el director de Servicios Periciales de la PA, Jonathan Noyola Ledesma, quien aseguró que el procurador agrario, Víctor Suárez Carrera, les ha instruido estar del lado de la gente, y que el coordinador de asesores de la Presidencia de la República, Jesús Ramírez, será enterado de todo lo que se plantee en las mesas de diálogo, por lo cual se comprometió a dar una respuesta seria y contundente por parte de las autoridades del gobierno federal.
De igual forma, hubo intervenciones de otros asistentes, como Gabriela Moncada Lara, jueza en la comunidad de San Juan de Vanegas e integrante de Unidos por el Acuífero de Vanegas-Catorce, quien expresó su preocupación por el bajo afluente de agua del manantial con el que se abastecen para actividades turísticas. Advirtió que existe la posibilidad de que se seque, por lo que temen por el futuro de las familias que sobreviven de ello con la venta de productos en los alrededores, destacando la importancia de este evento para visibilizar esta y otras situaciones.
Entre las organizaciones civiles e instituciones académicas que participaron en el festival estuvieron Unidos por el Agua de Wadley, la Red Nacional Agua para Todxs, la Escuela del Agua de San Miguel de Allende y Dolores Hidalgo, la Universidad de Guadalajara, el Colegio de San Luis (Colsan), el Laboratorio Extramuros del Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica (IPICYT) y CentroGEO.
Cuando el desierto tiene sed y los millonarios ambición
En el primer conversatorio, “Cuando el desierto tiene sed. El acuífero Vanegas-Catorce y el tejido biocultural de Wirikuta”, la representante del Comité del Agua y Tierra de Catorce, Olivia Tovar, habló sobre el despojo en su comunidad, donde hay muchos pozos clandestinos y las empresas utilizan tecnología para evitar la lluvia.
“Las empresas que no nos dejan vivir tranquilos porque no solo es el agua, aparte todos los desechos… se dedican a hacer su dinero y lo de nosotros no vale. También las agroindustrias, no nomás es una cosa, no dejan llover. Mucha gente tiene miedo porque ahí trabajan, pero hay otras formas de sobrevivir”.
El investigador Tunuari Chávez, especialista en agua subterránea y derecho ambiental, expuso sobre el balance hídrico y el comportamiento del agua en Wirikuta, lo que respaldó lo manifestado por Olivia Tovar.
“La lluvia es la base de que todo pueda existir: la cultura, la naturaleza; y hemos hablado mucho de cuánta agua están requiriendo aquí las chileras, las jitomateras, la agroindustria, las polleras, que sí dan trabajo, sin embargo, cabe cuestionar cuánta agua necesita Wirikuta para seguir siendo Wirikuta, como lo es en todos los términos”.
Asimismo, recordó que la Sierra de Catorce ocupa el 3 por ciento de todo el desierto en el país, pero tiene el 80 por ciento de las aves representadas, el 60 por ciento de toda la flora representada y es el mayor lugar de cactáceas en el mundo.
Profundizó sobre la correlación entre la lluvia, la milpa, el peyote y la presencia del venado, elementos que muestran el equilibrio de ecosistemas como este, el cual se ha roto en muchos lugares como lo demuestra el cambio climático. Precisó que en este caso, en la mitad de la Sierra de Catorce llueve un poco más que en la otra, lo que muestra que hay un equilibrio que se rompió.
“Si llueve, el maíz nos habla de que hay un equilibrio; si hay peyote, nos habla de un equilibrio porque hay una cobertura de gobernadora, que es indicadora de un fenómeno climático que solo ocurre en el mundo; y si hay venado, es porque hay un hábitat”.
El investigador puntualizó que, de acuerdo con documentos de la Conagua, la cantidad de agua que llueve en el área que abarca el acuífero Vanegas-Catorce es de mil 385 millones de metros cúbicos, de los cuales el 13 por ciento se escurren, el 85 por ciento se evapora y sólo 2 de cada 100 litros logran infiltrarse.
