Fernanda Durán
La iniciativa enviada por el gobernador Ricardo Gallardo Cardona al Congreso del Estado en cuestión de uso de celulares, plantea restringir durante toda la jornada escolar el uso personal y no pedagógico de teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos en educación básica, aunque permitirá su utilización con fines educativos, por razones de salud, en situaciones de emergencia o cuando sea necesario para garantizar algún derecho.
La propuesta, presentada como una iniciativa preferente, reforma nuevamente el artículo 60 de la Ley de Educación del Estado. A diferencia del esquema vigente, que deja a las autoridades educativas definir mediante lineamientos el uso complementario de celulares como apoyo al aprendizaje, el Ejecutivo busca que la restricción quede establecida directamente en la ley.
“En los servicios de educación básica queda restringido, durante toda la jornada escolar, el uso personal y no pedagógico de teléfonos celulares y demás dispositivos electrónicos personales de comunicación, conectividad o acceso digital”.
El carácter preferente de la iniciativa obliga al Congreso a darle un trámite prioritario. De acuerdo con el artículo 61 de la Constitución local, durante los primeros 15 días de cada periodo ordinario de sesiones el Poder Ejecutivo puede presentar hasta dos iniciativas bajo esta modalidad, las cuales deberán ser dictaminadas, discutidas y votadas por el Pleno en un plazo máximo de 45 días naturales. Si el Congreso no resuelve dentro de ese periodo, la propuesta deberá colocarse, en sus términos y sin mayor trámite, entre los primeros asuntos de la siguiente sesión plenaria.
El proyecto no prohíbe que alumnas y alumnos lleven sus teléfonos a la escuela. Tampoco establece como regla general que deban entregarlos, depositarlos o que puedan ser confiscados. La limitación recae únicamente sobre su utilización personal y ajena a fines pedagógicos durante la jornada escolar.
En su exposición de motivos, el Ejecutivo sostiene que la tecnología no debe ser excluida de las escuelas y reconoce que puede contribuir al proceso de enseñanza cuando tiene un objetivo educativo. La iniciativa distingue entre ese uso y el empleo personal que pueda generar distracciones durante las clases.
El documento también reconoce expresamente que San Luis Potosí ya había reformado este mismo artículo durante 2026 para regular el uso de celulares. Esa modificación estableció que las autoridades educativas determinarían el “uso complementario” de estos dispositivos como material de apoyo a la enseñanza y aprendizaje en educación básica.
La nueva propuesta señala que no pretende sustituir completamente esa orientación, sino hacer más específica la regla. En palabras del propio documento, la iniciativa “no rompe con aquella orientación; la desarrolla”, al plantear que los elementos centrales de la regulación queden directamente definidos en la ley y que a las autoridades educativas corresponda únicamente su aplicación.
La reforma anterior tuvo su origen en una iniciativa presentada en agosto de 2025 por el diputado Crisógono Pérez López. Durante su análisis, la Comisión de Educación del Congreso solicitó la opinión de la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado (SEGE), que avaló la necesidad de regular el uso de dispositivos móviles en las escuelas.
La propia SEGE había planteado entonces una regulación más específica, con limitaciones al uso de celulares, tabletas, relojes inteligentes y otros dispositivos durante las clases, además de excepciones para actividades educativas y razones médicas.
Sin embargo, el Congreso no incorporó esa propuesta en los mismos términos. La Comisión decidió modificar el contenido para armonizarlo con el resto del artículo 60, que reconoce a las tecnologías digitales como herramientas complementarias del proceso educativo. El dictamen estableció finalmente que serían las autoridades educativas quienes determinarían el uso complementario de celulares mediante los lineamientos correspondientes.
La Comisión justificó entonces la modificación como un ajuste para lograr la “debida armonización y coherencia con la demás parte del numeral”.
Ahora, la iniciativa de Gallardo retoma un esquema más cercano al que la propia SEGE había propuesto desde el análisis de la reforma anterior: mantener los dispositivos dentro de las escuelas, pero restringir expresamente su uso personal durante la jornada y permitirlos cuando exista una finalidad educativa o una excepción justificada.
“Durante los períodos en que resulte aplicable la restricción, los dispositivos deberán permanecer fuera de uso. Las autoridades educativas, organismos e instituciones competentes establecerán, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, las medidas necesarias para la aplicación de estas disposiciones”, menciona el párrafo tercero de la reforma planteada.
La propuesta fue turnada a la Comisión de Educación antes de llegar al Pleno del Congreso para su discusión y eventual votación.
