Adriana Ochoa
El dilema de nuestra próxima cita en las urnas: ¿acudimos el próximo 1° de junio a elegir juzgadores federales y locales, o nos quedaremos en casa, por apatía, desconfianza, enojo o hartazgo?
Con todo y la propaganda oficial a este primer proceso electoral de juzgadores en un país que, a veces, parece haber perdido la fe en casi todo, y en el estado potosino puesto a concesión al Partido Verde, se antoja más un trago amargo que una celebración democrática.
No nos engañemos, la tentación de la abstención es poderosa, sin importar la catadura ideológica de quien la convoque. Si esas invitaciones a no votar tienen oídos atentos no es gratuito: han tenido el humor social preparado por el ejercicio autoritario del agravio, la descalificación a todo el que piensa diferente, la intolerancia a la crítica, la incongruencia, la incompetencia, la fuga reiterada de sus responsabilidades y, la más grave, la corrupción impune.
Si gobernadores y autoridades reclutan y “capacitan” personal, fans a sueldo y palmeros de toda ralea para que vayan a la urna con un “acordeón” de nombres y números a quienes marcar a favor en las boletas para ministros, magistraturas, tribunales de disciplina, magistrados y jueces, federales y estatales, ¿para qué votar?
Si las ministras más queridas del régimen, destacadas por burricie monumental o paso académico de suma cum fraude, van desde ahora “favoritas” en encuestas de muy sospechosa factura, ¿hay ingenuidad que alcance para suponer que votar otras opciones tendrá alguna oportunidad? Las ministras del top of mind en comento hicieron campaña antes de tiempo con equipos, transportes, tiempo y auditorios conseguidos con influencias y recursos públicos. Las disfrazaron de disque “conferencias” con fines académicos. No, no hubo sanciones.
Si los ciudadanos que van a procesar la jornada electoral no van a contar los votos y nos enteraremos diez días después del resultado, ¿no es margen suficiente para una tomadura de pelo multitudinaria?
A nivel local, ¿para qué votar si no hubo autoridad que señalara la rampante inelegibilidad del secretario de Seguridad del Estado como candidato a magistrado? ¿Para qué votar si el Consejo Estatal Electoral (Ceepac), el garante de la elección arrastra dignidad y adeudos porque Gobierno del Estado le racanea cuanto quiere el recurso para organizar comicios?
No es sólo desidia financiera institucional, es que el gobernador se da el lujo de tratar al domesticado Ceepac como le viene en gana: no lo respeta, desprecia sus solicitudes y lo considera una oficina más del Ejecutivo. El INE se desgañitó advirtiéndolo y ni al INE le hizo caso, tan demediado que está el INE a estos tiempos. No se trate la elección de un concierto gratuito de narcocorridos porque para eso sí fluye la plata.
Durante años hemos visto cómo la justicia ha sido denostada y vilipendiada desde las más altas tribunas. La 4T, en su afán por reconfigurar el país a su imagen y semejanza, no ha escatimado en críticas, a menudo feroces, contra un poder judicial que, guste o no, es contrapeso, es freno, es garantía.
En esa narrativa oficial de una justicia lenta, corrupta e inoperante se monta la supuesta “democratización” del poder judicial con un proceso que hace de antemano inaceptable su resultado, por previsible, dado el manoseo de los gobiernos federal y estatal, los perfiles favorecidos para llegar, la irrelevancia de los organismos electorales y las cartas marcadas en juego.
Extraño que en ese panorama desolador de demolición del sistema judicial una voz, la del secretario de Seguridad Omar García Harfuch, rompa el coro y reconozca en una Mañanera a “cientos de jueces que hacen un trabajo extraordinario” en la primera línea contra la delincuencia. La afirmación destaca en medio del sonsonete oficial de embestida contra los jueces y confirma que hay, sí, muchos juzgadores que cumplen con su labor con probidad.
El gran dilema, entonces, toma forma. De un lado los que consideran una responsabilidad civil no acudir a las urnas y no consolidar con esta ausencia la narrativa oficial de la “democratización”, mero pretexto someter a un poder. ¿A qué se va a votar a un proceso “fachada” de resultados previsibles y control desde el Ejecutivo?
Del otro lado, la elección ya está en la agenda y la apatía es un lujo que no podemos permitirnos. En este México agraviado, el acto de acudir a las urnas puede ser también un acto de dignidad. Es recordar que somos ciudadanos, no súbditos, y que, aún una clara desventaja, se acuda a apoyar a juzgadores de trayectoria que se niegan a rendirse y van en las boletas. Si desde las entrañas del poder se reconoce que hay jueces que hacen un trabajo extraordinario, ¿no es esa una razón para no claudicar? No los van a dejar ganar, eso ya se sabe.
Cualquiera de las dos posturas es un acto de resistencia silenciosa. Ni es fiesta democrática ni hay nada qué celebrar. Lo que seguirá será un costoso “periodo de adaptación” a lo que sea que vomiten las urnas. Al tiempo.
ROLLOS SUELTOS
OBLIGADAS CUENTAS. Extraña maroma retórica la del gobernador tratando de exculpar la falta de transparencia en los gastos de la Fenapo: que porque todo lo maneja el Patronato y el patronato no es gobierno. No le dijeron que la Ley de Fiscalización Superior del Estado de San Luis Potosí incluye a los patronatos entre los entes públicos a fiscalizar. Y los patronatos no son gobierno, sí, pero las leyes los regulan y el gobernador no es ajeno a sus manejos.
CAPULLITOS DELICADOS. Ridículo el retiro de diputados verdes en la sesión del Congreso, cuando la diputada de Morena Nancy Jeanine García Martínez leía su propuesta de punto de acuerdo para que Gobierno del Estado asuma las responsabilidades que le tocan en Seguridad, con los ayuntamientos. Estaban ya molestos porque Morena no votó la iniciativa “anti halconeo” por inconstitucional. Los obligaron a regresar con una solicitud de checar quórum, que eso pega en el bolsillo.
Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad del autor y no necesariamente representan la postura de Astrolabio.
Adriana Ochoa es periodista desde 1988. Actualmente es directora de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y docente titular de Organización Política y Ciudadanía.