Asimismo, la recarga es de 28.4 hm³ y se extraen 36.34 hm³ legalmente, pues es de conocimiento público la existencia de pozos que se hacen de forma ilegal sin las autorizaciones necesarias, así como la falta de inspecciones por parte de la Conagua, lo que da como resultado un déficit de 7.9 millones de metros cúbicos que se están sacando más de lo que se está logrando infiltrar.
Para concluir su participación, Tunuari Chávez indicó que entre las granjas avícolas y de cerdos están tomando casi 20 veces el agua que la gente consume, además de que sus desechos se van a diferentes lugares. Respecto a la minería, ilustró cómo a través de los túneles que hace desvía los cauces, y con una fotografía de la sierra mostró la diferencia entre el área donde ha habido minería y en donde no, que claramente es más verde.
El doctor en Ciencias de la Información José Luis Iván Cárdenas, de CentroGEO, expuso sobre el análisis de estrés hídrico y salinidad de suelo de Wirikuta, el cual ha realizado con el uso de tecnologías como imágenes satelitales o drones, inicialmente usados para la búsqueda de personas desaparecidas, pero ahora aplicado a la desaparición del agua.
Indicó que realizó este trabajo en colaboración con Tunuari Chávez, en el cual expresan con imágenes satelitales lo señalado, y dijo que el desierto está mandando señales, pero apenas son perceptibles.
Mostró una imagen de la región comparativa de los años 2015 y 2020, en la que se observa el declive y un índice de estrés hídrico que refleja la variación en el contenido del agua, que se expresa a través de la vegetación. A largo plazo, la tendencia muestra un declive que se debe a la sobreexplotación.
Precisó que el estudio se repitió con el índice de salinidad, y se ve también una tendencia al incremento de este en los suelos, lo que se debe a la extracción profunda. Subrayó que estos cambios a nivel regional pueden servir para armar un caso y exigir a las autoridades una protección más decidida del medio ambiente y el agua en particular.
Samir Ramírez Macías, de la Unidad de Investigación Legislativa del Congreso del Estado, refirió estar recientemente involucrado con el tema debido a que le llegó una iniciativa referente al territorio de Wirikuta. Habló sobre la consulta a las comunidades indígenas y los litigios sumados a las complejidades del estrés hídrico, los cuales han obligado a comprender que otras adversidades asedian al territorio, como la agroindustria y las concesiones mineras.
Entre cuestionamientos y la urgencia de acción
Una habitante de la región cuestionó sobre la inasistencia de autoridades municipales y la falta de pozos para la comunidad, pues a diario tiene que llevar pipas de agua.
“Hemos visto muchos pozos abiertos y la modificación del clima, que están usando tecnología antigranizo, están usando avionetas, cañones, eso es lo que queremos saber y que la Conagua dé una opinión sobre ese problema, porque a nosotros no se nos ha consultado nada, hubo gente que metieron a las empresas pero no dijeron que nos iban a perjudicar también”.
Asimismo, otra persona señaló que los millonarios tienen tanta hambre de riqueza que no les importa si el desierto tiene sed y si las comunidades tienen o no agua, pues están abandonadas desde hace mucho tiempo. Dijo que no hay confianza en las autoridades ni en las representaciones de la Conagua, la Semarnat, y mucho menos en el gobierno estatal ni municipal, que no se interesaron en que este evento pudiera destacar, sino todo lo contrario.
“Es importante entender que esta sed de riqueza básicamente domina toda la clase política de buena parte del país, pero que en esta región se está llevando entre las patas a las comunidades desde hace muchos años… no hay ningún interés por parte del municipio en generar una conciencia social o una cultura educativa en torno al tema del agua, todo lo contrario, básicamente se sigue generando una que busca perpetuar distancias, porque las presidencias suelen ser oportunidades para llenarse el bolsillo”.
Tunuari Chávez volvió a tomar la palabra para señalar que desde hace aproximadamente 5 años la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la estatal (CEDH) hicieron un pronunciamiento sobre lo que sucedía en el país con el tema de los cañones antigranizo, y dijo que no es posible que esté sucediendo esto en un lugar sagrado, además del problema de los desechos de las granjas productoras, que en ese momento ascendía a 200 toneladas diarias de estiércol de gallina y de cerdo.
