Fernanda Durán
Tras la resolución definitiva de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que confirmó la improcedencia de la controversia constitucional promovida por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), el titular del Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE), Rodrigo Lecourtois López, insistió que el proceso de revisión a las cuentas de la institución continuará y que las sanciones serán individualizadas contra funcionarios, no contra la universidad.
El auditor recordó que la UASLP se había sometido regularmente a fiscalización hasta 2022, cuando las observaciones anuales oscilaban entre dos y tres millones de pesos y derivaban en sanciones a exrectores o administradores. Sin embargo, desde 2023 la universidad se negó a entregar información bajo el argumento de su autonomía, lo que marcó el inicio del conflicto con el órgano fiscalizador.
Según Lecourtois, a partir de esa negativa, la universidad acumuló tres amparos, dos juicios de nulidad y dos controversias constitucionales, todos desechados por improcedentes.
Subrayó que la resolución de la Corte confirmó lo sostenido por el IFSE: que la UASLP es un ente público descentralizado del Estado, receptor de recursos públicos y, por tanto, sujeto a fiscalización.
El funcionario explicó que la ministra instructora de la Corte estableció expresamente que la universidad no tiene autonomía constitucional plena, sino únicamente autonomía de gestión, lo que “define su carácter como parte de la administración pública estatal”.
Con base en ello, el IFSE iniciará la etapa de individualización de sanciones, mediante la cual se asignarán responsabilidades específicas a quienes decidieron no rendir cuentas ni entregar documentación comprobatoria.
Lecourtois precisó que las sanciones no recaerán sobre la institución, sino sobre las personas que “de forma irresponsable” obstaculizaron la fiscalización, entre ellas los titulares de la rectoría y de la administración central, aunque evitó nombrarlos.
No obstante, mencionó que la persona a quien él atribuye el asesoramiento al rector para evitar la fiscalización, fue la culpable y no podrá ser sancionada porque no tiene bajo su control directo los recursos de la universidad.
Las faltas serían consideradas graves debido a la magnitud del monto observado, actualmente superior a 670 millones de pesos tan solo en la cuenta pública 2023, y podrían derivar en multas económicas o inhabilitaciones, que serán turnadas al Tribunal Estatal de Justicia Administrativa.
El auditor informó que las irregularidades se extienden a tres ejercicios —2022, 2023 y 2024— en los cuales la universidad se ha negado a entregar comprobaciones de gasto.
En conjunto, las observaciones ascienden a más de mil 800 millones de pesos, y de no solventarse, podrían derivar en procesos judiciales.
“Vamos a continuar con los procedimientos de fiscalización conforme lo marca la ley”, señaló, al reiterar que la universidad “es un ente auditable y así se ha determinado de manera definitiva”.
Agregó que, aunque prevé que la institución mantendrá su resistencia, el IFSE continuará con los procedimientos.
Con esta determinación, el órgano fiscalizador da por concluida la ruta legal emprendida por la UASLP ante la SCJN y anuncia el inicio de una nueva fase que podría trasladar el conflicto del ámbito administrativo al judicial, mientras la universidad insiste en defender su autonomía institucional.
