Por Victoriano Martínez

Si hoy los potosinos estamos condenados a ver las caras sonrientes de los candidatos a 544 cargos de elección popular y entre ellas sobresalen las de los nueve candidatos al Gobierno del Estado, es porque el sistema de partidos privilegia el derroche del erario antes que la promoción de las plataformas electorales y las propuestas de gobierno.

Aunque el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEEPAC) establece un tope máximos para los gastos de las campañas ($29’223,864.70 para gobernador; $2’337,909.18 para diputados locales, y $11’689,545.88 para ayuntamientos), los montos –de por sí elevados– terminan en una mera referencia que intenta moderar el derroche de los incontinentes.

La condición de referencia de los topes de campaña tiene como base el segundo párrafo de la fracción II del artículo 41 constitucional, que establece que en el financiamiento de los partidos se debe “garantizar que los recursos públicos prevalezcan sobre los de origen privado”.

La determinación se repite, con ligeras variantes que incluso hacen referencia al gasto, en los artículos 151 de la Ley Electoral del Estado y el 50 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

De los nueve candidatos a la gubernatura, sólo dos tienen la posibilidad de gastar hasta el tope de más de 29 millones de pesos impuesto por la autoridad electoral, en tanto que el resto, por el financiamiento público que les corresponde a los partidos que los postulan, en caso de llegar al tope, violarían la Constitución. Eso modifica el tope efectivo y posible para sus campañas.

Los candidatos que pueden llegar al tope son Octavio Pedroza Gaitán por la suma del financiamiento que les corresponde a los cuatro partidos que lo postulan, y Arturo Segoviano, a quien –aunque recibe el menor financiamiento público, $1,052,059.13– por ser candidato independiente no le aplica la restricción constitucional.

De acuerdo con lo que los nueve candidatos reportaron al Instituto Nacional Electoral que gastaron durante su primer mes de campañas, el candidato más derrochador fue Ricardo Gallardo Cardona, del PT-PVEM, con un gasto diario de 200 mil 397.90 pesos que, de mantenerlo, rebasaría con mucho su tope. Para evitarlo tendrá que reducir su gasto diario a 152 mil 619.27 pesos.

El derroche en la campaña por la gubernatura en su primer mes llega a un gasto promedio diario de 537 mil 989.30 pesos, de los cuales Gallardo Cardona acapara el 37.25 por ciento, casi cuatro de cada diez pesos gastados.

Si cada uno de los candidatos lograra conseguir el financiamiento privado, que no puede ser de personas morales sino sólo de personas físicas a razón de 146 mil 119.42 pesos cada una, contarían con recursos para derrochar más que lo que han hecho hasta ahora, salvo Gallardo Cardona, quien tendrá que moderarse para evitar rebasar su tope.

Ese es el panorama financiero de las campañas por la gubernatura que parte de la consideración de que todos los candidatos se ajustan al marco constitucional y legal, y que en los reportes que proporcionan al INE informan cifras reales sobre lo que han gastado.

Las experiencias documentadas de procesos anteriores y el sospechosismo generado por la poca confianza que despiertan los candidatos hacen suponer que ni se respetan los topes constitucionales y legales, ni se reportan los gastos reales de las campaña, por lo que la atención ciudadana deberá poner especial atención a la labor de control de la autoridad electoral.

De entrada, los monitoreos que debe realizar la autoridad electoral sobre la propaganda de los partidos adquieren una relevancia no sólo para que detecte los excesos en los gastos, sino para que demuestren que ponen orden al menos en el cuidado del erario… por ser un aspecto en el que su confiabilidad también ha quedado en entredicho.