En el mismo sentido indicó que en 2012 se hizo un análisis de la disponibilidad de agua en el acuífero Vanegas-Catorce con el Centro Internacional de Hidrología Subterránea y con el Instituto de Geofísica de la UNAM, y en ese momento había sólo 1.6 millones de metros cúbicos de sobreexplotación y se identificaron tres chileras ubicadas alrededor.
Sin embargo, actualmente hay mil 431 hectáreas con múltiples chileras, y en el último cálculo de la Conagua hay un déficit de 7.9 millones de metros cúbicos, lo que explica que la tierra esté aumentando su salinidad.
“El problema es muy serio y es hoy. El momento de proteger estas tierras es hoy. Ya no hay más tiempo. Creo que hay los elementos, las coyunturas. Hay decreto de áreas naturales protegidas, de patrimonio de la humanidad, hay cancelaciones de concesiones, hay reformas jurídicas para bien y para mal, pero hoy es el momento de hacerlo y es el momento de luchar”.
Por otra parte, durante el espacio de preguntas y comentarios, los asistentes señalaron a la Conagua ante las diversas denuncias de pozos ilegales que han hecho y no se les ha dado atención. Aunque el director local de la dependencia dio algunas cifras, los pobladores lo confrontaron con los hechos que han observado y le exigieron que los acompañara a verificar estos en un recorrido programado al concluir los conversatorios; sin embargo, él les propuso que fuera el jueves 13 de agosto, con el argumento de que tenía que generar las órdenes de visita con las coordenadas de identificación de los puntos para que realmente pueda entrar para un procedimiento.
El marco jurídico
En el conversatorio “De la concesión al cuidado: Leyes, derechos y justicias”, Gloria del Mar Cilia Luna, gerente de lo Consultivo de la Conagua, expuso el marco legal aplicable al territorio sagrado; sin embargo, en la participación de Ricardo Ovando Ramírez, de la Red Nacional Agua para Todos, se señalaron las irregularidades en la legislación en la materia y se reiteró que es un error haber dividido el derecho al agua en la Ley General de Aguas y mantener la Ley de Aguas Nacionales.
Precisó que la intención de tener dos leyes es seguir privilegiando el sistema de concesiones, en el que, si bien se prohíbe la transmisión directa de concesiones entre particulares, se le dio la facultad de ello a la autoridad.
“Tenemos una ley de aguas nacionales, una ley general de aguas, que no prohíbe la privatización del agua. No castiga debidamente la contaminación de la misma, porque si bien se establecen sanciones más rudas, como lo señaló la compañera de la Conagua, lo cierto es que no se va al fondo… la lucha debe de seguir para tener una legislación del agua que verdaderamente cumpla con los derechos humanos al agua y saneamiento”.
Por su parte, el ejidatario de Estación Catorce y defensor del territorio Francisco Almaguer brindó su testimonio sobre el uso de tecnología antigranizo por parte de las empresas y dio referencias concretas sobre diversos pozos clandestinos.
“Yo tengo una parcela cerquita colindando con las naves y me daba cuenta también de cuando retiraban la lluvia con cohetes, pues cañones, con cañones. Era muy seguido, parecía que teníamos fiesta patronal; ahorita ya no he visto así de eso, pero sí la avioneta sí pasa. Apenas vienen formándose las nubes cuando pasa una avionetilla”.
En el tercer conversatorio, “Guardianes del agua: redes comunitarias, monitoreo territorial y defensa desde abajo”, Héctor Villanueva, del Comité del Agua La Pila; el Colectivo Escuela de Agua de San Miguel de Allende; Ximena Guadalupe Moreno Cárdenas y David Rendón Sauz, de IPICYT-Lemur; y Erasmo Rodríguez Aguirre, del Sistema Comunitario de Agua de Guadalupe Victoria (Ecatepec), compartieron sus experiencias desde otros territorios del país en torno a la defensa del territorio, el agua y el medio ambiente.
