Por Victoriano Martínez
Mañana será, en el Congreso del Estado, jueves de fiscal carnal, ya que seguramente resultará electo como titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) José Luis Ruiz Contreras, hoy encargado del despacho.
Nada nuevo, salvo que en esta ocasión el nombramiento de un incondicional, autónomo pero no independiente, del gobernador se dará al tercer día de la llegada de una denuncia a la Fiscalía que plantea un conflicto de interés que involucra directamente al Ejecutivo.
“Se acabaron los plantones”. Con esas palabras celebró el pasado 22 de noviembre el gobernador Ricardo Gallardo Cardona el desalojo del plantón que mantenían desde muchos meses atrás integrantes del Sindicato Independiente de Trabajadores y Trabajadoras del Gobierno del Estado (SITTGE) despedidos injustificadamente frente al Museo Francisco Cossío.
Se emitió un comunicado oficial que narró la historia de un desalojo terso y apegado a la legalidad, como si en sí mismo no representara un atentado a derechos humanos. Peor aún, ese mismo día en rueda de prensa el SITTGE denunció la ilegalidad de no haber mostrado la orden del juez que se afirmó se tenía y desmintieron que haya sido pacífico.
La acción posiblemente se pudo apegar a un procedimiento legaloide, pero –con lo que este martes revela el SITTGE– es claro que respondió a un interés particular de Gallardo Cardona, al ser tramitado en tres días por la denuncia del ex diputado Jorge Luis Miranda Torres, y no por “comerciantes y vecinos de la zona”, como señaló la versión oficial.
Tan respondió al interés del mandatario, que –tras el desalojo– rápidamente emitieron el comunicado y el propio gobernador hizo declaraciones con claro tono de celebración.
Un antecedente de sumisión al Ejecutivo por parte de la FGE a cargo de Ruiz Contreras que los diputados que este jueves podrían elegirlo para que ocupe formalmente la titularidad de esa dependencia deberán de considerar si efectivamente pretenden elegir a quien garantice la autonomía constitucional que debe tener ese organismo de procuración de justicia.
Si en el desalojo de los manifestantes del SITTGE Ruiz Contreras exhibió los servicios que le puede prestar a Gallardo Cardona, poco –o más bien nada– se puede esperar sobre la denuncia que presentaron este martes por agresiones físicas y verbales por parte policías estatales durante el desalojo, amenazas, daño a sus vehículos y el robo de sus teléfonos celulares.
Una más de las contradicciones con las que arranca el sexenio que, a pesar de autoproclamar que ya se ve el cambio, en los hechos lo que comienza a quedar claro es que los males heredados persisten con tal cinismo que no les importa exhibirlo de manera tan evidente.
La principal justificación del desalojo y de un anunciado operativo para evitar la reinstalación del plantón fue “garantizar el derecho de tránsito”.
Un derecho que en los últimos días se ha visto afectado en diversas calles del Centro Histórico por actividades tan trascendentes como la instalación de un gigantesco árbol de Navidad, o –el 18 de diciembre– resultará afectado por el concierto de Julión Álvarez en la avenida 20 de noviembre.
Un contraste que parece configurar, no una villa navideña, sino más bien el mundo de fantasía del nuevo sexenio. Si durante el sexenio que vivió Marcelo de los Santos Fraga se habló de Marcelandia, hoy podría comenzar a hablarse de Gallardilandia.
A menos que alguien quiera corregir y diga que debe ser Pollolandia, pero ese nombre ya le pertenece a la cadena de restaurantes de pollo más grande de Centro América desde hace más de 20 años.
