Abelardo Medellín
El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, evitó y huyó de una entrevista en la que se le cuestionó por los casos de abuso policial y de fuerzas armadas que han sido documentos por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Este martes 20 de febrero, se intentó preguntar al mandatario su postura ante el caso de presunto amedrentamiento ejercido por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en contra de pobladores del municipio de Tamuín, así como por el caso de tortura sexual que ejercieron dos elementos de la Guardia Civil del Estado (GCE) contra una mujer embarazada del municipio de Matehuala, y por el cual la CEDH ya emitió una recomendación a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
Sin embargo, el gobernador se negó a hablar al respecto al decir que “no voy a opinar nada de Sedena, que Sedena lo vea”.
Tras dar esa declaración, el gobernador ignoró el tema de la recomendación a nivel estado que se hizo contra la Secretaría de Seguridad.
La recomendación 1/2024 emitida a la SSPC recuenta que en 2022, dos elementos de la GCE detuvieron irregularmente a una mujer que estaba embarazada; luego de la detención, la torturaron y violentaron sexualmente, lo que provocó la pérdida de su bebé.
Por su parte, la queja presentada por habitantes de Tamuín a la CNDH señala que desde hace tres semanas, un militar de nombre Pedro de Jesús Adrián García se ha presentado en la colonia Manzanilla y ha amenazado con desalojar del lugar a 500 familias, cortó los caminos a este sitio y advirtió que llevaría a más militares que lo apoyarían con el desalojo.
