Por Victoriano Martínez

El Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEEPAC) no se ha pronunciado con relación a la abierta promoción de Ricardo Gallardo Cardona, con reparto de mochilas por todo el estado, anuncios de su candidatura por parte de la dirigencia de su nuevo partido, el PVEM, y la que él mismo se hace a través de redes sociales.

Al tratar de consultar a representantes del organismo electoral, nuestro compañero Antonio González Vázquez se encontró con que nadie lo podía atender por estar ocupados en reuniones, y se limitaron a –desde el área Jurídica del CEEPAC– recomendarle la consulta del párrafo octavo del artículo 134 constitucional.

Con los antecedentes de la gallardía, la recomendación va más allá de la simple lectura de ese párrafo, porque justamente se trata de la disposición contra la que el CEEPAC determinó que Ricardo Gallardo Juárez cometió una infracción que, por cierto, sigue pendiente de ser sancionada por el Cabildo y la Contraloría Interna del Ayuntamiento de San Luis Potosí.

Todo comenzó con tres procedimientos sancionadores iniciados por el CEEPAC en 2016, que concluyeron con una primera declaración de la infracción el 6 de enero de 2017. Gallardo Juárez la impugnó ante el Tribunal Electoral del Estado, que revocó la determinación del órganismo electoral.

Representantes del PAN impugnaron la resolución del TEE ante la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en Monterrey, y para el 13 de julio de 2017, éste ordenó al CEEPAC perfeccionar su investigación para determinar la falta y la sanción.

El 16 de marzo de 2018, el CEEPAC ratificó la violación al artículo 134 de la Constitución federal y al 135 de la Constitución local. Así describió entonces el consejero Martín Faz Mora, en una colaboración especial para Astrolabio Diario Digital, la falta:

“…el Ayuntamiento de la capital de San Luis Potosí pagó, al menos, $278,171.31 (doscientos setenta y ocho mil ciento setenta y un pesos. 31/100M.N.) a dos medios de comunicación para difundir propaganda gubernamental que constituye promoción personalizada del Presidente Municipal de la Capital de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Juárez. Que otra más ordenó colocarla en diversas estructuras de publicidad vial (MUPI) y que además adquirió 50,000 paquetes de útiles escolares que también la contienen, con un costo de $13,603,116.00 (trece millones seiscientos tres mil ciento dieciséis pesos 00/100 M.N). Ello constituye una infracción a lo dispuesto en el párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el 135 de la Constitución local, respecto de promoción personalizada de servidor público con uso de recursos públicos”.

La autoridad electoral acreditó el desvío de 13 millones 881 mil 287.31 pesos para promoción personalizada por parte de Gallardo Juárez. No pudo confirmar los actos anticipados de campaña por una reforma a la Ley Electoral del estado en mayo de 2017 que limitó la temporalidad para que se pudiera encuadrar esa falta.

En marzo de 2018, el CEEPAC turnó el expediente al Cabildo y a la Contraloría Interna del Ayuntamiento para que determinaran, “previa investigación propia, si la infracción a lo dispuesto en el artículo 134 y 135 constitucionales, general y local respectivamente, documentada por CEEPAC constituye falta administrativa grave como el desvío de recursos, o un delito, y remitirlo entonces al Congreso o la Fiscalía”.

Hasta el 30 de septiembre de 2018 se sobre entiende la razón por la que ninguna de esas dos instancias actuó contra el hasta ese día alcalde.

Hoy, es un caso más que expone la poca efectividad que ha tenido la administración de Xavier Nava Palacios para lograr, en los once meses que lleva al frente del Ayuntamiento, acciones contundentes para no dejar en la impunidad, no sólo las mil 843 irregularidades que le encontró a la gestión de Gallardo Juárez, sino también este caso con investigación concluida por el CEEPAC.

Una puerta abierta a la impunidad que nadie parece dispuesto a cerrar y que hoy, para un PVEM con su aspirante a la gubernatura, resulta una invitación a no respetar las disposiciones constitucionales, mucho menos las de otras leyes, porque saben que no habrá consecuencias.