Por Victoriano Martínez
El Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) resolvió por unanimidad el juicio contencioso administrativo que promovió Ricardo Gallardo Cardona en contra de un crédito fiscal que se le fijó en julio de 2018 por depósitos bancarios que realizó en 2013, sobre los que no pudo aclarar el origen de los recursos. Perdió y le tendrá que pagar al fisco 12.3 millones de pesos.
A la luz de las diversas denuncias existentes en la Fiscalía General de la República (FGR), tanto presentadas por grupos ciudadanos como la promovida el 14 de agosto de 2020 por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por más de 724 millones de pesos en contra de él, su familia, sus empresas y sus socios, el problema fiscal que hoy tiene podría parecer un asunto menor.
No obstante, tras la larga estela de señalamientos que arrastra la gallardía desde hace casi una década con su casi automática reacción de descalificarlos con el argumento de que siempre se trató de guerra sucia para impedirle avanzar en su búsqueda de la gubernatura, el caso abre la posibilidad de que su pasado lo alcance a él y su familia no sólo en este asunto.
Ya es gobernador y no podrá usar el mismo argumento de que tratan de frenarlo para que no llegue a donde ya está, y menos podría acusar guerra sucia en contra de diez magistrados que determinaron por unanimidad su responsabilidad acreditada en la resolución.
Ya es gobernador y, a menos que ya se encuentre en una carrera para otro cargo, podría recurrir a descalificar el seguimiento a los casos que se tramitan en diversas instancias como guerra sucia.
Ya es gobernador y el hecho de que eso no sea obstáculo para que se le apliquen sanciones como la que acaba de determinar el TFJA es un recordatorio de que la FGR también puede avanzar en sus investigaciones.
Investigaciones que la UIF no sólo promovió ante la FGR, sino que también lo hizo ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, de María de la Luz Mijangos, según reveló el pasado 9 de febrero el columnista de El Universal, Mario Maldonado.
La resolución del TFJA tiene un efecto adicional: toca un punto en el que el presidente Andrés Manuel López Obrador es muy sensible: la evasión fiscal.
Prácticamente cada inicio de un ejercicio fiscal, López Obrador ha hecho señalamientos en contra de los evasores fiscales, especialmente con la recomendación de que se denuncie a quien lo haga.
Tras exponer las razones que considera importantes para cumplir con las obligaciones fiscales, el 4 de enero de 2019 en Reynosa, Tamaulipas, López Obrador aludió a la responsabilidad de los contribuyentes y advirtió que “se van a sentir muy mal los evasores fiscales con sus familias, con sus hijos”.
“Tenemos que ir avanzando, que nos dé vergüenza infringir la ley, evadir nuestra responsabilidad fiscal. Yo estoy seguro que esto va a cambiar”, dijo aquel día.
En otra ocasión, durante una mañanera en julio de 2019 lanzó una advertencia más para los evasores fiscales, “sea quien sea, ya no vale la palanca, la recomendaciones, el influyentismo… ahora es el que todos nos portemos bien… auténtico de derecho, no hay privilegios para nadie”.
En abril de 2020, López Obrador insistió en el tema y descalificó a los contribuyentes que utilizan subterfugios para prolongar al máximo los litigios, en su intento por evadir cumplir con sus contribuciones.
A muy poco de cumplir cinco meses como gobernador, la relación que Gallardo Cardona tiene con López Obrador es más bien distante, con un toque de indiferencia por parte del presidente que fue notoria en la ceremonia del 5 de febrero en Querétaro.
El adeudo con el fisco por depósitos bancarios de 2013 cuyo origen no pudo aclarar pareciera ser lo de menos, si ahora Gallardo Cardona acumula como carta de presentación para mejorar su relación con López Obrador haber sido declarado por el TFJA como evasor fiscal y obligado a pagar su adeudo más actualización, recargos y multas, nueve años después, tras haber recurrido a subterfugios.
