Abelardo Medellín Pérez
Los acontecimientos que se han presentado en el caso contra Alejandro N., extrabajador del DIF Estatal acusado de violación agravada contra un menor de edad, revelan que las estrategias de la defensa ya no juegan al interior de la sala de juicio, sino que pretenden presionar desde afuera al sistema judicial de San Luis Potosí para cumplir con la liberación del imputado.
Una dimensión insospechada en este caso, es la que se obtiene cuando se compagina lo ocurrido dentro de la sala de juicio y las consecuencias cuando, alguno de los encargados de la representación de la víctima, llega a ser inconveniente para la defensa.
El 17 de agosto pasado, la defensa presentó como testigo a una dictaminadora en psicología con especialidad en psicoanálisis y maestría en hipnosis para que desmintiera y tildara de mal hecho uno de los primeros dictámenes psicológicos de la víctima. Esta dictaminadora, no revisó a la víctima directamente, su aporte fue únicamente presentarse y afirmar que la primera impresión diagnóstica hecha al joven se hizo mal.
Luego de horas de confusas declaraciones ensayadas, durante el contra interrogatorio, el asesor jurídico de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV) logró que la dictaminadora en psicología aceptara que no se podía determinar cronológicamente el daño psicosexual provocado a una persona, declaración que contradecía los argumentos que la misma dictaminadora intentó asentar en su declaración.
Durante esta sesión, la defensa de Alejandro N., en varias ocasiones objetaba e interrumpía a los defensores públicos obstaculizando el interrogatorio de la asesoría jurídica de la CEEAV; algunos abogados podrían decir que objetar es parte de todo proceso y que los retrasos provocados por este ejercicio no afectan a nadie, claro, lo podría decir cualquier abogado menos el de Alejandro N., quien recientemente incluso llegó a decir que conseguir una tutela adecuada para el menor podía violentar los derechos del imputado. Ya llegaremos a ello.
Luego de interrumpir en diversas ocasiones al asesor de CEEAV y que este lograra que la testigo se contradijera en múltiples ocasiones, el juicio terminó ese 17 de agosto para continuar al día siguiente con un giro en la trama: el asesor jurídico había sido cambiado y en su lugar llegó otro defensor público que, al menos durante la jornada del 18 de agosto, ni siquiera intervino durante el desfile de testigos.
Muy conveniente pareció la forma en que la CEEAV, donde el abogado de Alejandro N. tiene contactos y compañeros, decidió cambiar al asesor jurídico que un día antes logró develar las inconsistencias en las afirmaciones de un testigo que declaró a favor del imputado y en contra de la veracidad de la víctima.
Ese 18 de agosto, luego de que se apersonara el nuevo asesor jurídico, el representante en suplencia de la víctima expresó su inconformidad con el cambio y pidió que se solicitara una explicación a la CEEAV. Astrolabio Diario Digital consiguió dicha explicación, pero las razones no superan la falacia institucional que suele ser el clásico “se hizo porque se puede, se debía y así se va a quedar”. El asesor jurídico anterior, que había llevado el caso con maestría y excelencia (palabras del representante de la víctima) al final nunca volvió a presentarse a juicio.
Y justo este representante en suplencia sería el siguiente alfil en caer.
Este lunes 19 de septiembre se celebró la decimo cuarta jornada del juicio contra Alejandro N., donde la médico legista que realizó la primera revisión proctológica a la víctima asistió para defender su tesis respecto a que se habían descubierto lesiones anales en el menor.
Tan desesperada se tornó la estrategia de la defensa, que convirtieron a su testigo experto en proctología en un “asesor técnico” cuyo trabajo se traduce en un acuerdo de “yo te pago y tú dices que no hubo lesiones según tu expertíz”.
