Astrolabio

Por Victoriano Martínez

Ante el galimatías en que se ha convertido el esquema progresivo en las tarifas del impuesto predial y del traslado de dominio, el alcalde Enrique Galindo Ceballos está cada vez más obligado que nunca a demostrar públicamente su compromiso con la legalidad, y especialmente con la transparencia en grado ejemplar, lo que implica que abandone su hasta ahora expuesta convicción de opacidad.

En la Caja Negra de este jueves se expuso un ejercicio sobre la aplicación de la tarifa progresiva del impuesto predial a las propiedades de los diputados integrantes de la Comisión legislativa que dictaminó la Ley de Ingresos 2022 para el ayuntamiento capitalino, para mostrar con casos reales y de los propios diputados que lo aprobaron lo desproporcionado y dispar del incremento.

El ejercicio no se pudo aplicar a las propiedades del alcalde Galindo Ceballos porque el incumplimiento de su obligación de publicar sus declaraciones patrimonial, de intereses y fiscal (3de3) es una de las principales manifestaciones de su nula convicción de transparencia y, en consecuencia, de la forma en que viola la Ley en esa materia.

Y no es porque no exista el espacio para que lo haga, porque tanto en la Plataforma Estatal de Transparencia (PET), administrada por la CEGAIP, como en la Plataforma Digital Estatal (PDE) del Sistema Estatal Anticorrupción, el espacio está abierto, pero sus declaraciones no aparecen y sí, en cambio, en la primera están publicadas las 3de3 de 40 empleados y en la segunda las de 334.

Con la idea de que no sea una petición de peras al olmo, sino un reclamo al servidor público entre cuyas obligaciones se encuentra la de su publicación de su 3de3, tras el galimatías de su progresividad recaudatoria, más le vale ir más allá en el cumplimiento de la publicación de sus declaraciones y publique además los recibos de sus pagos de impuesto predial para que demuestre que no violó la ley de ingresos y se auto aplicó de manera estricta la tarifa que promovió.

La aplicación del ejercicio sobre las propiedades del gobernador Ricardo Gallardo Cardona enfrenta la misma dificultad que para el caso de Galindo Ceballos: tampoco ha hecho públicas sus declaraciones 3de3.

En su caso, existe el antecedente de la investigación publicada por Astrolabio Diario Digital el 28 de enero de 2018, en la que se detectaron 66 propiedades de la familia Gallardo, en su mayoría adquiridas a partir de que Ricardo Gallardo Juárez asumió el cargo de presidente municipal de Soledad de Graciano Sánchez en 2009.

De una revisión de la base de datos de aquel trabajo periodístico, se detectaron 34 propiedades en las que se conoció el valor de los inmuebles, de las cuales 25 se encuentran dentro del municipio de San Luis Potosí y, por lo tanto, se les aplica la tarifa progresiva inventada por Galindo Ceballos.

Cada propiedad enfrenta incrementos distintos conforme a su monto. En dos casos el valor de los inmuebles corresponde al primer rango de la tabla de progresividad, por lo que no sufrieron incremento en la tarifa. Para las 23 restantes los incrementos van del 12.11 al 361.98 por ciento.

En total, esas 25 propiedades gallardistas acumulan un valor de 57 millones 295 mil 236.97pesos, por las que tendrían que pagar 244 mil 151.33 pesos, cuando el año pasado pagaron 86 mil 529.66 pesos. Es decir, en el global, la ocurrencia de Galindo Ceballos le costará en esas 25 propiedades un 182.16 por ciento más a los Gallardo.

El impacto es mucho mayor si se toma en cuenta que en la Carpeta de Investigación turnada por la Fiscalía General del Estado a la Fiscalía General de la República el 10 de diciembre de 2020 sobre la denuncia por enriquecimiento ilícito presentada por el Frente Ciudadano Anticorrupción se incluyó la documentación que avala 118 propiedades que la investigación ministerial les había detectado.

El tiro que disparó Galindo Ceballos con su recaudación progresiva giró 360 grados y también salió por la culata.

Tal vez por eso ha comenzado a tener acercamientos con los principales afectados y la tarde de este jueves el ayuntamiento emitió un comunicado en el que informa que se reunió, vía internet, con integrantes de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) y de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (CANADEVI).

“Se proyecta el establecimiento de un convenio que permita proteger el mercado inmobiliario”, señala el comunicado que en su totalidad presenta un tono eufemístico, tras el que se deja ver que se buscan medidas para evadir el cumplimiento de las tarifas progresivas para el impuesto predial y el traslado de dominio, incluidas en la Ley de Ingresos.

Una intención que parecen compartir los representantes empresariales, como lo revela la CANADEVI en su propio comunicado sobre la reunión: “se acordó como resultado de la reunión elaborar un convenio que permita mitigar las afectaciones por el alza al impuesto al traslado de dominio y se evite la contracción del sector inmobiliario en San Luis Potosí”.

La CANADEVI menciona incluso la posibilidad de “prorrogar algunos meses la entrada en vigor de los incrementos”.

Se trata de medidas que podrían mitigar el efecto negativo de los incrementos desproporcionados aludidos, pero que rebasan los límites de la legalidad. La Ley de Ingresos es anual y su vigencia es del 1 de enero al 31 de diciembre lo que, de entrada, no admite prórroga.

En su artículo tercero transitorio advierte que “la autoridad municipal no podrá bajo ningún concepto efectuar cobros no autorizados en la presente Ley”. Cobrar la tarifa anterior, por mucho que sea resultado de un convenio, es un cobro no autorizado.

El artículo cuarto transitorio faculta a la autoridad municipal para otorgar estímulos fiscales a sectores de contribuyentes “únicamente en multas y recargos de conformidad con lo establecido en el Código Fiscal del Estado”.

Ni por la vía de estímulos fiscales cabe la posibilidad de que sea posible lo que se afirma que se ofreció a la AMPI y a la CANADEVI. En consecuencia, lo que se pudiera llegar a convenir representaría una violación a la Ley de Ingresos.

Un galimatías que, si se trata de resolver con parches de ese tipo, lo único que incrementará es la confusión, el desorden y el lío que provoca.

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