Asimismo, en esta participó el representante local de la PA, Enrique Rivera Sierra, quien indicó a los asistentes que son los sujetos agrarios los poseedores legítimos de la tierra y que la ley es muy clara al respecto. Puntualizó que las tierras de uso común son propiedad del núcleo agrario y cualquier decisión, ya sea del gobierno o de la comunidad, depende de la máxima autoridad, que es la asamblea general o comunitaria, nadie más.
Precisó, referente al destino de la tierra de uso común, que para convertirlos en invernaderos, granjas avícolas o huertos, la Ley Agraria exige asambleas de formalidades especiales con presencia de la Procuraduría Agraria y del Notario Público. Si no es así como exige la norma, ese acto es nulo e ilegal.
Asimismo, aseguró que como Procuraduría su deber es con los núcleos agrarios, porque se están otorgando concesiones en su territorio sin tomarlos en cuenta. Refirió que se tiene protegido al pueblo wixárika por el artículo 2º constitucional y al mismo tiempo al pueblo del Altiplano, ejidatarios y comuneros, por el artículo 27 y la Ley Agraria.
“Los dos son afectados por el mismo acaparamiento agroindustrial. Por ello, en la Procuraduría Agraria vemos el problema como uno solo y atendemos el llamado para cerrar filas y trabajarlo juntos con la sociedad civil. Desde la Procuraduría asumimos estos compromisos en esta mesa”.
En este sentido informó que la PA pone a disposición de los habitantes sus servicios jurídicos gratuitos, que junto con las comunidades y ejidos levantarán actas de inspección, darán asesoría y acompañamiento en sus denuncias ante la Profepa y la Conagua.
Además de que solicitarán formalmente a esta última para que cumpla su propio informe del 2024, que no se otorgue una sola concesión más y que se auditen las concesiones ya otorgadas. En tercer lugar, dijo que instalarán una mesa permanente de atención hídrico-agraria en la región en el lugar que los pobladores determinen.
Acuerdos para el futuro del agua y el territorio
Finalmente, el cuarto conversatorio, “Wirikuta no se seca: acuerdos para un futuro común del agua, el territorio y lo sagrado”, contó con la participación de Oralia Navarro González, de Unidos por el Agua y Defensa de Wadley; Óscar Tovar, del Comité del Agua de El Salto; el padre Rafael Hernández Luna, de la Pastoral Social; Eduardo Guzmán Chávez, ejidatario de Las Margaritas; y Enrique Figueres, representante y asesor del director general del INAH.
Como resultado se presentó un documento en el que las comunidades denunciaron desmontes para cambio de uso de suelo, expansión descontrolada de agricultura intensiva bajo invernadero de jitomate y chile, y la instalación de granjas avícolas y porcícolas que interrumpen zonas de recarga.
Asimismo, manifestaron su preocupación por el uso de tecnologías para modificar artificialmente los procesos de lluvia, por lo que solicitan al Congreso del Estado armonizar la legislación para prohibirlas.
Con fundamento en los artículos 1º y 4º constitucionales, exigieron a la Conagua atender las denuncias presentadas el 18, 22 y 30 de octubre de 2025 y 11 de febrero de 2026 ante Conagua y el 27 de marzo de 2026 ante Profepa.
Asimismo, se estableció como logro central del festival el compromiso público de la Conagua de realizar un recorrido técnico el próximo 13 de agosto de 2026 en los sitios denunciados e iniciar actuaciones administrativas, con la participación del INAH, la Semarnat, la Profepa, la Segam, la Conanp, la Procuraduría Agraria y autoridades municipales.
Las comunidades propusieron además un Programa Regional de Restauración Ecológica con reforestación nativa, recuperación de suelos y obras de captación de agua de lluvia. El evento, que contó también con diversas expresiones artísticas y culturales, concluyó bajo la consigna:
“El agua no se vende, se ama y se defiende. El agua es un tesoro que vale más que el oro.”
