Fernanda Durán
Una nueva iniciativa ciudadana fue presentada ante el Congreso del Estado para modificar la denominada Ley Serrano, eliminar uno de los artículos más cuestionados por organizaciones defensoras de la libertad de expresión y establecer nuevos criterios para sancionar delitos cometidos mediante inteligencia artificial.
La propuesta fue promovida por el ciudadano Álvaro Israel Leyva Frías y quedó formalmente recibida el pasado 16 de junio. El proyecto plantea reformar los artículos 187 Ter y 272 Bis del Código Penal estatal, adicionar nuevas disposiciones y derogar por completo el artículo 272 Ter, incorporado en la reforma aprobada por el Congreso local en noviembre de 2025.
En la exposición de motivos, el promovente sostiene que la legislación vigente contiene conceptos jurídicos ambiguos que podrían generar interpretaciones excesivamente amplias por parte de las autoridades. Entre ellos menciona expresiones como “alarma social”, “paz pública” o “confianza en las instituciones”, las cuales considera insuficientemente delimitadas para sustentar responsabilidades penales.
La iniciativa reconoce la necesidad de regular los riesgos asociados al uso de inteligencia artificial, particularmente aquellos relacionados con la manipulación de contenidos, la suplantación de identidad y la difusión de materiales falsificados. Sin embargo, argumenta que la legislación vigente requiere mayor precisión para evitar posibles afectaciones a la libertad de expresión, la crítica política y el ejercicio periodístico.
Uno de los cambios centrales consiste en la derogación total del artículo 272 Ter, que actualmente sanciona la manipulación institucional mediante inteligencia artificial cuando ésta tenga como finalidad alterar la confianza pública en las instituciones o poner en riesgo la seguridad del Estado. El promovente considera que dicha disposición puede resultar incompatible con estándares constitucionales de libertad de expresión.
Asimismo, plantea sustituir el actual delito previsto en el artículo 272 Bis por una figura denominada “Suplantación Digital de Identidad y Manipulación Dolosa”, en la que la conducta sancionable quedaría condicionada a la acreditación de falsedad material, intención dolosa, daño verificable y una finalidad ilícita específica, como la comisión de fraude, extorsión, daño reputacional intencional o amenazas a la seguridad pública.
La propuesta mantiene vigente la sanción prevista para la creación o difusión de contenido sexual simulado sin consentimiento mediante inteligencia artificial, aunque plantea ajustes de redacción para precisar los alcances de la conducta penalizada.
Además, incorpora exclusiones expresas para actividades periodísticas, académicas, artísticas, satíricas, de parodia o crítica política cuando no exista una finalidad ilícita acreditada.
El proyecto también contempla la creación de medidas cautelares de urgencia para el retiro o bloqueo de contenidos digitales presuntamente lesivos de forma urgente en plazos de seis a 24 horas, así como mecanismos estatales de certificación técnica para detectar material manipulado mediante inteligencia artificial, programas de alfabetización digital y protocolos de atención para víctimas de suplantación de identidad y violencia digital.
La propuesta se suma a las iniciativas ciudadanas y recursos legales que buscan modificar o invalidar parcialmente la reforma aprobada por el Congreso potosino, misma que actualmente enfrenta cuestionamientos de organizaciones civiles, periodistas y una acción de inconstitucionalidad promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