La médico sostuvo que sus hallazgos apuntaban a claras lesiones anales provocadas por una agresión sexual, ante ello, el abogado de Alejandro N., en un tono de molestia simulada y saña sincera, le expresó a la médico que ella estaba mintiendo porque “no es usted la que está privada de su libertad… bueno todavía”; este último comentario, hecho así en vista de que Alejandro N. denunció a la médico e intentó que, por dicha denuncia, esta no declarara.
Ante los comentarios subidos de tono de la defensa, el representante en suplencia del menor señaló la forma agresiva de conducirse que tenían los abogados de Alejandro N. y pidió que se les llamara la atención. La jornada terminó con esa testigo y se agendó continuar el martes 20 de septiembre de 2022.
Justo como en el caso del asesor de CEEAV, luego de una intervención activa y crítica, el representante de la víctima adscrito a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (PPNNA) también fue removido, pero no solo del caso, la PPNNA, sin dar explicaciones y con presiones, decidió despedir al representante de la víctima de violación, el mismo día que el gobernador Ricardo Gallardo Cardona presumía en cada canal de comunicación su nueva bandera de tolerancia cero para violadores.
El representante en suplencia, que ya conocía el caso, tenía contacto con la víctima y se había mantenido crítico ante el actuar irregular de la defensa y de las decisiones judiciales, es despedido de su cargo justo cuando se vuelve más incómodo para los abogados de Alejandro N. y este martes 20 de septiembre la PPNNA ni siquiera se molestó en enviar un nuevo asesor; en consecuencia, se canceló la jornada de ayer.
¿De qué trata esta historia?
En el fondo es simple. Tal parece que, tal como lo expresó Alejandro N. cuando hace unas semanas dijo: “Quiero estar fuera de este lugar”, todo apunta a la existencia de un acuerdo entre los abogados de la defensa y alguien en la administración estatal que tiene suficiente influencia para pactar una absolución o sentencia benéfica para el imputado.
Las señales son claras: cada que un defensor público o representante adscrito a una dependencia estatal se vuelve inconveniente para la defensa de Alejandro N., termina retirado del caso o retirado de su cargo público en menos de 24 horas.
En un estado, donde parecía que el gobierno acumulaba más y más poder incontrovertible e in equiparable, tal parece que hasta el gobernador y sus fieles están a la orden de lo pactado en acuerdos hechos por debajo de la mesa en favor de un solo abogado para un caso específico.
Pareciera como si el gobierno olvidara su compromiso de asegurar el acceso a una asesoría y representación adecuadas y se convirtiera en el servidor particular de un buffet que sirve a intereses muy particulares.
Ya no queda a dónde más voltear. El tablero en este juicio se ha desbalanceado tanto en las últimas semanas, que la siguiente pieza por corromper, sería la de los ministerios públicos que llevan el caso y hará falta esperar para ver si hasta la Fiscalía General del Estado alcanzan las estrategias extra-judiciales de la defensa.
El reto para el gobierno del estado será mantenerse al margen del asunto y dejar de servir en bandeja de plata la cabeza de sus defensores públicos; el reto de la Fiscalía del Estado será cumplir la promesa (hecha en varias ocasiones por José Luis Ruiz Contreras) de conseguir una sentencia condenatoria y no sacrificar a sus MP’s en el proceso; para el caso de los jueces, el reto será emitir una sentencia con conocimiento de estas injerencias que presionan desde fuera y dentro; para la defensa de Alejandro N. el reto es menor: sentarse y esperar, ver si los acuerdos fuera de la sala de juicio rindieron frutos o si la salida de los defensores públicos fue un daño colateral sin sentido en una estrategia cada vez más desvirtuada.
Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad del autor y no representan la postura de Astrolabio.
Es Licenciado en Ciencias de la Comunicación y Maestrando en Estudios sobre la Democracia y Procesos Electorales en el posgrado de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Ha trabajado como reportero y columnista en los medios digitales La Orquesta y Arco Informativo; actualmente es reportero de Astrolabio Diario Digital. Ha sido acreedor de dos premios estatales de periodismo en las categorías de Artículo de Fondo y Periodismo Regional.
