Por Victoriano Martínez
Han pasado 23 días desde que el Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE) entregó los informes de auditoría a las cuentas públicas 2022 y sigue sin publicarlos, con lo que incumple con la Ley, pero además exhibe que la Comisión de Vigilancia y el propio Congreso del Estado también desobedecen lo que les ordena la legislación que recién aprobaron ellos mismos.
La fracción XXI del artículo 68 de la nueva Ley de Fiscalización le ordena a la Comisión de Vigilancia “realizar las acciones conducentes para la publicación de las observaciones realizadas por el Instituto de Fiscalización Superior a las entidades fiscalizadas contenidas en los informes a que se refiere el artículo 74 de esta Ley, en la página de internet del Congreso”.
Es decir, los informes de las auditorías a las cuentas públicas 2022 no sólo tendrían que estar publicadas en la página de internet del IFSE, como ocurría cuando aún era Auditoría Superior del Estado, sino que ahora, conforme a la nueva ley, también deben estar publicados en la página de internet del Congreso del Estado.
Ni el IFSE ni el Congreso del Estado han cumplido con esa obligación en sus respectivas páginas. Dado que se trata de una obligación de transparencia, conforme a la ley de esta materia, y sus lineamientos, en la Plataforma Estatal de Transparencia esos informes debieron ser publicados a más tardar el 10 de noviembre. También violan la fracción XXXV del artículo 84 de esa Ley.
Son violaciones a la Ley que dan pie a lo que la trasparencia busca evitar: filtraciones con sesgo politiquero a las que el propio IFSE se ha sumado con comunicados oficiales, que lo único que aportan es contribuir al descrédito y exponer lo poco confiable que resulta el trabajo del órgano fiscalizador.
El 31 de octubre, en el breve comunicado con el que el IFSE informó que se habían entregado los informes de auditoría a las cuentas públicas 2022 señaló que las observaciones sin solventar sumaron mil 479 millones 074 mil 798 pesos.
De acuerdo con la primera filtración, publicada por el periódico Pulso bajo el encabezado La UASLP, la más observada por IFSE, se menciona que “el IFSE sumó mil 846.7 millones de pesos entre observaciones y solicitudes de aclaración a los entes fiscalizados de la entidad.
Entre el comunicado oficial del 31 de octubre y el revelado en la primera filtración hay una diferencia de 367 millones 625 mil 202 pesos. Pero no son las únicas cifras con aparentemente el mismo origen que no coinciden.
La suma de las presuntas observaciones que se filtraron sobre distintos entes fiscalizables, independientemente de la intención que las haya motivado, arrojan una tercera cifra que pone en duda el trabajo realizado por el ahora IFSE.
Mediante comunicado, el IFSE respaldó la cifra dada sobre la UASLP de 658 millones 175 mil 306 pesos; sobre el Ayuntamiento de San Luis Potosí se filtró la cifra de 604 millones 204 mil 788 pesos; en el caso del Interapas la cifra filtrada fue de 169 millones 126 mil 860 pesos; sobre la Fiscalía General del Estado se mencionaron 151.7 millones de pesos.
Se dio a conocer una cifra global sobre las dependencias del Poder Ejecutivo por 132.8 millones, otra de 130.3 millones de pesos en Mexquitic de Carmona; 71.9 millones de pesos en Matehuala; en Axtla de Terrazas 34 millones, y hasta Rioverde con 4 millones y San Vicente Tancuayalab de un millón de pesos, según el diputado René Oyarvide Ibarra, presidente de la Comisión de Vigilancia.
La suma de todos esos montos filtrados es de mil 957 millones 206 mil 954 pesos. Una cifra que supera por 478 millones 132 mil 156 pesos a la que oficialmente dio el IFSE el 31 de octubre. Una danza de cifras que se hubiera evitado si desde el primer día el órgano fiscalizador y el Congreso del Estado hubieran cumplido con la Ley al transparentar la información.
Hoy la única certeza que se tiene es que la información que maneja el IFSE no es confiable, que abona a la especulación al incumplir su obligación legal de trabajar con plena transparencia y que tanto esa institución como el propio Congreso del Estado violan impunemente la Ley, con lo que convierten la labor de fiscalización en un mecanismo para vendettas politiqueras.
Pregúntenle a la UASLP… quizá hasta podrían surgir temas de tesis sobre esas circunstancias.
