María Ruiz
La reunión anunciada por la diputada Martha Patricia Aradillas con propietarios de centros de rehabilitación para discutir su iniciativa de reforma sobre internamientos involuntarios pudiera ser insuficiente.
Para Catalina Torres Cuevas, activista y defensora de derechos humanos, esta iniciativa, de ser aprobada, deberá contar con una consulta pública hacia los usuarios de anexos o centros de internamiento.
“Si esta ley pretende cambiar la forma en que operan los anexos, deben escuchar directamente a quienes han pasado por ellos”, sentenció.
La propuesta de la legisladora busca modificar la Ley de Salud Mental, la Ley de Prevención y Control de Adicciones y el Código Penal del Estado para prohibir el internamiento sin consentimiento, salvo que exista autorización de un familiar, tutor o representante legal.
La reforma también prevé sancionar como delito la privación ilegal de la libertad en estos centros.
Aunque Aradillas adelantó que se realizará una reunión informativa con los dueños de clínicas para “aclarar alcances” y “escuchar puntos de vista”, Torres Cuevas enfatizó que eso no cumple con el requisito mínimo de participación social.
“No basta con escuchar a los directores o a los operadores de los centros. Es urgente conocer la experiencia de quienes han sido internados, muchas veces en contra de su voluntad, en condiciones indignas, violentas o sin supervisión médica adecuada. Ellos deben ser parte central del debate”, afirmó Catalina.
La importancia de incluir a los usuarios no es menor. Catalina recordó que ya hay antecedentes legales que exigen abrir estos procesos a consulta, especialmente cuando se trata de decisiones que afectan de forma directa los derechos de las personas.
“No es solo una cortesía democrática, es una obligación legal y constitucional”, dijo en alusión a criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que han invalidado reformas por omitir la participación de los grupos directamente involucrados.
“Este tipo de reformas —aunque podrían ser bien intencionadas— pueden tener impactos muy profundos en la vida de quienes enfrentan un problema de adicción. Necesitamos una ley construida con base en testimonios reales, en vivencias concretas, no desde la comodidad del escritorio ni desde la visión institucional”, subrayó.
Por ello, exigió que el Congreso del Estado convoque a un verdadero proceso de consulta pública con usuarios actuales y pasados de anexos, familiares, organizaciones civiles y expertos en adicciones, antes de avanzar con la reforma.
“Si no se hace así, esta iniciativa es jurídicamente impugnable y moralmente insostenible”, concluyó.
