Desiree Madrid
El Gobierno del Estado de San Luis Potosí realizó este jueves el primer Encuentro Estatal por la Innovación, los Derechos Humanos y la Inteligencia Artificial en el Salón Gobernadores de Palacio de Gobierno, sin embargo, la mesa de trabajo se desarrolló a puerta cerrada y con una lista de invitados definida previamente por el Poder Ejecutivo estatal, que no permitió la asistencia de ningún otro periodista o reportero.
El evento se realizó con la asistencia de representantes de los tres poderes, organismos autónomos, la academia, cámaras empresariales, colegios de abogados y medios de comunicación. Convocado por el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona y moderado por el secretario general de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, el encuentro fue presentado como un espacio de diálogo institucional.
Durante la apertura, Torres Sánchez sostuvo que “las decisiones públicas son más sólidas cuando se construyen con diálogo, con apertura y con responsabilidad institucional” y afirmó que el propósito no era que “todos pensemos igual”, sino escuchar “distintas experiencias, distintos conocimientos y distintas perspectivas”.
La primera participación correspondió a Georgina González Cázares, directora de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, quien expuso tres dimensiones que, a su juicio, deben contemplarse en cualquier regulación sobre inteligencia artificial. La primera fue la existencia de sesgos sociales, técnicos y económicos, citó una encuesta nacional según la cual “más de un tercio de la población estudiantil utiliza activamente herramientas de inteligencia artificial generativa” y señaló que apenas el ocho por ciento de las unidades económicas con más de 10 empleados en el estado han implementado la IA en sus procesos, de las cuales solo el 4.8 por ciento corresponde a empresas manufactureras, además de advertir una marcada disparidad regional entre la capital y la zona industrial frente a la Huasteca y el Altiplano.
Como segunda dimensión mencionó las brechas generacionales y de género, al advertir sobre “una preocupante indefensión jurídica frente al analfabetismo algorítmico” que afecta a personas adultas mayores, mujeres, niñas, niños y adolescentes, así como el incremento de la violencia digital, el fraude, el robo de identidad y la denominada “porno venganza” mediante herramientas de IA. Concluyó que “una regulación enfocada sólo en lo punitivo es insuficiente para la protección de los derechos humanos en la era digital” y que el reto para San Luis Potosí consiste en adaptar el debate internacional a las condiciones económicas, sociales e institucionales del estado.
En su turno, el abogado Alejandro Díaz de León Mirabal, consejero nacional de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, abordó los problemas relacionados con la autoría de obras generadas mediante IA y la dificultad para establecer responsabilidades cuando decisiones administrativas o técnicas son tomadas por algoritmos. Recordó además criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el derecho a recibir información y propuso que cualquier regulación se construya sobre la base de los derechos fundamentales y de la dignidad humana.
Jorge Saldaña, director de La Orquesta vinculó el origen del encuentro con la reforma al Código Penal conocida como Ley Serrano, que derivó en la detención de tres personas y en la filtración de una lista de presuntas órdenes de aprehensión, situación que calificó como irregular.
Saldaña consideró que aquella reforma “quizás no fue correcta” y aseguró que no la justificaba, aunque también criticó la narrativa según la cual el gobierno emprendió una persecución contra voces críticas, al considerar que ese discurso fue aprovechado con fines políticos.
Señaló que el Estado no puede determinar quién es periodista y quién no, citando una opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y propuso diferenciar entre medios de comunicación, periodistas, generadores de contenido, personajes de opinión, canales de propaganda, cuentas coordinadas y replicadores de información falsa.
Entre sus propuestas planteó crear una herramienta de verificación apoyada en inteligencia artificial mediante un convenio con universidades; una comisión ciudadana y académica independiente que distinga entre ataques disfrazados y críticas legítimas; y una legislación similar a la de Dinamarca que reconozca el derecho de cada persona sobre su imagen y su voz. También expresó estar “en contra de la cárcel por difamación o por ejercer el ejercicio del periodismo”, aunque sostuvo que quienes utilicen imágenes falsas para destruir la vida de una persona sí deben enfrentar consecuencias.
Francisco Javier Rosales Hernández, representante de los periodistas dentro del Mecanismo Estatal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, sostuvo que el periodismo ha cambiado profundamente con el desarrollo tecnológico y que cualquier regulación sobre inteligencia artificial debe construirse mediante el diálogo entre quienes la aplican, la interpretan y viven sus efectos.
