Por Victoriano Martínez
Cuando todo apunta a la consolidación de la Sierra de San Miguelito como un Área Natural Protegida con diversas acciones de recuperación ambiental como las jornadas ciudadanas de reforestación, la acción de los depredadores inmobiliarios resurge por una ventanilla inesperada: la SEDATU (Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano).
A través del Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS), los empresarios que pretenden urbanizar parte de la Sierra de San Miguelito han “promovido” una presunta regularización de la tenencia de la tierra mediante la que esperan que se les emitan escrituras sobre varios miles de hectáreas por diversos rumbos de la ANP y su área de influencia.
Una maniobra en la que no sólo están involucrados funcionarios de la SEDATU, sino también del gobierno del Estado que pretende dar trámite a un Programa de Crecimiento y Ordenamiento Metropolitano que involucra a 7 municipios (San Luís Potosí, Villa de Pozos, Villa de Zaragoza, Mexquitic de Carmona, Soledad de Graciano Sánchez, Villa de Reyes, Cerro de San Pedro y Villa de Arriaga.
Los Guardianes de la Sierra de San Miguelito ya lanzaron una alerta en redes sociales: “Que la @SEDATU_mx pretende anular el Decreto del Área Natural de Flora y Fauna Sierra de San Miguelito en San Luis Potosí, porque estorba a un proyecto metropolitano en 7 Municipios. ¿Cómo ve compañera Presidenta @Claudiashein?”, publicaron en su cuenta de X.
“El decreto del Área Natural Protegida no se cambia con decisiones corruptas. Escucha bien SEDATU la Sierra de San Miguelito ¡se respeta!”, dice el texto de la imagen de la alerta.
Para los Guardianes de la Sierra se trata de un nuevo intento por parte de los mismos grupos de barones del concreto, encabezados por Carlos López Medina y Alejandro Tamayo Ibarra, recientemente detenido por un presunto fraude inmobiliario en Monterrey, Nuevo León.
“Cuando se realizaban los trabajos para elaborar el Proyecto Previo Justificativo del ANP Sierra de San Miguelito, la CONANP de Cesar Sánchez fue copada por empresarios como Carlos López Medina y Alejandro Tamayo y se pretendió excluir 1,805 hectáreas de la propuesta correspondiente a San Juan de Guadalupe y sus Anexos Tierra Blanca y San Miguelito”, señalaron los Guardianes en un comunicado.
Estimaron que las pretensiones de los empresarios depredadores es lograr, con la confabulación de la SEDATU y el gobierno de Ricardo Gallardo Cardona, modificar el decreto de ANP Sierra de San Miguelito para reducir el polígono de las más de 111 mil hectáreas actuales a prácticamente 80 mil.
Los Guardianes describen las pretensiones de urbanización y otros proyectos igualmente de depredación ecológica que involucran al municipio de Cerro de San Pedro, donde se corre el riesgo de que se cancele la remediación de ecocidio provocado por la Minera San Xavier.
“¿Y el gobierno estatal y los gobiernos municipales de Villa de Reyes, Mexquitic de Carmona, Villa de Arriaga, San Luís Potosí, y que decir de el de Cerro de San Pedro? Simplemente son aliados de los depredadores del territorio”, advierten los Guardianes.
Advirtieron de una campaña desde la burocracia para desacreditar los servicios ambientales de la Sierra con afirmaciones de que “no es área de recarga de nuestros acuíferos y prepara los argumentos para sustituir el ANP por otra adecuada a proyectos de desarrollo metropolitano.
Enrique Rivera Sierra, hoy representante de la Procuraduría Agraria en el Estado, advirtió sobre la amenaza y consideró que, justo en el 34 aniversario del fallecimiento del Doctor Salvador Nava Martínez, vuelve a ser necesaria la organización ciudadana para impedir el uso corrupto de la función pública para redefinir el territorio.
“1. Detener la escrituración masiva hasta aclarar el origen de las posesiones y su compatibilidad con el ANP.
“2. Abrir auditoría pública de los acercamientos y acuerdos entre funcionarios y empresarios.
“3. Establecer participación vinculante de comunidades y del Consejo de Cuenca en cualquier decisión sobre la Sierra”.
Si en pleno proceso de declaratoria de ANP para la Sierra de San Miguelito los depredadores inmobiliarios lograron infiltrar la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) y estuvieron a punto de dejar fuera del polígono de protección las mil 805 hectáreas del proyecto Las Cañadas, sólo era cuestión de tiempo que lo intentaran por otra vía.
Hoy han infiltrado a la SEDATU con el gobierno estatal y los gobiernos municipales como aliados y no sólo pretenden las mil 805 hectáreas de Las Cañadas, van por alrededor de 30 mil hectáreas por todos los flancos del polígono.
¿Adoptará y dará seguimiento la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a la consigna lopezobradorista de que la Sierra de San Miguelito no se toca?
