Por Victoriano Martínez

¿Hasta dónde los integrantes del Cabildo de San Luis Potosí están dispuestos a llegar –o se están viendo obligados por las presiones de los empresarios inmobiliarios– para aprobar los programas municipales de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano (PMOTDU) y de Desarrollo Urbano del Centro de Población (PMDUCP)?

En septiembre intentaron avanzar el proceso sin hacer públicas las reuniones ni la conclusión de los documentos que, por filtraciones, se supo que autorizan la urbanización de 5 mil 700 hectáreas de la Sierra de San Miguelito que prestan importantes servicios ecológicos a la ciudad, que son área de protección paisajística y de recarga la cuenca hídrica.

Obligados a publicar las respuestas a los participantes en la consulta pública para los programas, el IMPLAN exhibió una serie de violaciones a distintas leyes y decretos, así como hasta la invasión de 127 hectáreas de territorio del municipio de Mexquitic de Carmona, que provocaron la presentación de solicitudes de amparo, de los cuales al menos en dos se ordenó la suspensión provisional.

Se han dado al menos dos intentos de sesionar por parte de las comisiones encargadas de dictaminar los programas, sobre los que comuneros de San Juan de Guadalupe y ejidatarios de Guadalupe Victoria promovieron incidentes de violación a las suspensiones de amparo decretadas, y los regidores y síndica partidarios de la aprobación también lo son de ignorar la orden de los jueces.

Un tercer intento para convocar a las comisiones de manera conjunta, con calendario impuesto por organismos empresariales, se topó con la negativa de la presidenta de la Comisión de Gobernación, Verónica Rodríguez, a convocar. Sin despistarle, el alcalde interino Alfredo Lujambio Cataño la destituyó al nombrar en su lugar a Verónica Campillo, regidora priísta dispuesta a colaborar.

En pleno intento por sesionar, Lujambio Cataño recibió de la Semarnat un oficio en el que le solicitaron ajustarse a las leyes generales de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, solicitar opinión formal a las instancias rectoras y esperar al decreto de Área Natural Protegida para la Sierra de San Miguelito.

Empujados por las presiones para aprobar los programas, también ignoraron el requerimiento de Semarnat y ante la falta de convocatoria de otra comisión, la de Alumbrado y Obras Públicas, que preside Karina Benavides –la regidora a quien Lujambio Cataño desplazó para que no llegara a la alcaldía interina–, prepararon medidas para salvar ese obstáculo.

Las presiones debieron ser fuertes. Benavides denunció el miércoles, vía Twitter, que estaba por correr la misma suerte de su compañera Verónica Rodríguez. “No entiendo que no entiendan que sólo queremos que las cosas se hagan bien”, escribió. Su destitución quedó anotada como punto VII en la orden del día de la sesión de Cabildo de este viernes.

“Quisiera someter a los miembros del Cabildo el que se dé por bajado el punto séptimo del orden del día, ya que a la fecha de hoy me llegaron dos convocatorias firmadas por la licenciada Dulce Karina Benavides, por lo cual pongo a consideración el bajar este punto de la orden del día”, expuso Campillo, cual si les informara que Benavides de último momento accedió a colaborar.

Las presiones debieron ser fuertes. A las pocas horas se filtró la imagen de la “convocatoria conjunta” a las cuatro comisiones del Cabildo para el “análisis, revisión y en su caso aprobación del dictamen de los proyectos del Programa Municipal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano y Programa de Desarrollo Urbano de Centro de Población” (punto V).

Al calce, las firmas de los presidentes de las cuatro comisiones convocantes, incluida la de la regidora Karina Benavides. Una firma que seguramente la salvó de la destitución, pero que la afilió al grupo de quienes en su tuit dijo que “no entiendo que no entiendan que sólo queremos que las cosas se hagan bien”.

Los integrantes de las comisiones, pero especialmente Benavides al convocar a lo que antes no le parecía bien, tras la larga lista de irregularidades, le deben una explicación a sus representados, todos los habitantes del municipio, de entrada sobre la forma en que subsanaron los proyectos –si lo hicieron– y las razones –si las hay– por las que no les aplican las suspensiones de amparo.

Más aún: de qué manera se ajustan los programas a las leyes generales de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente y de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, si cuentan con las opiniones de las instancias rectoras estatal y federal, y porqué incumplen el compromiso de esperar la declaratoria de ANP para la Sierra de San Miguelito.

¿Acaso el reconocimiento, vía Twitter, hecho por el gobernador Juan Manuel Carreras López a “la voluntad de las y los presidentes municipales para avanzar unidos en la protección de la biodiversidad y el patrimonio ecológico de los potosinos” no incluye a Lujambio Cataño, quien se limitó a remitir al comunicado de Semarnat, más obligado que convencido?

Es claro que tras la convocatoria conjunta para dictaminar el lunes 18 de enero los programas de desarrollo urbano está el ánimo de confrontar a la Federación, alentado por los grupos empresariales que buscan la depredación inmobiliaria de la Sierra, sin importar que se pase por encima de las leyes y, sobre todo, del interés general de los habitantes de la ciudad.

Lamentable resulta que los depredadores inmobiliarios puedan usar como vil carne de cañón a los integrantes del Cabildo, que pasan por alto la advertencia en la parte final del tuit de Jesús Ramírez Cuevas, vocero de la Presidencia de la República: “Sería un ilegal golpe al patrimonio natural de los mexicanos”.

Si desde la Presidencia se pone atención sobre esas ilegalidades, todos los integrantes del Cabildo ya no sólo se arriesgan a las sanciones a las que podrían hacerse acreedores por la violación a suspensiones de amparo, sino que también a incurrir en delitos ambientales y de otra naturaleza, cuyas consecuencias enfrentarían sólo ellos.

La tarde de este viernes circularon mansajes sobre la actitud de los despachos de abogados de los depredadores inmobiliarios, de entre quienes uno de ellos presuntamente calificó a los participantes en la reunión de autoridades locales con Semarnat como “puros indios con charolita, retrasados, viven en su utopía pendeja”.

Es innegable la intención de los empresarios inmobiliarios de hacer que el Cabildo apruebe los programas, iniciar la depredación de la Sierra para generar actos irreparables, y después enfrentar judicialmente a la Federación para hacer prevalecer sus intereses. ¿Incluirá la eventual defensa legal que pudieran requerir los integrantes del Cabildo?

¿Hasta dónde están dispuestos a llegar los integrantes del Cabildo para ceder ante las presiones que cada día son más obvias?