Advirtió que la incertidumbre sobre el alcance de las normas no solo afecta a quienes ejercen el periodismo, sino también al derecho de la sociedad a recibir información, por lo que consideró positivo abrir espacios de discusión para construir un marco jurídico más claro y respetuoso de los derechos fundamentales.
El rector de la Universidad Politécnica de San Luis Potosí, Néstor Garza Álvarez, propuso que la regulación se diseñe conforme al nivel de riesgo que represente cada aplicación de inteligencia artificial, de manera que las obligaciones aumenten conforme pueda afectar más derechos.
Subrayó que “la responsabilidad humana no puede desaparecer detrás de un algoritmo” y defendió el derecho de cualquier persona afectada por una decisión automatizada a solicitar una revisión humana. También propuso mecanismos de etiquetado, trazabilidad y retiro expedito de contenido ilícito en plataformas digitales, tomando como referencia la legislación estadounidense Take It Down, además de explorar mecanismos voluntarios que permitan identificar el uso sintético de imágenes o voces.
Jesús Aguilar, de MG Radio, solicitó intervenir para expresar su respaldo a una regulación de los medios, las redes sociales y las nuevas formas de comunicación, aunque advirtió que ésta no debe responder a “la revancha política, el interés partidista o la intención de controlar a quienes piensan distinto”.
El periodista se manifestó completamente en contra de la penalización con prisión por abusos cometidos en el ejercicio de la comunicación y defendió el uso de mecanismos como el derecho de réplica, las rectificaciones y las vías civiles.
También pidió transparentar el gasto público destinado a medios de comunicación en los tres niveles de gobierno y planteó establecer interlocución con Meta —empresa propietaria de Facebook, Instagram y WhatsApp—, así como con TikTok y otras plataformas digitales, para combatir cuentas falsas, suplantación de identidad y campañas coordinadas de desinformación.
Además propuso integrar un consejo externo, plural e independiente para atender estos temas y aseguró que la única denuncia penal vigente contra un periodista por su trabajo en los últimos dos años en San Luis Potosí es la que enfrenta él mismo, lo que, dijo, evidencia riesgos para la libertad de expresión.
David Eduardo Vázquez Salguero, director del Colegio de San Luis, afirmó que el debate sobre inteligencia artificial también ocupa a los centros públicos de investigación del país y llamó a construir primero principios éticos antes de legislar. Propuso crear un foro permanente sobre inteligencia artificial en San Luis Potosí y comprometió a esa institución a incorporar los acuerdos que surjan tanto en la formación de estudiantes como en sus investigaciones.
Pepe Alemán, de El Heraldo, reconoció que la reforma conocida como Ley Serrano era imperfecta, pero consideró que abrió un debate necesario sobre el uso de la inteligencia artificial y expresó su respaldo a una regulación que sancione abusos sin afectar las libertades y los derechos humanos.
Lizy Navarro Zamora, investigadora de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UASLP, expuso los cuatro niveles de riesgo que suelen emplearse en distintas legislaciones internacionales sobre inteligencia artificial e indicó que el periodismo se ubica entre las actividades de bajo riesgo. Señaló que Perú es uno de los países latinoamericanos que ya cuenta con una regulación en la materia y recordó que el ejercicio periodístico no depende de la posesión de una cédula profesional. Insistió en fortalecer la autorregulación, los códigos de ética y la alfabetización digital para que la ciudadanía pueda identificar contenidos generados mediante inteligencia artificial. Cerró su participación con la frase: “Los hechos son sagrados y las opiniones son libres”.
Por parte del Poder Legislativo intervino el diputado Héctor Serrano Cortés, promovente de la reforma que fue conocida públicamente como Ley Serrano. Reconoció que ese no era el nombre oficial de la iniciativa y asumió una “responsabilidad política” por su presentación, aunque defendió que su principal motivación fue la protección de la dignidad humana. Anunció que el Congreso del Estado organizará un foro para discutir una nueva legislación sobre inteligencia artificial.
Al concluir el encuentro, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona anunció el consenso alcanzado para derogar la reforma y firmó el documento correspondiente, tema cuyos alcances se abordan en una nota aparte.
Aunque el encuentro fue presentado como un espacio de diálogo institucional entre diversos sectores, el acceso al Salón Gobernadores estuvo restringido desde el inicio.
Únicamente se permitió el ingreso a directivos de medios de comunicación y a un grupo de reporteros previamente invitados por el Gobierno del Estado, mientras otros periodistas que acudieron a cubrir el evento permanecieron fuera del recinto a la espera de la conferencia de prensa ofrecida al término de la reunión.
