Eduardo Delgado
En demanda de protección y sanción al diputado federal José Ricardo Gallardo Cardona, la delegada del Interapas en Soledad de Graciano Sánchez, Nydia Natalia Castillo Vera, solicitó al Tribunal Electoral del Estado (TEE) revisar la resolución del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac) donde fue desechada su petición de medidas de seguridad y el proceso para sancionarlo fue encausado por una vía distinta a la propuesta por ella.
La funcionaria acusó al legislador ahora del Partido Verde Ecologista de México de violencia política en razón de género, porque la llamó “tonta”, le pidió “no decir tonterías” a través de medios de comunicación y aparte recibió “ataques y amenazas” de sus simpatizantes, por recomendar a la población no consumir “aguas de noria o gruesas” repartidas en pipas por “actores políticos”.
El secretario ejecutivo del organismo electoral, Héctor Avilés Fernández, desechó la petición de las medidas protectoras solicitadas por Natalia Castillo, pues arguyó que las expresiones de Gallardo Cardona son “hechos consumados de modo irreparable y el fin de las medidas cautelares es prevenir una afectación de imposible reparación”.
Inconforme también porque el funcionario electoral registró su demanda como Procedimiento Especial Sancionador en vez de ordinario, la representante de organismo operador recurrió al TEE, presidido por la magistrada Yolanda Pedroza Reyes, quien a su vez es presidenta del Observatorio de Participación Política de la Mujer, cargo que asumió hace ocho meses, en sustitución de Dennise Adriana Porras Guerrero, su ahora compañera en el Tribunal.
La representante del organismo operador del agua potable en Soledad consideró erróneo instaurar el procedimiento contra su agresor por la vía especial, porque este sólo procede en tiempos de proselitismo político y para acreditarlo es limitado, advirtió.
El recurso de revisión fue registrado en el órgano jurisdiccional con la clave TESLP/RR/03/2020 y auto turnado por la magistrada presidenta a su ponencia, a fin de proceder al estudio y análisis del caso para posteriormente proponer un proyecto de resolución al pleno, complementado por el magistrado Rigoberto Garza de Lira.
Se advierte que de este asunto se deberá excusar la magistrada Dennise Adriana, pues la resolución fue adoptada por su esposo, Héctor Avilés, secretario ejecutivo en el Ceepac, cuya determinación se la notificó a la denunciante mediante el oficio número CEEPC/SE/320/2020, con fecha del día 10 del mes en curso.
En su querella electoral, Natalia Castillo expuso que el día 4 de este mes ella hizo un llamado a la población en general a no recibir ni consumir aguas “de noria o gruesa”, vendida o regalada por “actores políticos” y repartida en pipas, para evitar problemas de salud.
Días después, señaló, el diputado del Partido Verde hizo “una serie de declaraciones y descalificaciones hacia mi persona”, divulgadas en diversos medios de comunicación.
El día 8 presentó la denuncia ante el organismo electoral, en la cual asentó que desde el inicio de su gestión (11 de octubre de 2018) como delegada “he recibido una serie de insultos, toma de instalaciones, agresiones físicas y agresiones a mi persona por parte del grupo político “Gallardía”.
