Por Victoriano Martínez

El octavo párrafo del artículo 54 de la Constitución local dice: “La Auditoría Superior del Estado debe guardad (sic) reserva de sus actuaciones y observaciones hasta que rinda los informes a que se refiere este artículo”.

La Auditoría Superior del Estado (ASE) rindió esos informes el pasado miércoles, es decir, hace cinco días que debió dejar de guardar reserva sobre sus actuaciones y observaciones.

La Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas señala en su artículo 35 que los informes de la ASE “tendrán el carácter de públicos, y se mantendrán en la página de Internet de la Auditoría Superior del Estado, en Formatos Abiertos”.

Es probable que se trate de un efecto del puente de Día de Muertos, pero hasta la madrugada de hoy la ASE todavía no publicaba los informes. Después de siete meses de trabajar en ellos fue incapaz de preparar las versiones para dejarlos publicados el mismo día que los entregó. Un merecido asueto está por encima de la ley y la Constitución.

Por cierto, asueto que también se tomaron los preocupados integrantes de la Comisión de Vigilancia, que lamentaron tener muy poco tiempo para revisar y dictaminar los informes. Cuestión de prioridades.

La fracción V del artículo 47 de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción hace la siguiente descripción de las características de los informes que necesariamente tendrá que publicar en su página de internet la ASE esta semana:

Deben presentarse “con lenguaje sencillo y accesible, que contribuya a la toma de decisiones públicas, la mejora de la gestión gubernamental, con el objetivo de que la ciudadanía conozca cómo se gastan los recursos producto de sus impuestos, así como la máxima publicidad en los resultados de la fiscalización”.

Si los siete meses de fiscalización no fueron suficientes para terminar informes con esas características, probablemente estos cinco días adicionales hayan servido para lograr documentos muy completos en ese sentido, y la expectativa de los ciudadanos interesados por conocer “cómo se gastan los recursos producto de sus impuestos”, se cumpla “con lenguaje sencillo y accesible”.

Decir que realizaron pliegos de observaciones y solicitudes de información sobre el destino de mil 88 millones 237 mil 673 pesos está muy lejos del objetivo de que la ciudadanía conozca cómo se gastaron sus impuestos.

Si en la sesión de la Comisión de Vigilancia en la que se entregaron los informes de la ASE sobre las Cuentas Públicas la mayoría de los asistentes calificaron como simulación el proceso de fiscalización, las características de los documentos que están por hacerse públicos podrán mostrar que no hay tanta simulación… o de plano confirmarlo.