María Ruiz
El alcalde de la capital, Enrique Galindo Ceballos, regresó a la facultad donde estudió para hablar de su trayectoria en el servicio público y de uno de los episodios que más ha marcado su carrera: la captura de Joaquín “El Chapo” Guzmán, en el marco de la Semana de Derecho y Criminología de la Facultad de Derecho “Abogado Ponciano Arriaga Leija” de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP).
Presentado como egresado distinguido, maestro y catedrático de la Maestría en Política Criminal, Galindo centró su exposición en relatar su experiencia dentro de las corporaciones de seguridad, particularmente su participación en los operativos que llevaron a la recaptura del líder del Cártel de Sinaloa en 2016.
Sin embargo, su trayectoria al frente de la Policía Federal entre 2012 y 2016 también está vinculada con episodios que marcaron ese periodo por las violaciones a derechos humanos atribuidas a integrantes de la corporación, entre ellos los hechos de Tanhuato y Nochixtlán, así como las investigaciones relacionadas con la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
Durante la conferencia, esos antecedentes no formaron parte de su exposición central. Aparecieron hasta la ronda de preguntas.
Una trayectoria contada desde el orgullo policial
Durante su intervención, Galindo reconstruyó su paso por las instituciones de seguridad y presentó la recaptura de Joaquín Guzmán Loera como uno de los momentos más relevantes de su carrera. Habló de la coordinación entre corporaciones, de la participación de la Policía Federal y de la operación que permitió localizar al narcotraficante después de su fuga del penal del Altiplano.
El alcalde explicó que la operación conocida como Tiburón Azul correspondió a la Policía Federal, mientras que el operativo Cisne Negro fue encabezado por la Secretaría de Marina. Reiteró en más de una ocasión que, aunque la Marina encabezó la intervención final, él estuvo al frente de la persecución y de las acciones desplegadas en distintas partes del país.
“Soy un orgulloso policía mexicano”, expresó al recordar el trabajo que realizó durante esos años. También habló de las condecoraciones recibidas, de la cooperación internacional y del costo personal que implicó dedicar buena parte de su vida a las tareas de seguridad.
Su exposición incluyó recomendaciones sobre la serie documental Operación Cisne Negro y la película, recientemente estrenada, La Captura, materiales que, dijo, permiten conocer parte de la operación. La narración estuvo enfocada en su experiencia personal y en los resultados de aquella intervención, sin detenerse en una revisión crítica del conjunto de su gestión en la Policía Federal.
Tanhuato y Nochixtlán: los episodios que marcaron su gestión
Al hablar sobre la función policial, Enrique Galindo planteó que el trabajo de los cuerpos de seguridad es fundamental para sostener la paz y que quienes lo desempeñan deben contar con preparación emocional y psicológica, formación especializada, disciplina y actualización permanente.
También describió a la Policía Federal como una institución que debía operar con herramientas jurídico-técnicas, inteligencia, criminalística, investigación legal y coordinación internacional. Al referirse a la intervención policial, sostuvo que la prioridad debía ser preservar la vida, evitar muertes y contener la fuga de los objetivos.
Esas ideas contrastan con los hechos documentados durante el periodo en que encabezó la corporación. Uno de ellos fue el operativo realizado el 22 de mayo de 2015 en el Rancho del Sol, en Tanhuato, Michoacán. En su Recomendación por Violaciones Graves 4VG/2016, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) documentó que elementos de la Policía Federal incurrieron en ejecuciones arbitrarias de 22 de las 42 personas fallecidas durante el operativo.
La investigación también señaló actos de tortura, uso excesivo de la fuerza, manipulación de evidencias, elaboración de informes falsos y trato indigno a los cadáveres. Entre los hechos documentados, la CNDH estableció que una persona fue quemada viva.
La distancia entre los principios de actuación policial que Galindo expuso ante estudiantes y las prácticas acreditadas por la CNDH en Tanhuato coloca en el centro una pregunta sobre la responsabilidad institucional: cómo se garantizaron la disciplina, la preparación y el respeto a la vida dentro de una corporación que estaba bajo su mando.
Un año después, el 19 de junio de 2016, la intervención policial durante las protestas magisteriales en Nochixtlán, Oaxaca, dejó nueve personas muertas y más de 190 heridas. En un primer momento, las autoridades negaron el uso de armas de fuego; posteriormente, Galindo reconoció que un grupo de agentes había utilizado sus armas.
En agosto de ese año, su salida de la Comisión Nacional de Seguridad y de la Policía Federal ocurrió en medio de cuestionamientos por estos episodios. Una publicación de El Universal, reproducida por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, enumeró entre las controversias de su gestión los hechos de Tanhuato y Nochixtlán, la tortura de una mujer en Ajuchitlán y el caso de Apatzingán.
La misma publicación reconoció resultados de la corporación en la detención de objetivos prioritarios, entre ellos Joaquín Guzmán Loera. Pero los resultados operativos no borran los cuestionamientos sobre el desempeño de la institución: la CNDH documentó violaciones graves cometidas por elementos de la Policía Federal durante el periodo en que Galindo estuvo al frente.
Ayotzinapa: Galindo dice asumir plenamente su responsabilidad
La desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa también fue planteada durante la sesión. Galindo fue cuestionado sobre cómo asumía su responsabilidad frente a los hechos de Ayotzinapa, Tanhuato y Nochixtlán, ocurridos mientras encabezaba la Policía Federal.
El alcalde respondió que asumía plenamente esa responsabilidad y reconoció que se trataba de “capítulos oscuros”. Sin embargo, no desarrolló durante la conferencia cuáles eran las responsabilidades concretas que reconocía ni qué actuaciones de la corporación consideraba que debían revisarse.
En el caso Ayotzinapa, los informes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) documentaron la participación y presencia de distintas corporaciones en el contexto de los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014, incluida la Policía Federal. El informe también examinó la línea del autobús Estrella Roja, detenido por una patrulla federal, y cuestionó que esa ruta no hubiera sido investigada adecuadamente.
El GIEI registró además reuniones con Galindo, entonces comisionado de la Policía Federal, durante 2015. En esos encuentros se abordaron las búsquedas y las condiciones planteadas por familiares de los estudiantes. No obstante, los informes no lo señalan como autor material de los ataques o de la desaparición de los normalistas.
La pregunta formulada en la Facultad de Derecho colocó sobre la mesa un aspecto que quedó fuera del relato principal de su trayectoria, el papel de la Policía Federal durante uno de los episodios más graves de la crisis de derechos humanos en México.
Además, Galindo consideró que los señalamientos parten de información parcial y de una interpretación equivocada de los hechos. Aseguró que nunca ha evadido su responsabilidad pública y que está dispuesto a hablar de los acontecimientos que marcaron su paso por la corporación, pero insistió en que existen verdades que deben conocerse y que, dijo, no necesariamente han sido expuestas de manera completa.
