Angélica Campillo

Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí solicitó la vinculación a proceso del ex diputado local Mariano N. por el probable delito de peculado, sin embargo será hasta el próximo miércoles 23 de octubre cuando se definirá su situación jurídica.

Este viernes 18 de octubre, en audiencia de formulación de imputación en el Centro de Justicia Penal de La Pila, el exlegislador panista solicitó la duplicidad de término para que fuera resuelta su situación jurídica, es decir, vincularlo a proceso, y la fecha fijada para ello fue el 23 de octubre del año en curso a las 13:30 horas, en la sala 4 del mismo recinto.

Al inicio de la audiencia, los miembros de la Fiscalía General del Estado (FGE) explicaron el por qué se está investigando al exdiputado, a quien se le formuló imputación por el delito de peculado; refirieron que el 1 de agosto de 2017, cuando se desempeñaba como legislador local, el imputado gestionó un supuesto apoyo para una señora de escasos recursos de Ciudad del Maíz, para la compra de un material de construcción, por la cantidad de 38 mil 836 pesos con 80 centavos, lo cual fue autorizado por el presidente y el secretario de la Jucopo, José Luis Díaz Salinas y Fernando Chávez Méndez. respectivamente, el 2 de agosto de 2017, con cargo al erario público.

Cabe destacar que el 8 de agosto del mismo año, la Coordinación de Finanzas del Poder Legislativo emitió el cheque por la cantidad mencionada, el cual fue cobrado el mismo día. No obstante, se dio a conocer que el apoyo nunca llegó a su destino, pero el imputado lo tomó, sabiendo que no le pertenecía.

Los abogados de la FGE apuntaron que el tipo penal que se atribuye a este hecho es peculado, en el cual el implicado actuó de manera dolosa y lo llevó a cabo por sí mismo, siendo en este caso la parte ofendida el Congreso del Estado de San Luis Potosí.

Este tema fue denunciado ante la Fiscalía, primeramente, por los abogados Oscar David Reyes Medrano y Alicia Nayeli Vázquez Martínez. Posteriormente, el juez preguntó al imputado si deseaba rendir su declaración en ese momento, pero eligió reservarse.

Más adelante, en la audiencia, los agentes del Ministerio Público revelaron que durante las investigaciones del caso se entrevistaron con la persona que supuestamente recibió el apoyo gestionado por el exdiputado panista, quien les manifestó que entre julio y agosto de 2017, acudió con el ahora imputado a solicitarle un apoyo para el pago de la funeraria que trasladó el cuerpo de su hijo de Ciudad Victoria, Tamaulipas, a Ciudad del Maíz, pero la cantidad solicitada era de aproximadamente 12 mil pesos.

Agregó que, tras varias semanas de no recibir respuesta alguna, en septiembre del 2017 se comunicó con uno de los asesores del exlegislador, quien le comentó que no sería posible apoyarla, ya que estaban destinando los recursos para dádivas a los habitantes de los sitios afectados por el sismo ocurrido precisamente ese mes.

En las investigaciones, al ser contactado por la FGE, al proveedor al que se le pagó supuestamente la cantidad de 38 mil 836 pesos con 80 centavos, dijo no recordar haber enviado material de construcción a Ciudad del Maíz, y tampoco recordaba si expidió dicha factura a nombre del Congreso del Estado en agosto de año 2017.  

Cabe destacar que existen dos escritos firmados supuestamente por esta persona: el primero es la solicitud de apoyo a la Jucopo, y el segundo es una carta de agradecimiento hacia el ex legislador por haber gestionado ese recurso. Empero, los miembros de la Fiscalía explicaron que, de acuerdo al informe pericial de grafoscopía, las firmas de ambos escritos no son de la víctima, por lo que interpuso su denuncia en contra del exdiputado, por falsificación de documentos

En este contexto, y tras exponer el hecho investigado, los abogados de la FGE solicitaron que el ex diputado fuera vinculado a proceso, el cual es considerado como peculado.