Marcela del Muro
Durante diez días, los hermanos G. Badillo han intentado averiguar si uno de los imputados por la desaparición de su hermano menor se fugó. José Antonio G. Badillo fue desaparecido el 26 de julio de 2019 en la capital del estado.
Josué N., el principal sospechoso, fue liberado el pasado 1 de diciembre, gracias a un amparo por el cumplimiento del plazo de dos años en prisión preventiva oficiosa. Fátima N., su pareja y cómplice, fue puesta en libertad el 16 de diciembre de 2022 por la misma causa. Los imputados no fueron absueltos, sus juicios serían llevados en libertad y su medidas cautelares cambiaron a firmar una vez al mes y una multa de 20 mil pesos.
Los hermanos han denunciado que la liberación se dio porque la defensa de los acusados pospuso los juicios y nunca se llegó a una sentencia, a pesar de que existen pruebas suficientes para comprobar su culpabilidad. Tanto personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) como del Poder Judicial aseguraron a los hermanos que la pareja no podría salir libre.
El pasado 2 de enero, Josué debió de haber ido a firmar a los juzgados, pero la familia desconoce si esto sucedió porque se ha topado con un absoluto hermetismo por parte de las autoridades. La fiscal encargada del caso se ha negado a recibirlos y a contestar sus mensajes y llamadas, tampoco lo ha hecho su asesor victimal de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV).
El pasado 11 de enero, el hermano que puso la denuncia por la desaparición, y es ofendido en la carpeta de investigación junto a los hijos de José Antonio, recibió un escrito de la FGE donde pedían se designe a un solo representante en común que recibiera la información. Los hermanos G. Badillo comentan que este oficio es únicamente para justificar el incumplimiento a su derecho de ser informados.
Por esta razón, los hermanos de José Antonio presienten que se cumplió lo que tanto les ha preocupado: la fuga del principal sospechoso y que con ello se vaya la posibilidad de encontrar a su hermano menor.
Desde finales de diciembre, las sospechas comenzaron a ser más fuertes, cuando no se pudo notificar a Josué sobre la fecha programada para el juicio porque no se encontraba en su domicilio.
“Lo que voy a hacer es girar el oficio de medidas cautelares para que me informen si efectivamente vive ahí, porque el cuate sí vive ahí, nada más que ya se fugó”, informó la fiscal del caso mediante un audio de WhatsApp al defensor de oficio de la familia G. Badillo, el 29 de diciembre de 2022.
El derecho de las víctimas
La abogada Brenda González Lugo explica que, según la ley, es posible que exista más de una víctima u ofendido que participe en el proceso.
“Las víctimas y los ofendidos pueden coadyuvar o participar del proceso siempre y cuando así lo soliciten, como en este caso; y pueden nombrar un representante común. Pero, ojo, no es una obligación de las víctimas/ofendidos. Si prefieren que la información se les siga enviando por vías separadas, está bien”, comenta la abogada especialista en el fenómeno de desaparición de personas y parte del Consejo Ciudadano de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas.
“Si quieres nombrar un representante en común está bien, pero no se puede partir del supuesto que todas las víctimas van a tener el mismo interés o el mismo seguimiento sobre el asunto. Les tienen que notificar, incluso, de manera particular a cada uno de ellos”, reafirma la información Isla Chávez, directora de la Clínica de Litigio Penal del ITAM.
La directora de la Clínica y defensora de derechos humanos agrega que, si así lo desean, “incluso, cada una de las víctimas tienen derecho de nombrar a su propio asesor jurídico”.
La negativa de la Fiscalía y el asesor jurídico de la CEEAV de brindar información a los hermanos G. Badillo constituye una violación a sus derechos, que se encuentran garantizados en la Constitución y contemplados en los Códigos de Procedimientos Penales.
Las víctimas u ofendidos tienen derecho a recibir asesoría jurídica; a ser tratados con respeto, dignidad y no ser discriminados; a ser informados del desarrollo del procedimiento penal; a participar en la investigación del ministerio público y a impugnar ante la autoridad judicial las omisiones del fiscal.
100 por ciento de impunidad en el delito de desaparición en SLP
“La desaparición, sin duda alguna, es una técnica que en su corazón lo que garantiza es la impunidad”, afirma Camilo Vicente Ovalle, historiador especializado en desaparición forzada en México.
Según México Evalúa, organización de análisis de políticas públicas, durante el 2021 el índice de impunidad en el estado fue del 100 por ciento en desaparición de personas. San Luis Potosí ocupa la posición 12 de 16 en el ranking nacional de impunidad en dicho delito, reveló la organización en su último informe: Hallazgos desde lo local 2021. Seguimiento y evaluación del sistema de justicia penal en San Luis Potosí.
Según información obtenida por solicitudes de transparencia, México Evalúa informó que en 2021 la Fiscalía General del Estado contó con 224 agentes del Ministerio Público (o fiscales); el Poder Judicial opera con 22 jueces de Control; y la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas tuvo 51 asesores de víctimas, 19 psicólogos, 11 trabajadores sociales, distribuidos en 13 unidades de atención en el estado.
“En 2021, la Fiscalía recibió 66,132 denuncias y querellas, de las cuales se iniciaron 51,070 carpetas de investigación, equivalentes al 77.2%, porcentaje que se encuentra por debajo del promedio nacional de 91.6%. Si se divide el total de carpetas entre los 224 agentes del Ministerio Público, encontramos que cada uno debió atender en promedio 227.9 carpetas, que comparado con el promedio nacional de 169 investigaciones iniciadas por fiscal, San Luis Potosí se encuentra por encima de la media nacional”, señalan los hallazgos de México Evalúa.
Según dichos de la Fiscalía, la desaparición forzada cometida por particulares del señor José Antonio G. Badillo fue el primer caso de este tipo de delito en el estado que era llevado a juicio.
“Pero se empezaron a dar cambios de fiscales y de asesores jurídicos y, lamentablemente, se ha podido apreciar su nula capacidad, pues no presentaron ningún documento cuando el imputado solicitó el amparo para su liberación”, señalan los hermanos.
Según información de México Evalúa, con datos proporcionados por el mismo Gobierno estatal, durante el 2021 en San Luis Potosí no se judicializó ningún caso por el delito de desaparición de personas.
La familia G. Badillo tiene la esperanza de encontrar a su hermano menor con vida, aunque sus investigaciones indican que es probable que haya sido asesinado. Sin embargo, necesitan saber qué pasó con él y traerlo de nuevo a casa, es su derecho.
“A veces siento que mi hermano no descansa en paz. Nosotros, su familia, tampoco”, señala uno de los hermanos.
