Por Victoriano Martínez
El alcalde Enrique Galindo Ceballos aún no conoce la iniciativa legislativa que busca que los parquímetros municipales otorguen un seguro por daños patrimoniales a sus usuarios, y aun así tiene una respuesta inmediata: “eso sería prácticamente imposible que se pudiera cumplir”.
Se trata, sin duda, de la reacción de un típico servidor público que no reconoce y mucho menos se siente obligado de corresponder a quien paga impuestos… salvo que ese sea el argumento para motivar a que los contribuyentes aporten más. “Si pagas tu predial habrá más obras” suele ser la expresión que condiciona el trabajo concreto a que se pague más.
Si Galindo Ceballos tuviera voluntad de reconocer que el pago de estacionamiento en la vía pública a través de los parquímetros es un servicio que le presta como autoridad a los usuarios con sus vehículos, podría dejar de ver ese ingreso sólo como un elemento recaudatorio y se sentiría obligado a corresponder con algo más que permitir estacionarse.
Que se garantice la seguridad de los vehículos considerados como patrimonio de los usuarios de ese servicio no es sólo una condición que se presenta porque se paga por estacionarse.
Desde antes de que se instalaran los parquímetros es obligación constitucional de la autoridad municipal prevenir la comisión de delitos, entre ellos los que tienen que ver contra el patrimonio.
Es decir, que le roben el vehículo a cualquier automovilista sin importar el rumbo de la ciudad, es un hecho en el que a Galindo Ceballos como alcalde le corresponde una parte de responsabilidad por no garantizar como debe la seguridad pública.
En caso de un robo de auto en cualquier rumbo de la ciudad, ¿se tiene derecho a reclamar una reparación del daño a la autoridad que incumplió con sus obligaciones de vigilancia como contraprestación?
Si es posible considerar que esa falta de correspondencia entre el pago de impuestos y la prevención de delitos como motivo de reclamo formal, ¿por qué el pago específico por el uso de un espacio como estacionamiento no debería tener como contraprestación que quien paga parquímetro cuente con un seguro para su unidad?
Si en las grandes autopistas, con un flujo público de vehículos muy superior al que se da en las zonas de parquímetros de la ciudad, el boleto de peaje constituye un seguro para las unidades que por ellas transitan, ¿qué impide que se logre encontrar un esquema de aseguramiento similar?
El pasado 27 de enero, el Comité de Adquisiciones del Ayuntamiento emitió el fallo para la contratación de un seguro para los 640 vehículos y 24 unidades de maquinaria por 10 millones 820 mil 338.04 pesos con vigencia de las 00:00 horas del 16 de febrero hasta las 24:00 horas del día 31 de diciembre de 2026.
¿Cuántos siniestros atenderá la aseguradora con relación a ese número de vehículo de la flotilla municipal?
¿Cuántos siniestros contra vehículos estacionados en la zona de parquímetros? Sin duda serán mucho más que los que le ocurrirán a la flotilla vehicular municipal, pero se trata de siniestros (sean daños o robos) que implican una obligación para Galindo Ceballos: garantizar una estrategia de vigilancia que impida que ocurran.
La capacidad de garantía, no de bienestar que ofrece su nuevo eslogan sino de seguridad a la que lo obliga la Constitución, tendría que hacer prever que habría pocos siniestros o hasta ninguno.
¿O acaso su expresión “eso sería prácticamente imposible que se pudiera cumplir” no es más que una sinceridad involuntaria con la que se reconoce incapaz de brindar seguridad a los automovilistas que usan las zonas de parquímetro para dejar sus vehículos?
