Por Victoriano Martínez
Si para algo sirven las entrevistas periodísticas es para lograr exponer la personalidad del entrevistado y, especialmente, las posturas que tiene con relación a sus responsabilidades y los temas que entre éstas destacan, de tal manera que se pueda conocer el grado de compromiso que, cuando se trata de un funcionario, tiene con la representación que encabeza.
Una entrevista, como la que presentó este miércoles Astrolabio Diario Digital con el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, logra que el personaje proyecte, con sus actitudes y sus expresiones, una auto descripción.
El resultado sólo viene a confirmar lo que, desde el primer día, en su toma de protesta, Gallardo Cardona delineó: todo lo malo –hasta sus propias omisiones– es culpa del pasado, todo lo que haga es muy bueno en sí mismo, todo lo bueno que ocurra –así no haya tenido intervención– es porque él lo promovió… y para que todo se alinee de esa forma, no escatima ni propaganda ni mentiras.
Para lo malo se acuñó el concepto “herencia maldita” que engloba, según su dicho, a personas e instituciones. Y las engloba de tal manera, que permite malabares verbales para “demostrar” que si algo hoy no funciona o no se corrige es porque “engloba precisamente todo el pasado turbio que tuvo San Luis Potosí y no necesariamente en las dependencias sino también en sus personas”.
“Nosotros debemos 600 millones de pesos reales a Pensiones como estado, pero hay más de 3,200 millones, 3,100 millones, que venimos arrastrando, ojo, no del gobierno pasado, venimos arrastrando de hace cinco o seis gobiernos”, así alargó el alcance de la herencia maldita más de 30 años hacia el pasado, pero también le dio el carácter prácticamente de atemporal.
O no puso atención a la pregunta de Abelardo Medellín, o la ignoró intencionalmente para poder expresar la mentira sobre una deuda de tan solo 600 millones, porque el reportero citó el acta 03/2023 de la Junta Directiva de la Dirección de Pensiones en la que se consigna que el actual gobierno ha dejado de pagar, a marzo de este año, 2 mil 461 millones 138 mil 300.14 pesos.
Una actitud que llevó al extremo no sólo de anular la credibilidad de un documento oficial como el acta de una sesión de la Dirección de Pensiones, sino a concluir además que las de gobierno “siempre han sido cifras maquilladas en realidad” y las reales nadie las conoce.
“Las cifras que manejan los medios de comunicación nunca son las reales porque ni siquiera ustedes las conocen y si ustedes no las conocen pues menos las conocen los demás”, expresó.
Una concepción de la información administrativa gubernamental que explica la razón por la que ha adoptado una política de opacidad prácticamente total, en la que la transparencia tiene que ser un acto de fe en su autoproclamada credibilidad, antes que, en la exhibición de la documentación comprobatoria de la aplicación de los recursos públicos, lo que considera innecesario.
“Porque tenemos las facturas de las agencias primer punto”, dijo, “segundo punto, porque nosotros el presupuesto viene asignado en la ley de egresos y viene puesto en los estados financieros de cada mes, o sea, eso sí lo puedes ver y puedes revisar”. Es decir, para los detalles, simplemente hay que creerle porque es él.
Para cerrar la pinza de su justificación de la opacidad de su gobierno, sin precedentes en los 20 años que tiene la primera Ley de Transparencia del Estado, confesó el criterio propagandístico del ocultamiento de la información y la consecuente violación a la Constitución y a la Ley.
“¿No sería mejor darle certeza al ciudadano?”, le preguntó Abelardo Medellín. “No, hay que darles (a los medios) carnita, porque también si no hablan, ¡pues imagínate! Hay que darles carnita”. Sí, para qué pensar en cumplir la ley para honrar a la ciudadanía, si ésta sólo puede ser blanco de un perverso juego de “miren, me critican, aunque pocos, pero es porque yo sí los defiendo y atiendo”.
Y lo delineado desde su primer día de gobierno es casi un ritual obligatorio.
Todo lo malo es culpa del pasado, porque hasta los pagos que él no ha hecho a la Dirección de Pensiones se los carga a la herencia maldita.
Todo lo que haga es muy bueno en sí mismo, porque hasta violar la Constitución y la Ley de Transparencia da de qué hablar para aparecer ante la ciudadanía como un gobernante confiable que con decir tengo las facturas y presento estados financieros basta. ¿A quién se le ocurre pensar que ocultar información es motivo de sospecha y por eso surgieron las leyes de transparencia?
Todo lo bueno que ocurra –así no haya tenido intervención– es porque él lo promovió y para muestra ahí está la declaratoria de Área Natural Protegida Sierra de San Miguelito.
“Fuimos el primer gobierno que le pidió al presidente de la república el decreto para cuidarla, para taparla, para que no se volviera a fraccionar y lo logramos”, afirmó, aunque difícilmente puede acreditar alguna acción en favor de la Sierra de San Miguelito, además de ser falsa su afirmación.
El 18 de julio de 2002, el gobernador Fernando Silva Nieto publicó un acuerdo en el Periódico Oficial del Estado para inscribir como área prioritaria de conservación la Sierra de San Miguelito. En 2004, Marcelo de los Santos le dio continuidad a ese acuerdo con uno más publicado en el Periódico Oficial.
En septiembre de 2018, Juan Manuel Carreras decretó Área Natural Protegida más de 12 mil hectáreas de la Sierra de San Miguelito como una primera etapa y, antes de continuar con la segunda, el 24 de mayo de 2019, en la Plaza de los Fundadores le solicitó al presidente Andrés Manuel López Obrador el decreto que finalmente se dio… y que Gallardo Cardona nunca impulsó.
Culpar al pasado, asumir que sus actos son buenos en sí mismos y apropiarse del mérito de lo bueno que ocurra son las líneas que describen al personaje que exhibió en la entrevista que le hizo Abelardo Medellín y que, como cabeza del gobierno estatal, muestran que al servicio que le debe dar a la población le antepone su avasallante propaganda mitómana.
